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Mara Salvatrucha

Megajuicio a la Mara Salvatrucha: así intentó la banda extenderse por Europa

Este martes comenzó un proceso contra la banda criminal en España, donde logró establecerse y abrir diferentes "clicas" (grupos territoriales) con la intención de controlar el negocio de estupefacientes y blanquear dinero de actividades ilícitas.
20 Feb 2018 – 03:49 PM EST
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Imagen de un miembro de la Mara Salvatrucha. Crédito: Yuri Cortez/AFP/Getty Images (Archivo)

La Mara Salvatrucha nuevamente al banquillo, aunque esta esta vez ha sido en España. Y es que este martes comenzó un megajuicio contra esta banda centroamericana en Alicante, ciudad de la costa mediterránea española desde la cual la banda pretendía extenderse a el resto del país e incluso el resto de Europa.

En el proceso hay 38 imputados para los que la justicia española pide un total de 230 años de cárcel. El juicio que se inició este martes es el resultado de la mayor operación en España contra la Mara Salvatrucha, que en marzo de 2014 permitió desarticular su cúpula y frenar su expansión.

La fiscalía acusa a los miembros de la banda criminal de numerosos delitos, entre ellos, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, intento de asesinato, amenazas, lesiones, tráfico de drogas y posesión ilícita de armas.

Las intenciones de instalarse en el suelo ibérico se remontan a 2012, cuando dos miembros de la banda llegaron a España por indicación de sus jefes en El Salvador. Su primer destino fue Ibi, una pequeña ciudad en la provincia de Alicante de apenas 25,000 habitantes. Según el ministerio público, los acusados debían buscar los medios para consolidar en España una banda similar a la banda salvadoreña, de la que recibieron financiación y con la que estaban en contacto directo.

En un principio, solo llegaron dos mareros: uno a Barcelona y el otro a Ibi, donde se fundó la "clica" (grupo territorial) central llamada Big Crazy. El plan se denominó "Programa 34" y buscaba expandir sus tentáculos por todo el territorio nacional desde Ibi. De hecho, consiguieron montar diferentes "clicas" en Madrid, Barcelona y Girona, en el noreste del país.

Su objetivo no era otro que hacer crecer a la banda captando españoles y comenzar con el blanqueo de capitales gracias a un negocio de compra-venta de autos. Para lanzar la operación, la fiscalía española sostiene que desde El Salvador se enviaron hasta 10,000 dólares.

Fueron esas ansias de expansión precisamente las que las llevó finalmente al banquillo. Según los documentos judiciales, los sospechosos participaron en varias peleas con bandas rivales por "el control del territorio" y llegaron así a planificar el asesinato de uno de sus adversarios, un ciudadano rumano, si bien no lo llevaron a cabo.

"Si lograran capturar a uno de los majes (jefes) que dicen ustedes, mátenme a ese hijo de puta, no hay pedo”. Así se expresaba el jefe de la banda desde El Salvador en una conversación interceptada por las autoridades españolas que permitió abortar los planes expansionistas del grupo. Tras escuchar estos mensajes, las autoridades consiguieron detener a los sicarios llegados a España con las armas que iban a utilizar para su muerte.

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Pero ese no fue el único intento de asesinato. También conspiraron para matar al testigo del apuñalamiento sufrido en 2012 por un presunto integrante de una banda rival, los Latin Kings, ocurrida en el puerto de Alicante.

13 segundos de paliza: el rito inicial

El grupo en España se financiaba gracias al tráfico de marihuana y cocaína, pues habían establecido una red de transporte, almacenamiento y distribución de estos estupefacientes. Además, los miembros debían pagar mensualidades de 100 euros. Estos mareros eran, por lo general, jóvenes que cometían robos en domicilios o supermercados para sufragar su cuota, una vez que habían superado el rito de iniciación consistente en soportar 13 segundos de golpes continuados.

Los integrantes del grupo, conocidos como "soldados", se regían por 35 reglas que habían sido establecidas desde El Salvador. "En esas normas figuraba el castigo a imponer por su infracción, que en los casos más graves llevaba aparejada la muerte”, según explicaron los fiscales, citados por el diario El País.

Además, la Mara poseía armas de fuego a disposición de todos sus miembros, añade la acusación pública. El proceso por la denominada operación Cruasán se va a desarrollar durante doce sesiones a lo largo de varios meses.

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