El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol fue condenado a cadena perpetua por haber impuesto brevemente la ley marcial, en el desenlace más dramático de la mayor crisis política del país en décadas.
Condenan a cadena perpetua al expresidente de Corea del Sur por haber impuesto la ley marcial
Yoon Suk Yeol fue destituido tras un intento de doblegar a un Parlamento controlado por la oposición: declaró la ley marcial y envió tropas para rodear la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2024.
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Yoon fue destituido tras un desconcertante intento de doblegar a un Parlamento controlado por la oposición: declaró la ley marcial y envió tropas para rodear la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2024.
El juez Jee Kui-youn, del Tribunal del Distrito Central de Seúl, lo declaró culpable de rebelión por movilizar fuerzas militares y policiales en un intento ilegal de tomar el control de la Asamblea liderada por los liberales, arrestar a políticos y concentrar un poder sin control durante un período “considerable”.
La imposición de la ley marcial evocó un pasado dictatorial
La imposición de la ley marcial por parte de Yoon —la primera en más de cuatro décadas— recordó la etapa de gobiernos respaldados por militares en Corea del Sur, cuando las autoridades proclamaban decretos de emergencia que permitían desplegar soldados, tanques y vehículos blindados en calles o espacios públicos, como escuelas, para impedir protestas antigubernamentales.
Mientras los legisladores corrían hacia la Asamblea Nacional, el mando de la ley marcial emitió una proclama que otorgaba amplios poderes: suspensión de actividades políticas, control de medios y publicaciones, y autorización de arrestos sin orden judicial.
El decreto estuvo vigente unas seis horas, hasta que el quorum de legisladores logró romper el cerco militar y votó por unanimidad su revocación.
Yoon fue suspendido el 14 de diciembre de 2024 tras ser sometido a un juicio político en el Parlamento y fue destituido formalmente por el Tribunal Constitucional en abril de 2025. Desde julio permanece detenido mientras enfrenta múltiples procesos penales, siendo el cargo de rebelión el más grave.
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Sus abogados rechazan la condena
Yoon Kap-keun, uno de sus abogados, acusó al juez de emitir un “veredicto predeterminado” basado únicamente en los argumentos de la fiscalía y afirmó que el “Estado de derecho” se había derrumbado. Señaló que consultaría con su cliente y el resto del equipo legal la posibilidad de apelar.
Ante el tribunal, Yoon sostuvo que la declaración de la ley marcial solo buscaba alertar a la opinión pública sobre cómo los liberales estaban paralizando los asuntos del Estado, y aseguró que estaba dispuesto a acatar la decisión de los legisladores si votaban en contra de la medida.
Los fiscales argumentaron que era evidente que Yoon intentaba neutralizar al Parlamento e impedir que los legisladores revocaran la medida mediante votación, acciones que excedían su autoridad constitucional incluso bajo ley marcial.
Al anunciar el veredicto contra Yoon, el juez señaló que el envío de tropas a la Asamblea Nacional fue clave para determinar que la imposición de la ley marcial constituyó rebelión.
“Este tribunal considera que el propósito de sus acciones fue enviar tropas a la Asamblea Nacional, bloquear el edificio y arrestar a figuras clave —incluido el presidente de la cámara y los líderes tanto del partido gobernante como de la oposición— para impedir que los legisladores se reunieran a deliberar o votar”, afirmó. “Está suficientemente acreditado que pretendía obstaculizar o interrumpir las actividades de la Asamblea durante un período considerable”.
Manifestaciones frente al tribunal
Cuando Yoon llegó al tribunal, cientos de agentes de policía vigilaban mientras sus seguidores se concentraban frente al complejo judicial; sus gritos aumentaron al paso del autobús penitenciario que lo trasladaba. Cerca de allí, sus críticos exigían la pena de muerte.
No se reportaron enfrentamientos graves tras la sentencia.
Un fiscal especial había solicitado la pena capital, alegando que sus acciones representaban una amenaza para la democracia del país y merecían el castigo más severo. Sin embargo, la mayoría de los analistas anticipaba cadena perpetua, ya que el intento de toma de poder —mal planificado— no dejó víctimas.
Corea del Sur no ejecuta a un condenado a muerte desde 1997, en lo que se considera ampliamente una moratoria de facto sobre la pena capital ante crecientes llamados a su abolición.
Otros funcionarios condenados
El tribunal también condenó a varios exfuncionarios militares y policiales implicados en la aplicación del decreto de ley marcial, entre ellos el exministro de Defensa Kim Yong Hyun, sentenciado a 30 años de prisión por su papel central en la planificación de la medida y la movilización del ejército.
El mes pasado, Yoon fue condenado además a cinco años de prisión por resistirse a su arresto, falsificar la proclama de ley marcial y eludir una reunión completa del gabinete, legalmente obligatoria, antes de declarar la medida.
El Tribunal Central de Seúl también condenó a dos miembros de su gobierno en causas separadas. Entre ellos figura el primer ministro Han Duck-soo, sentenciado a 23 años de cárcel por intentar legitimar el decreto forzando su aprobación en el Consejo de Ministros, falsificar registros y mentir bajo juramento. Han apelado la sentencia.
Yoon es el primer expresidente surcoreano condenado a cadena perpetua desde el exdictador militar Chun Doo-hwan, quien fue sentenciado a muerte en 1996 por el golpe de 1979, la sangrienta represión de 1980 contra manifestantes prodemocracia en Gwangju —que dejó más de 200 muertos o desaparecidos— y corrupción.
El Tribunal Supremo redujo posteriormente su condena a cadena perpetua, y fue liberado a finales de 1997 mediante un indulto presidencial especial. Falleció en 2021.
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