La muerte de una mujer embarazada que sufrió durante meses graves complicaciones de salud abrió una nueva batalla legal sobre las restricciones al aborto en Texas.
Familiares demandan a Texas por la muerte de una mujer a la que se le negó un aborto
Tierra Walker tenía 20 semanas de embarazo cuando murió de preeclampsia en 2024; su familia sostiene que pidió interrumpir el embarazo mientras su salud empeoraba, pero nunca recibió ese procedimiento
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La familia de Tierra Walker, de 37 años, presentó una demanda contra el fiscal general del estado, Ken Paxton, funcionarios de salud, médicos y centros médicos, al sostener que las restricciones al aborto contribuyeron a que no recibiera un procedimiento que, según sus abogados, podría haberle salvado la vida.
Walker, residente de San Antonio, murió en diciembre de 2024 cuando tenía aproximadamente 20 semanas de embarazo. De acuerdo con la demanda, durante la gestación sufrió convulsiones, coágulos sanguíneos, hipertensión y finalmente preeclampsia, una complicación potencialmente mortal asociada con la presión arterial elevada.
La demanda fue presentada esta semana ante un tribunal del condado de Bexar y también cuestiona la constitucionalidad de las restricciones al aborto en Texas. Entre los demandados están Paxton, el director ejecutivo de la Junta Médica de Texas, Stephen Brint Carlton, UT Health San Antonio y varios médicos.
Su familia dice que pidió interrumpir el embarazoSegún la querella, Walker y sus familiares pidieron en repetidas ocasiones que se interrumpiera el embarazo conforme su estado de salud se deterioraba.
Los familiares sostienen que advirtieron a los médicos que continuar con el embarazo podía poner en peligro su vida. Sin embargo, aseguran que recibieron como respuesta que “el bebé está bien”.
La demanda afirma que Walker atravesó episodios cada vez más graves durante los meses de embarazo. Para sus familiares, el problema no fue solamente la atención recibida en los hospitales, sino también el marco legal en el que los médicos tuvieron que tomar decisiones sobre su tratamiento.
Los abogados argumentan que las restricciones estatales crearon un ambiente de temor entre los profesionales de la salud ante la posibilidad de enfrentar consecuencias legales por realizar un aborto.
Murió dos días después de acudir al hospital
El 27 de diciembre de 2024, Walker acudió nuevamente a un hospital y fue diagnosticada con preeclampsia, según la demanda.
Después fue dada de alta.
Dos días más tarde murió.
La demanda sostiene que la atención que recibió durante su embarazo no respondió adecuadamente al deterioro de su estado de salud y que las restricciones al aborto jugaron un papel en la decisión de no interrumpir el embarazo.
La familia también acusa al hospital de incumplir una ley federal que obliga a los servicios de emergencia a evaluar y estabilizar a pacientes que llegan con condiciones médicas graves.
De acuerdo con documentos citados por medios que revisaron el caso, una autopsia determinó que Walker murió por enfermedad cardiovascular hipertensiva y preeclampsia.
¿Qué dice la ley de aborto de Texas?
Texas mantiene una de las prohibiciones al aborto más estrictas de Estados Unidos. La legislación contempla una excepción cuando un embarazo representa un riesgo de muerte o de deterioro sustancial de una función corporal importante para la paciente.
La familia de Walker sostiene que su situación entraba dentro de esa excepción y que, aun así, los médicos no realizaron el procedimiento que ella había solicitado.
La Junta Médica de Texas, por su parte, ha señalado que los médicos no tienen que esperar a que la vida de una paciente esté en peligro inmediato para proporcionar atención médica necesaria y que, bajo determinadas circunstancias, esa atención puede incluir la interrupción de un embarazo.
El caso pone así en el centro una de las preguntas que han surgido desde que entraron en vigor las restricciones: cómo deben actuar los médicos cuando una paciente embarazada enfrenta un riesgo grave, pero todavía no se encuentra en una situación de muerte inminente.
La demanda también apunta a funcionarios estatales
Los familiares no limitaron sus acusaciones al personal médico que atendió a Walker.
La demanda responsabiliza también a Paxton y a otros funcionarios estatales por las políticas que, según los demandantes, contribuyeron a generar incertidumbre y temor entre los médicos.
El caso es particularmente relevante porque Paxton ha defendido públicamente las restricciones al aborto de Texas y su oficina ha emprendido acciones legales contra proveedores y organizaciones relacionadas con el acceso al aborto. Su oficina no había respondido públicamente a las solicitudes de comentarios sobre esta demanda al momento de los primeros reportes.
UT Health San Antonio y la Junta Médica de Texas tampoco habían ofrecido una respuesta detallada a la demanda en los primeros reportes.
El debate sobre las muertes maternas
El caso llega en medio de un debate más amplio sobre la salud materna en Texas después de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de 2022 que eliminó la protección federal al aborto establecida por Roe v. Wade.
Desde entonces, los estados han adoptado reglas diferentes sobre el procedimiento. Texas mantiene una prohibición casi total, con excepciones limitadas.
Un análisis publicado en 2025 por el Gender Equity Policy Institute señaló que la mortalidad materna en Texas aumentó 56% durante el primer año de las restricciones, frente a 11% a nivel nacional. Sin embargo, esas cifras son objeto de debate y no demuestran por sí solas que las restricciones al aborto hayan causado el aumento.
En el caso de Walker, será ahora el proceso judicial el que deberá determinar las responsabilidades de los funcionarios, médicos e instituciones señalados por su familia.
Por ahora, las acusaciones contenidas en la demanda no constituyen una determinación judicial de responsabilidad.