La exclusión de deportistas transgénero de los Juegos Olímpicos 2028 genera dudas logísticas sobre quién financiará los costosos exámenes de ADN requeridos. Aunque el organismo internacional ya oficializó la prohibición, el protocolo de aplicación presenta vacíos respecto a casos complejos donde la genética no coincide con el desarrollo físico de la atleta. El debate escala mientras sectores políticos y científicos discuten si la medida garantiza la equidad o vulnera derechos fundamentales.

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