Tras ser detenida por la fuerza en su vehículo en El Monte, California, María Santay enfrenta infracciones federales por resistencia, obstrucción y conspiración. El caso ha escalado hasta el Ayuntamiento, donde la activista y residentes exigen explicaciones a las autoridades locales por no intervenir ante el despliegue de armas largas contra una ciudadana desarmada. El gobierno federal afirma que Santay ignoró múltiples advertencias antes de que su cristal fuera destrozado.

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