DALLAS, Texas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dio a la ciudad de Dallas hasta el 23 de abril para responder si modificará o eliminará una norma interna de su departamento de policía sobre inmigración.
Greg Abbott amenaza con quitarle $32 millones a Dallas por no colaborar con ICE
Dallas enfrenta un ultimátum del gobernador Abbott: podría perder $32 millones si su policía no cambia reglas sobre inmigración y cooperación con ICE. Te explicamos qué está en juego, qué dice la ley y cómo puede afectar a la comunidad migrante.
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La advertencia pone en riesgo al menos $32 millones en fondos estatales de seguridad pública y otros $55 millones vinculados a la preparación del Mundial de 2026 en el norte de Texas.
Qué dice la política de la policía de Dallas sobre inmigración
El conflicto se centra en la Orden General 315.04 del Departamento de Policía de Dallas.
Esa política establece que los agentes no pueden detener a una persona únicamente para verificar su estatus migratorio.
También prohíbe usar raza, color, religión, idioma u origen nacional como base para hacer preguntas sobre inmigración.
La norma permite a los oficiales preguntar por estatus migratorio solo cuando la persona ya fue detenida legalmente o arrestada por otra causa.
Sin embargo, deja claro que no se puede arrestar a alguien solo por no tener estatus legal ni prolongar una detención para investigar temas migratorios o esperar a autoridades federales.
Para la comunidad migrante, este punto es clave.
La política vigente también indica que víctimas, testigos o personas que reportan delitos no deben ser interrogadas sobre su situación migratoria.
Salvo excepciones relacionadas directamente con la investigación o con programas de protección como visas especiales.
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Por qué el estado considera que Dallas podría violar el acuerdo
La oficina del gobernador sostiene que esa política contradice un acuerdo firmado por la ciudad en abril de 2025.
Según una carta enviada por Andrew Friedrichs, funcionario de seguridad pública del estado, Dallas certificó que cooperaría plenamente con programas del Departamento de Seguridad Nacional.
Incluyendo compartir información solicitada y cumplir con ciertas peticiones federales, como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
El estado advierte que, si Dallas no ajusta su política, podría perder las subvenciones y tendría que devolver el dinero recibido en un plazo de 30 días.
La carta fue dirigida al alcalde Eric Johnson, quien ha indicado que la ciudad responderá dentro del plazo establecido.
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Qué ha dicho el jefe de policía de Dallas
El jefe del Departamento de Policía de Dallas, Daniel Comeaux, confirmó que la ciudad mantiene conversaciones con el estado para entender qué partes de la política consideran fuera de cumplimiento.
Comeaux ha señalado que el departamento cumplirá con la ley, pero también ha dejado claro en declaraciones previas que la prioridad de la policía es atender emergencias, responder al 911 y combatir delitos violentos.
En octubre de 2025, el jefe explicó ante un panel comunitario que Dallas rechazó una propuesta federal de aproximadamente $25 millones para integrarse al programa 287(g).
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En ese momento, Comeaux dijo que la interacción del departamento con ICE era limitada y que los recursos debían enfocarse en seguridad pública local.
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Casos similares en otras ciudades de Texas
La presión del estado no es exclusiva de Dallas.
Abbott envió advertencias similares a Houston y Austin.
En conjunto, cerca de $200 millones en fondos de seguridad pública están en riesgo en estas ciudades.
Houston podría perder alrededor de $110 millones.
Además, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda contra la ciudad por una ordenanza que, según su oficina, limita la cooperación con ICE y viola la ley estatal SB-4, que prohíbe políticas consideradas como “santuario”.
Austin también enfrenta una investigación estatal relacionada con cambios en sus políticas policiales.
Esas modificaciones limitan arrestos o detenciones basadas únicamente en órdenes administrativas de ICE, que no son equivalentes a órdenes judiciales firmadas por un juez.
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Contexto nacional: presión migratoria bajo Trump
El conflicto ocurre en un contexto nacional más estricto en materia migratoria.
Desde el inicio de la actual administración de Donald Trump en enero de 2025, se ha impulsado una mayor colaboración entre agencias locales y federales en la aplicación de leyes migratorias.
Entre las medidas adoptadas está la expansión del uso del programa 287(g), que busca integrar a policías locales en tareas migratorias cuando la ley lo permite.
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También se eliminaron directrices federales que limitaban arrestos migratorios cerca de lugares sensibles como escuelas, hospitales e iglesias.
En Texas, además, una ley estatal aprobada en 2025 exige que muchos alguaciles de condados soliciten acuerdos 287(g) a partir de 2026, lo que refuerza la presión sobre gobiernos locales.
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Qué significa esto para la comunidad migrante
Por ahora, no hay cambios inmediatos en la forma en que actúan los policías en Dallas.
La política actual sigue vigente mientras la ciudad responde al estado.
El punto clave: definir si la policía mantiene límites claros sobre cuándo y cómo interactúa con autoridades migratorias, o si esos límites cambian en las próximas semanas.
La decisión final de Dallas, que debe comunicarse antes del 23 de abril, marcará el rumbo de esa relación y su impacto en la vida diaria de miles de migrantes en la ciudad.
