Fusilamiento, electrocución y gas letal: Administración Trump busca ampliar métodos de ejecución con nuevo esquema de pena de muerte

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ( DOJ, por sus siglas en inglés) anunció el viernes 24 de abril de 2026 una serie de medidas orientadas a restablecer y fortalecer la aplicación de la pena de muerte a nivel federal, en cumplimiento de una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump al inicio de su mandato.

La directriz instruye priorizar la solicitud, obtención e implementación de sentencias capitales en casos considerados de alta gravedad, con el objetivo de reforzar la seguridad pública y garantizar la ejecución de condenas una vez agotados los recursos legales de los sentenciados, según el documento oficial.

Ampliación de métodos de ejecución por pena de muerte

Entre los principales cambios destaca la readopción del protocolo de inyección letal con pentobarbital, que se mantiene como el método principal. Asimismo, el Departamento de Justicia amplió el abanico de mecanismos autorizados para incluir el fusilamiento, la electrocución y el uso de gas letal, incorporándolos como alternativas dentro del nuevo esquema.

Esta diversificación busca asegurar la viabilidad de las ejecuciones ante posibles o bstáculos legales o logísticos, al contar con distintos procedimientos disponibles. Las medidas forman parte de un ajuste normativo y operativo que habilita estos métodos dentro del protocolo federal, aunque su aplicación dependerá de su implementación en cada caso y de los procedimientos internos correspondientes.

Buscan expandir el “corredor de la muerte” en prisiones

Las medidas también contemplan la instrucción a la Oficina Federal de Prisiones para evaluar la expansión o reubicación de instalaciones destinadas al "corredor de la muerte", así como la posible construcción de nuevos centros de ejecución que permitan la aplicación de estos métodos. De forma paralela, se plantea la simplificación de procesos internos para agilizar los casos de pena capital y reducir los tiempos entre la condena y la ejecución.

El plan incluye además propuestas regulatorias para limitar la presentación de solicitudes de clemencia hasta que se concluyan las apelaciones judiciales, así como una iniciativa legislativa que será enviada al Congreso para reforzar el marco legal en torno a la pena capital. Estas acciones forman parte de un giro en la política criminal federal, que también contempla la autorización para solicitar nuevas sentencias de muerte en diversos casos en curso.

Con estas disposiciones, el Departamento de Justicia establece un esquema ampliado de ejecución que incorpora múltiples métodos y ajustes procesales, marcando una nueva etapa en la aplicación de la pena de muerte a nivel federal en Estados Unidos.