Un millón de deportados, redadas en fábricas y más cárceles: revelan nuevo plan de ‘tolerancia cero’

El balance de 2025 no complace a la Casa Blanca de Donald Trump. Los poco más de 600,000 deportados entre el 20 de enero y el 31 de diciembre (contando incluso aquellos detenidos y procesados al término del gobierno de Joe Biden) y los poco más de 72,000 detenidos en las cárceles de ICE, están por debajo de las metas iniciales. Los republicanos querían 1 millón de deportados en el primer año y que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) tuviera capacidad para 100,000 camas diarias. Ninguna de las dos metas fue alcanzada.

Un reciente reporte del diario The New York Times reveló que el arquitecto de la política migratoria del presidente Donald Trump, Stephen Miller ”se encuentra ante una encrucijada” luego de los resultados obtenidos durante el primer año de la Administración, con números por debajo de las promesas de campaña y un marcado rechazo por parte de la opinión pública a la implementación de políticas migratorias de los agentes federales que participan en operativos de redadas.

“Se enfrenta a interrogantes sobre cuán agresivamente podrá seguir impulsando la campaña de deportaciones, y cuánto apetito tienen su partido y el país por unas tácticas que resultaron eficaces para aumentar las detenciones de inmigrantes, pero que reavivaron un debate polarizador sobre lo que significa ser estadounidense”, se lee en el reporte.

La inquietud obedece a la pérdida de respaldo de los electores debido a la ejecución de la política migratoria en el primer año. La aprobación pública de las políticas de inmigración del presidente cayó a su nivel más bajo desde su regreso a la Casa Blanca, de acuerdo con una encuesta de Reuters/Ipsos del 18 de febrero, según un artículo publicado por la página digital de N+ Univision. La muestra revela que sólo 38% de los encuestados afirmó que Trump estaba haciendo un buen trabajo en materia de inmigración, un tema prioritario para su gobierno.

La preocupación, a partir de esos resultados, ha ido en aumento teniendo en cuenta que el primer martes de noviembre los estadounidenses acudirán a las urnas para elegir un nuevo Congreso (la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado) que, por ahora, está controlado por los republicanos.

El mismo mensaje de siempre

Confiados en una victoria en noviembre, los republicanos no se rinden y tampoco abandonan el tema migratorio tal y como lo esgrimen desde la campaña del 2024. La administración evidencia que el impacto negativo registrado en encuestas sobre la campaña migratoria hasta enero, que incluyó la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota (Renee Good y Alex Pretti), no ha debilitado sus planes de llevar a cabo la mayor campaña de deportación en la historia y Miller, aunque aparenta “haberse limitado a ajustar su estrategia en un esfuerzo por minimizar las repercusiones políticas”, se mantiene firme en su postura, dice The New York Times.

Prueba de ello es un mensaje colgado por Miller en su cuenta de la red social X el 3 de abril: “Los demócratas han permitido la entrada de millones incalculables de inmigrantes ilegales que, desde entonces, han tenido hijos. Todos esos niños son declarados ciudadanos, futuros votantes y adquieren elegibilidad inmediata para recibir asistencia social de por vida. Dicha asistencia social, a su vez, se envía en forma de remesas a sus países de origen. Estas remesas proporcionan entonces el efectivo suficiente para que futuros migrantes paguen a los traficantes de los cárteles para llegar a los Estados Unidos. Estos traficantes de los cárteles utilizan sus ganancias para exportar drogas, pandillas y muerte a las comunidades estadounidenses”.

Una revisión del texto permite, por un lado, descubrir que no hay indicios de cambio en la dirección de la política migratoria del presidente. Por otro, confirma que el discurso migratorio de la administración sigue siendo engañoso, por ejemplo, en cuanto a cierto número de inmigrantes “ilegales” que habrían entrado al país durante el gobierno de Joe Biden.

De acuerdo con la base de datos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), entre los años fiscales 2021 y 2024 (bajo la era Biden), ingresaron a Estados Unidos 315,949 Menores No Acompañados (UAC), pero durante los años fiscales 2017 y 2020, correspondientes a la primera administración Trump, ingresaron 326,875 Menores No Acompañados. Es decir, bajo el primer gobierno de Trump ingresaron más UAC (3.4%) que bajo el gobierno de Biden, un dato que Miller no menciona, lo esconde.

