“Aquí no va a volver a haber elecciones” : el fin de la simulación de Daniel Ortega en Nicaragua

“Aquí no va a volver a haber elecciones”. Fue la frase con la que Daniel Ortega le dejó en claro al mundo —por si quedaba alguna duda— que Nicaragua es ahora una dictadura consolidada sin ningún asomo de simulación.

El hombre que hace casi medio siglo ayudó a derrocar una dictadura en Nicaragua ha anunciado formalmente que no habrá más espacio para que los ciudadanos elijan a sus gobernantes.

En un discurso transmitido a toda la nación durante el 47º aniversario de la Revolución Sandinista, Daniel Ortega, de 80 años, formalizó el cierre del sistema democrático en el país centroamericano con una declaración tajante que lleva al fin de la democracia bajo cualquier interpretación.

La frase, pronunciada ante una audiencia oficialista en la capital, no solo sepultó cualquier intento de competencia política futura, sino que confirmó la consolidación de un modelo autocrático que el exguerrillero encabeza junto a su esposa y copresidenta, Rosario Murillo. Para justificar la medida, Ortega alegó que los comicios solo servían para que la oposición —a quienes tildó de “golpistas” y “vendepatria”— intentara “atrapar el gobierno” con el financiamiento de Estados Unidos.

La reacción internacional y de la oposición exiliada fue inmediata. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, señaló que las palabras del mandatario “demuestran su cobardía y su temor a la voluntad del pueblo nicaragüense”. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el anuncio por considerarlo “incompatible con los principios de democracia representativa”, mientras que la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental (WOLA) instó a la comunidad internacional a exigir el respeto al sufragio libre.

Para los líderes opositores, el mensaje no hace más que quitar el velo a una realidad que se gestaba desde hace años. Félix Maradiaga, excandidato presidencial arrestado en 2021 y posteriormente despojado de su nacionalidad y exiliado a Estados Unidos en 2023, afirmó que la declaración es “simplemente una expresión que demuestra de manera inequívoca cómo se le cayó la máscara de la supuesta legalidad que intentaba mantener”. Maradiaga utiliza la palabra "supuesta" y es que desde hace años, la simulación es algo que acompaña al poder de Ortega-Murillo.

El espejismo de la sucesión en la Nicaragua de los Ortega

En la Nicaragua de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la democracia no murió de un golpe repentino; se extinguió por goteo, a fuerza de fraudes constitucionales, prisiones políticas y un simulacro electoral que finalmente se ha quitado la máscara. Para Wilfredo Miranda, periodista en el exilio, que ha padecido todas las estrategias silenciadoras del régimen y testigo de la mutación autoritaria de su país, el reciente anuncio del régimen sobre la cancelación de facto del sistema de elecciones no genera sorpresas, pero sí una profunda confirmación: la dictadura dinástica ha decidido que ni siquiera necesita la fachada del voto popular para perpetuarse.

"Lo que hemos tenido es una consecución de fraudes electorales acompañada de una toma paulatina del poder hasta desmontar no solo el andamiaje electoral, sino el control total del Estado". Explica. "Ahora, la pretensión de Ortega de liquidar las elecciones elimina el simulacro. Nos dice: 'Ni siquiera necesito simular que mi poder emana del voto popular'. Es una dictadura en la que él hace lo que quiera".

El régimen ha preparado el terreno para elevar a rango constitucional la ampliación del mandato presidencial a siete años prorrogables y consagrar la figura de la copresidencia para Rosario Murillo, cerrando el paso por completo a cualquier oposición civil mediante el despojo de derechos políticos y la declaración de "traidores a la patria".

De la revolución al control absoluto

La transición de Nicaragua hacia un régimen de partido único ha sido un proceso gradual de acumulación de poder. Ortega gobernó por primera vez tras la caída de la dinastía de los Somoza en 1979, pero entregó el mando tras perder las elecciones de 1990 frente a Violeta Barrios de Chamorro. Sin embargo, desde su retorno a la presidencia en 2007, el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tejió una red de reformas legales y cooptación institucional para asegurar su permanencia.

El punto de quiebre en la percepción internacional ocurrió durante las elecciones de 2021, calificadas por Washington y observadores independientes como una "pantomima". En los meses previos a la votación, el régimen encarceló a los principales aspirantes de la oposición, lo que le permitió al FSLN adjudicarse la victoria con casi el 76% de los votos.

A principios de 2025, la Asamblea Nacional, dominada ampliamente por el oficialismo, aprobó una profunda reforma a la Constitución. La modificación no solo nombró oficialmente a Rosario Murillo como copresidenta, sino que extendió el mandato presidencial y eliminó los contrapesos institucionales, generando fuertes críticas de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Parlamento Europeo.

A diferencia de otros regímenes autoritarios de la región que mantienen aparatos electorales como fachadas de legitimidad, la postura de Ortega elimina el simulacro y perfila una sucesión dinástica. En el entorno cercano al poder, la figura de Murillo y la de su hijo Laureano Ortega Murillo —quien funge como enlace clave para los acuerdos económicos y de seguridad con China y Rusia— asumen roles de creciente centralidad.

La paradoja del olvido

Mientras la administración en Washington reconfigura sus prioridades estratégicas en el extranjero, el drama nicaragüense padece la apatía de las grandes potencias. "Nicaragua no es tan sexy", argumenta Wilfredo Miranda. "No tenemos petróleo, no tenemos tierras raras ni una fuerza electoral de peso dentro de Estados Unidos como los venezolanos o los cubanos en Florida. Estamos en el último peldaño de prioridades, al menos por el momento".

Esa irrelevancia estratégica ha permitido que la familia Ortega-Murillo consolide un modelo de control social implacable. Cerca de 900.000 nicaragüenses —casi el 15% de una población de poco más de 7 millones— han abandonado el país desde el estallido de las protestas de 2018.

Un país en el destierro

El endurecimiento del régimen ha tenido un costo elevado para la sociedad civil nicaragüense. En los últimos años, la represión estatal ha dejado cientos de muertos en las protestas, miles de desplazados y una ola de exilios forzados que incluye a periodistas, intelectuales y figuras históricas del propio movimiento sandinista. Personalidades de la cultura como los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como el periodista Carlos Fernando Chamorro, han sido despojados de sus propiedades y de su nacionalidad nicaragüense tras ser señalados como traidores a la patria por la administración de Ortega.

Paralelamente, el gobierno ha buscado sostenerse mediante alianzas financieras internacionales, otorgando concesiones mineras a empresas chinas que abarcan al menos el 10% del territorio nacional, según reportes de organizaciones ambientalistas. Con la eliminación explícita de los procesos electorales y el anuncio de nuevas leyes en el parlamento para blindar al oficialismo, la crisis política en Nicaragua entra en una fase inédita, desafiando las herramientas diplomáticas tradicionales del sistema interamericano para hacer frente a la consolidación de un régimen sin urnas.

En los próximos días el Congreso votará para evaluar la propuesta de Ortega de excluir a los opositores del sistema electoral. Con una cámara completamente tomada por el régimen, la votación se espera y se sabe que será quizá una de las últimas simulaciones del legislativo.

Hoy Nicaragua aguarda bajo una paz impuesta, donde el silencio se ha convertido en la principal herramienta de supervivencia y donde la dinastía familiar se prepara para gobernar un país vaciado de sus voces más críticas.