La organización CATO entabla una demanda masiva contra el Gobierno Federal por un presunto cobro irregular de más de 1.000 millones de dólares a inmigrantes. La denuncia sostiene que las autoridades aceptaron pagos por permisos de trabajo y regularizaciones de estatus sabiendo que no prestarían dichos servicios. De prosperar el litigio, este proceso constituiría el mayor caso de fraude en la historia del sistema de inmigración de los Estados Unidos, exponiendo graves fallas administrativas.