Por otro lado, Miller tampoco aclara que entre 2021 y 2024 la CBP registró unos 10.2 millones de ‘admisiones’ en la frontera con México, no de “entradas”. Y de ellos, casi 5 millones fueron deportados o expulsados bajo el Título 42 de los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC) por razones de seguridad sanitaria debido a la pandemia del COVID, y el Título 8 de la Ley de Inmigración (INA) por razones de inadmisibilidad. Y alrededor del 15% de los encuentros se trató de reincidencias, personas que ya habían sido detenidas y deportadas anteriormente y trataron nuevamente de ingresar a Estados Unidos de manera irregular.

Ingreso indocumentado exitoso

Otro dato que no incluye Miller en sus reportes está relacionado con el ingreso ilegal exitoso, cifra que permite conocer la permeabilidad de la frontera y la amenaza real de inseguridad causada por la no detención de cruce no autorizado de extranjeros al país.

En septiembre de 2022, Univision Noticias reportó que el alto número de hallazgos o arrestos de indocumentados en la frontera sur es utilizado por los republicanos para insinuar que constituyen una especie de invasión y se convierten en una grave amenaza para el país. Pero el discurso no detalla que la mayoría, si no todos, o bien son deportados y/o colocados en procesos de deportación.

En cuanto al cruce ilegal exitoso, que sería la medida que debe ser considerada para hablar de invasión, no hay registros oficiales.

En mayo de ese año otro reporte de Univision Noticias señaló que en 2016 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzó a utilizar un nuevo sistema más preciso de metodología de medición para calcular los ingresos ilegales exitosos, dato clave que permite conocer qué tan efectiva es la política migratoria de un gobierno.

El DHS comenzó entonces a publicar informes sobre métricas de seguridad fronteriza. En 2018 un reporte del DHS publicado en el Informe del Año Fiscal de ese año (Yearbook 2016 del DHS), señaló que el número de cruces no detectados había caído casi tan rápidamente como el número de aprehensiones realizadas por la Patrulla Fronteriza en la frontera sur.

De 851,000 en el Año Fiscal 2,000, la cifra pasó a 62,000 en el Año Fiscal 2016, el último de la Administración de Barack Obama.

Tres años más tarde, en el Informe del Año Fiscal 2020 del DHS, el último de la presidencia de Trump estimó que, de acuerdo con datos disponibles sobre entradas ilegales exitosas entre los años fiscales 2017 y 2018, experimentaron un incremento. Y que la efectividad por encima del 95% en la capacidad de detención registrada entre los años fiscales 2006 y 2016 (de más de 1 millón a menos de 56,000 por año al final del gobierno de Obama) se estaba revirtiendo.

De acuerdo con el reporte, la metodología utilizada para estimar el ingreso indocumentado exitoso mostró un aumento entre 2017 y 2018, los dos primeros años del primer gobierno de Trump, de al menos 11 puntos porcentuales con respecto a 2016.

No hay datos en cuanto a las estimaciones de cruces ilegales exitosos durante el Año Fiscal 2020, y tampoco de los datos del Año Fiscal 2021 y lo que va del año fiscal 2022 hasta el 2025.

“Desafortunadamente no hay cifras”, dijo en esa ocasión a Univision Noticias Roger Maier, especialista en Asuntos Públicos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP).

El conteo de ingresos indocumentados exitosos tampoco se llevó a cabo en 2025. No aparece en el Yearbook del DHS de correspondiente a ese año, el primero de la segunda administración de Trump.

Mass deportation, la nueva estrategia

Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hasta ahora han anunciado nuevos planes de deportación bajo el alero de la ‘tolerancia cero’.

