NACIONES UNIDAS.- Cuba acusa al gobierno de Estados Unidos de obstaculizar su mayor apertura económica en décadas con una nueva ronda de sanciones, justo cuando La Habana busca atraer inversión privada y extranjera para enfrentar una profunda crisis económica y energética.
Cuba acusa a EE.UU. de frenar su apertura económica con nuevas sanciones
La Habana afirma que los apagones, la falta de combustible y las sanciones alejan a inversionistas y turistas. Washington defiende las sanciones y sostiene que busca presionar al gobierno cubano para impulsar cambios en la isla.
Video Tres personas y nueve entidades: nuevas sanciones de EEUU contra el régimen de Cuba
Ernesto Soberón Guzmán, embajador de Cuba ante Naciones Unidas, cuestionó que Washington continúe aumentando las restricciones mientras el gobierno de Miguel Díaz-Canel anuncia reformas destinadas a dar un mayor espacio al sector privado. En una entrevista con The Associated Press, dirigió sus críticas al secretario de Estado, Marco Rubio, principal responsable de la política del gobierno de Donald Trump hacia la isla.
“¿A qué le tienen miedo?”, preguntó Soberón. El diplomático cuestionó que Estados Unidos continúe imponiendo nuevas sanciones si considera que el gobierno cubano tiene un modelo económico incompetente.
La respuesta de Washington es que la presión continuará. El Departamento de Estado citó a Rubio, quien afirmó que Estados Unidos seguirá anunciando sanciones para cerrar las vías que, según el gobierno estadounidense, La Habana intenta utilizar para evadir las restricciones.
La disputa se intensificó el jueves, cuando Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra nueve empresas estatales cubanas de los sectores de minería, metalurgia y construcción, además de tres funcionarios vinculados al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP). Rubio acusó al instituto de participar en actividades que Washington considera parte de una red de influencia y subversión en Estados Unidos.
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Cuba busca inversión mientras enfrenta una crisis económica
Las nuevas medidas llegan mientras Cuba intenta modificar el funcionamiento de una economía que durante décadas ha estado dominada por el Estado.
Las reformas anunciadas por Díaz-Canel incluyen una mayor participación de empresas privadas, facilidades para las importaciones y exportaciones, contratación más flexible de trabajadores, autorización para bancos privados y la posibilidad de que ciudadanos cubanos inviertan fuera de la isla. El gobierno también busca atraer capital hacia sectores como energía, bienes raíces, turismo y puertos deportivos.
En julio, la Asamblea Nacional aprobó además medidas destinadas a estimular la inversión privada en el turismo, incluidos cambios para facilitar la operación de empresas privadas de viajes, alquiler de vehículos y proyectos de ecoturismo.
Para La Habana, el problema es que las empresas que podrían invertir encuentran una economía golpeada por la falta de combustible, los apagones, la escasez de productos y las dificultades para realizar operaciones financieras.
Soberón sostiene que esas condiciones, agravadas por las sanciones estadounidenses, reducen el atractivo de Cuba para inversionistas y turistas. La salida de empresas extranjeras, como la cadena hotelera española Meliá, es presentada como un ejemplo de las dificultades que enfrenta el país.
Expertos citados por AP también ven una contradicción en la estrategia estadounidense. William LeoGrande, profesor de American University y especialista en las relaciones entre ambos países, considera que las sanciones dificultan que Cuba consiga el capital extranjero que necesita para llevar adelante las reformas.
Christopher Hernandez-Roy, del Center for Strategic and International Studies, señaló que las medidas cubanas parecen reflejar una disposición mayor a aceptar reformas económicas e inversión extranjera. Sin embargo, advirtió que las sanciones estadounidenses limitan significativamente las posibilidades de que esos cambios tengan éxito.
La situación genera una paradoja: la presión de Washington puede estar empujando a La Habana a liberalizar su economía por necesidad, pero al mismo tiempo puede reducir los recursos y el acceso al mercado que permitirían que esas reformas produzcan resultados.
Estados Unidos sostiene una interpretación diferente. Rubio ha descrito a Cuba como un Estado fallido y ha cuestionado la capacidad de sus dirigentes para resolver la crisis económica. Para la administración Trump, las reformas anunciadas por La Habana no representan un cambio suficiente y las sanciones forman parte de una estrategia más amplia para presionar al gobierno cubano.
La disputa también tiene una dimensión política. Mientras Cuba afirma que las sanciones perjudican a la población y dificultan la apertura económica, Washington sostiene que su política busca promover cambios en la isla y proteger los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.
Pese al endurecimiento de las medidas, el gobierno cubano reconoce que existen contactos entre Washington y La Habana. Soberón confirmó que ambos gobiernos mantienen conversaciones, aunque se negó a revelar detalles y las calificó como “muy sensibles”.
