Tennessee eligió a un exfuncionario federal con antecedentes penales y una salida controvertida de la administración penitenciaria para dirigir su sistema de prisiones, en momentos en que el estado enfrenta fuertes cuestionamientos por dos ejecuciones que no pudieron llevarse a cabo conforme a lo previsto.
Tennessee nombra a exfuncionario federal con antecedentes judiciales para dirigir sus prisiones tras ejecuciones fallidas
Josh Smith, quien recibió un indulto presidencial de Donald Trump por una condena relacionada con drogas y dejó abruptamente la Oficina Federal de Prisiones en agosto, asumirá el control del sistema penitenciario de Tennessee.
Josh Smith fue nombrado el lunes por la gobernadora electa republicana Marsha Blackburn como nuevo director del Departamento de Correccionales de Tennessee, informó CBS News.
Su designación ocurre después de que abandonara inesperadamente en agosto su puesto como subdirector de la Oficina Federal de Prisiones (BOP), donde su gestión estuvo rodeada de desacuerdos internos y cuestionamientos sobre contratos gubernamentales.
Blackburn defendió su elección al destacar la experiencia de Smith dentro del sistema penitenciario y su capacidad para dirigir organizaciones de gran tamaño.
"Josh aporta una combinación singular de liderazgo ejecutivo, experiencia directa en el ámbito penitenciario y una comprensión de los desafíos que enfrenta nuestro sistema carcelario", señaló la gobernadora electa.
El propio Smith reconoció que encontrará problemas importantes en Tennessee, entre ellos la falta de personal, la seguridad de las instalaciones y la necesidad de fortalecer el liderazgo institucional.
El nuevo director de prisiones recibió un indulto de Trump
La trayectoria de Smith incluye una condena federal por delitos relacionados con drogas. En 1998 se declaró culpable de conspirar para poseer y distribuir cocaína y marihuana, por lo que cumplió cinco años de prisión en una instalación federal de Kentucky.
Posteriormente, recibió un indulto del presidente Donald Trump y utilizó su experiencia como recluso para impulsar cambios en el sistema penitenciario federal.
Su llegada a la dirección de la Oficina Federal de Prisiones fue considerada una decisión poco convencional, debido precisamente a sus antecedentes penales.
Sin embargo, su gestión también generó tensiones con trabajadores de la institución. De acuerdo con testimonios de empleados actuales y antiguos recogidos por CBS News, algunos consideraban que Smith prestaba mayor atención a las necesidades de los reclusos que a las del personal penitenciario.
Su salida en agosto también estuvo acompañada de interrogantes sobre varios contratos adjudicados durante su administración.
Uno de ellos involucró a Securus Technologies, empresa con sede en Texas que recibió un contrato para proporcionar tabletas a los internos, con el objetivo de facilitar su acceso a programas educativos, capacitación laboral, rehabilitación e información médica.
El acuerdo fue cancelado después de que compañías competidoras presentaran una queja formal contra la adjudicación.
Otro proyecto contemplaba una colaboración con una empresa emergente para comercializar bolsitas de nicotina entre los reclusos. La iniciativa fue descartada después de que se conociera que esos productos no contaban con autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
En declaraciones anteriores a CBS News, Smith negó haber intervenido en algunos de los contratos cuestionados.
Al dejar el cargo federal, defendió su gestión y aseguró que sus prioridades habían sido reorganizar al personal y mejorar los programas de rehabilitación para preparar a los internos para su regreso a la sociedad.
"Soy partidario de la mano dura contra el delito, pero también creo en la justicia restaurativa, porque, al fin y al cabo, esas personas terminarán siendo mis vecinos", afirmó en agosto.
Tennessee enfrenta cuestionamientos por ejecuciones fallidas
El nombramiento de Smith llega después de dos episodios que pusieron bajo escrutinio los procedimientos de ejecución del estado.
El anterior director del Departamento de Correccionales, Frank Strada, renunció a principios del mes pasado, después del intento fallido de ejecutar a Christa Pike. Desde entonces, Christopher Hansen ocupaba el puesto de manera interina.
Pike estaba programada para convertirse en la primera mujer ejecutada por Tennessee en 200 años. Sin embargo, el procedimiento con pentobarbital no se desarrolló como estaba previsto.
Según sus abogados, la reclusa terminó conectada a un respirador artificial y presentó ampollas y hematomas en los brazos. En documentos judiciales, sus representantes señalaron que el personal penitenciario aparentemente no detectó que la vía intravenosa estaba mal colocada o que las venas se habían roto, lo que habría impedido administrar correctamente la sustancia letal.
El caso se suma al de Tony Carruthers, cuya ejecución estaba prevista para mayo, pero fue aplazada durante un año por el gobernador Bill Lee después de que el personal penitenciario pasara más de una hora intentando encontrar una vena para administrar la inyección letal.
Tras el caso de Pike, Lee suspendió las ejecuciones posteriores mientras se revisaban los procedimientos.
Blackburn, por su parte, ha planteado explorar métodos alternativos para aplicar la pena capital, incluida la silla eléctrica. Actualmente, Tennessee tiene 40 personas en el corredor de la muerte.
Ante el nombramiento de Smith, Kit Thomas, abogado de internos condenados a muerte que mantienen un litigio contra el protocolo de inyección letal del estado, pidió que la nueva dirección priorice la transparencia y la rendición de cuentas.
También instó al funcionario a implementar las recomendaciones de investigaciones independientes realizadas por la firma Butler Snow en 2022 y 2026, incluidas modificaciones sustanciales al protocolo de ejecución mediante inyección letal.
La llegada de Smith coloca al frente del sistema penitenciario de Tennessee a un funcionario cuya experiencia incluye tanto su paso por prisión como su posterior trabajo en la administración federal, en un momento en que el estado enfrenta el desafío de recuperar la confianza en sus procedimientos de ejecución.