En enero, antes de la crisis en Minnesota a raíz de la muerte a tiros de Pretti, un enfermero del Hospital de Veteranos a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza, Tom Homan, el zar fronterizo de Trump, dijo al periodista Luis Carlos Vélez, conductor del programa Línea de Fuego, que ICE contará este año con 10,000 gentes nuevos, la meta es deportar a por lo menos 1 millón de extranjeros criminales, aumentar a 130,000 la capacidad de camas diarias en los centros de detención de ICE y para todo ello cuentan con un presupuesto millonario ($170,000 millones aprobados en 2025 por el Congreso).

En marzo Homan dijo, en otra entrevista para el programa Esta Semana de N+ Univision, que para este gobierno “toda persona” que viole la ley de inmigración es “un criminal”. Eso incluye a los 12 o 14 millones de indocumentados que viven en el país, incluyendo los 930,000 que entraron durante el gobierno anterior bajo el programa CBP One y los 530,000 que entraron bajo el programa Parole Humanitario (inmigrantes originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela).

Pero el DHS no ha publicado un plan que muestre cómo se implementará la política migratoria en 2026. Sin embargo, el 30 de marzo la coalición Mass Deportation, una red de apoyo a las políticas MAGA (Hacer de Estados Unidos Grande Otra Vez) integrada por una red de más de un centenar de organizaciones de derecha, entre ellas American Moment, FAIR, Tea Party Patriots, Freedom Caucus, Texoma Patriots y Tea Party Patriots, presentó una estrategia denominada Mass Deportation Coalition Playbook que incluye 21 puntos, algunos de ellos similares a los contenidos en el Proyecto 2025 escrito, entre otros, por Miller y el director de presupuesto de la casa Blanca, Rossell Vought.

Esta es la estrategia:

• Mayor fiscalización de empresas y redadas en granjas y fábricas.
• Digitalización de la verificación de empleo.
• Restringir cuentas bancarias a personas sin estatus.
• Incrementar la capacidad de detención de extranjeros sujetos a deportación.
• Registro obligatorio de todo indocumentado.
• Sanciones a países que no acepten la repatriación de sus ciudadanos.
• Endurecer criterios de asilo y acelerar expulsiones.
• Multas elevadas a personas que violen leyes migratorias.
• Confiscar bienes de personas deportables.
• Rastrear y deportar personas que violaron términos de sus visas
• Usar bases de datos criminales para identificar indocumentados.
• Enviar alertas del IRS a empleadores sobre trabajadores sin estatus válido.
• Ampliar poderes del Departamento de Trabajo para inspecciones y sanciones.
• Designar fiscales especiales en casos de violaciones migratorias.
• Fortalecer la serie 1811 (uso de agentes federales en labores de deportación)
• Crear unidades federales para coordinar operaciones de deportación masiva.
• Mantener foco en individuos con antecedentes penales, pero ampliando el espectro a infractores menores.
• Uso estratégico de demandas y acciones legales para forzar cooperación y agilizar deportaciones.
• Incentivar a estados y gobiernos locales a colaborar mediante fondos o sanciones.
• Medir resultados de deportaciones y cumplimiento de metas establecidas.
• DHS siga conectado a la operación centralizada de deportaciones.

Violaciones al debido proceso

Si bien el balance de las operaciones federales de arresto y expulsiones satisface en gran parte la agenda de la Casa Blanca, abogados y jueces de inmigración advierten que la política migratoria de Trump, construida a base de órdenes ejecutivas, memorandos, proclamas y sin consultas ni aprobaciones del Congreso, viola sin reparos el debido proceso migratorio.

“Excesos cometidos en nombre del control, migratorio, violencia y faltas de criterio” se incluyen en la lista de abusos cometidos por las autoridades federales de inmigración durante operativos, señala Dana Marks, exjueza y expresidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ). Y sostiene que las redadas que se han visto en varias ciudades, entre ellas Chicago, Los Ángeles y Minneapolis, “no son lo que el público estadounidense esperaba al votar por esta administración” en los comicios presidenciales de 2024.

Informes independientes basados en información entregada por el DHS, entre ellos reportes elaborados por el Centro Brennan para la justicia, TRAC y el Instituto CATO, coinciden en que la mayoría (73%) de los detenidos en los centros detención de ICE el año anterior “no tienen antecedentes criminales” que los califique como “lo peor de lo peor”, como afirma la Casa Blanca.

