Una protesta silenciosa dentro de un edificio de la Universidad Internacional de Florida ( FIU) terminó convirtiéndose en una batalla legal sobre hasta dónde puede llegar una universidad para limitar las manifestaciones de sus estudiantes.
Jueza bloquea regla de FIU que castigaba al grupo ICEBreakers, que se opone al convenio migratorio de la universidad
La decisión judicial llega en medio de la disputa entre estudiantes y la universidad por la participación de la policía de FIU en un programa que permite colaborar con autoridades migratorias federales.
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Una jueza federal bloqueó temporalmente una norma de FIU que prohibía realizar “actividades expresivas” dentro de sus edificios y suspendió las sanciones impuestas a estudiantes que participaron en una protesta contra el acuerdo de la policía universitaria con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE).
La jueza Jacqueline Becerra determinó esta semana que la norma probablemente viola la libertad de expresión y emitió una medida cautelar en el caso presentado por estudiantes integrantes del grupo ICEBreakers, que se opone al convenio migratorio de la universidad.
El conflicto comenzó después de una protesta ocurrida en marzo, cuando un grupo de estudiantes se levantó durante un foro de la rectora de FIU, Jeanette Núñez, y mostró camisetas con un mensaje en inglés: “ICE fuera de la FIU”.
La universidad inició entonces procedimientos administrativos contra siete estudiantes por considerar que habían infringido su prohibición de realizar actividades expresivas dentro de sus edificios.
Seis recibieron una amonestación escrita, mientras que el procedimiento contra el séptimo estudiante continuaba abierto.
Ahora, esas sanciones quedan suspendidas.
La jueza cuestiona los límites impuestos a los estudiantes
En su resolución, Becerra señaló que las expresiones de los estudiantes no pueden ser restringidas simplemente por ocurrir dentro de un edificio universitario.
“La expresión de los estudiantes no puede limitarse, salvo que perturbe de forma sustancial la misión educativa o implique un desorden grave o la invasión de los derechos de otros”, escribió la jueza.
La decisión es provisional y, formalmente, protege a los integrantes de ICEBreakers que presentaron la demanda.
La ACLU de Florida, que lleva el caso, sostiene que el razonamiento de la jueza también tendría implicaciones para cualquier otro estudiante que enfrente restricciones similares.
Para el grupo estudiantil, la resolución significa que sus integrantes podrán comenzar el semestre de otoño sin temor a recibir castigos por manifestarse pacíficamente.
“Bloquear esta norma significa que los estudiantes pueden empezar el semestre de otoño sin miedo a que los castiguen por protestar pacíficamente”, afirmó Max Fondren, líder de ICEBreakers.
FIU y el acuerdo que puso a los estudiantes en protesta
El trasfondo de la disputa está en una decisión que convirtió a FIU en un caso particular dentro del sistema universitario estadounidense.
En 2025, la universidad se convirtió en la primera institución de educación superior de Estados Unidos en incorporarse voluntariamente al programa 287(g), según la demanda presentada por los estudiantes.
Ese programa permite que determinadas agencias policiales locales asuman funciones relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias federales.
La participación de la policía de FIU provocó la creación de ICEBreakers, el grupo estudiantil que posteriormente demandó a la universidad.
La protesta de marzo llevó el conflicto del debate sobre inmigración al terreno de la libertad de expresión: los estudiantes querían manifestarse contra el acuerdo y la universidad respondió aplicando una norma que restringía las actividades expresivas dentro de sus instalaciones.
Ahora, una jueza federal considera que esa prohibición podría ser inconstitucional.
Una universidad donde la inmigración tiene un peso particular
El caso también tiene una dimensión demográfica importante.
De acuerdo con la demanda, casi 70% de los estudiantes de licenciatura de FIU son hispanos y alrededor de 600 están protegidos por DACA, el programa que ampara a ciertas personas que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños.
Para los estudiantes que impulsaron la demanda, la decisión judicial representa un límite a la capacidad de la universidad para sancionar las expresiones políticas dentro de sus instalaciones.
Por ahora, la medida de Becerra no resuelve de manera definitiva el caso. Es una orden provisional mientras continúa la disputa legal.
Pero sí permite que los estudiantes que demandaron a FIU entren al semestre de otoño con una protección que no tenían cuando fueron sancionados por levantarse en silencio y mostrar sus camisetas contra ICE.