Homan, sin embargo, rechaza los estudios y asegura que “para este gobierno, cualquier persona que haya violado la ley de inmigración es un criminal”, aunque en la mayoría de los casos se trata de infracciones de carácter civil. Un comentario similar hizo a finales de enero del 2025 Karoline Levitt durante una reunión entre el presidente, su gabinete y altos dirigentes del Partido Republicano: para la Administración, cualquier extranjero que haya violado la ley de inmigración, es un criminal sujeto para detener y deportar.

Ambas interpretaciones borran un precedente de más de cuatro décadas y coloca a más de 12 millones de indocumentados en la mirilla de las autoridades, muchos de ellos con décadas de permanencia en el país, matrimonios mixtos, hijos ciudadanos estadounidenses y sin antecedentes criminales.

A esto se suman los largos tiempos de espera en el procesamiento de solicitudes de beneficios en la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), que acumula más de 11.3 millones de formularios, y el estancamiento de los procesos en la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, Corte de Inmigración), que a mediados del año pasado acumulaba 3.7 millones de casos.

“Esto también ha provocado un enorme aumento en el abandono de solicitudes de posibles recursos o solicitudes de estatus legal a las que estos detenidos tendrían derecho, debido a los largos tiempos de espera en condiciones inaceptables en instalaciones ubicadas lejos de sus hogares”, señala Marks.

Más redadas y deportaciones

Para Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami, Florida, y quien durante 15 años fungió como fiscal de inmigración para el Departamento de Justicia, tras analizar lo actuado en 2025 concluye que “el 2026 se perfila como un año de ejecución migratoria intensa, pero con límites prácticos”, advierte.

Entre las señales que surgieron en el primer año de gobierno, Sánchez-Roig cita reportes de revocaciones masivas de visas y enfoque de ‘continuous vetting’ (verificaciones continuas), así como una ampliación de “las revisiones posteriores a la obtención de la tarjeta verde (green card), cancelación de las ceremonias de juramento de ciudadanía y aumento de las desnaturalizaciones”, es decir, las cancelaciones de naturalizaciiones o retiro de ciudadanías.

“Cabe destacar que las revisiones posteriores a la concesión del estatus de residencia permanente siempre han existido, a pesar de que la mayoría de los estadounidenses no conocen el proceso”, indicó.

Sánchez-Roig también citó la “vulnerabilidad por terminaciones de TPS y cambios de política que aumentan población en riesgo de remoción”, pero dijo que “también existen límites reales”, entre ellos presupuesto, capacidad de detención y transporte, cooperación de gobiernos locales y, sobre todo, litigios en cortes federales que pueden frenar o modular políticas”.

A la pregunta respecto a qué derechos tienen los inmigrantes ante semejante ataque al sistema, Sánchez-Roig mencionó que, aun en un entorno restrictivo, permanecen derechos y herramientas clave:

• Derecho al debido proceso (notificación adecuada y oportunidad de ser oído) en procedimientos de remoción; aunque su alcance práctico puede verse afectado por rapidez, detención y falta de abogado.
• Derecho a abogado a costo propio (no garantizado gratuitamente en inmigración, pero sí el derecho a ser representado).
• Derecho a pedir protección si expresan temor (asilo/withholding/CAT), incluso en escenarios de remoción acelerada, aunque la puerta de entrada es frágil si no se declara el temor.
• Revisión administrativa y judicial en ciertos casos (BIA y, luego, cortes federales), sujeta a reglas de jurisdicción y estándares de revisión.
• Derechos constitucionales básicos en territorio estadounidense (p.ej., 4ta y 5ta Enmienda en ciertos contextos), con matices según estatus y circunstancias.

La exjueza Marks insistió en que “necesitamos un tribunal de inmigración del Artículo I para que no haya exceso de poder del Poder Ejecutivo en los tribunales que el Congreso ha creado para llevar a cabo procedimientos de deportación. Esa es la única solución duradera para aislar a los tribunales de las influencias políticas”.
En la actualidad, los jueces de inmigración son empleados del Departamento de Justicia cuyo jefe es el fiscal general de Estados Unidos.