Corte Suprema quita a la Agencia de Protección Ambiental la capacidad de regular emisión de gases de efecto invernadero
La Corte Suprema restringió la autoridad de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para regular las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático.
En un fallo de 6-3, la corte falló a favor de los estados conservadores demandantes y las compañías de combustibles fósiles al adoptar una lectura restringida de la Ley de Aire Limpio de la era del presidente Barack Obama.
“Limitar las emisiones de dióxido de carbono a un nivel que obligue a una transición nacional a dejar de usar carbón para generar electricidad puede ser una solución sensata a la crisis actual”, escribió el presidente de la corte, John Roberts, "pero no es plausible que el Congreso le diera a la EPA la autoridad para adoptar por su cuenta un esquema regulatorio de este tipo”.
La jueza Elena Kagan, escribiendo a nombre de los magistrados disidentes de tendencia liberal: “La Corte se designa a sí misma, en lugar del Congreso o la agencia de expertos, como la persona que toma las decisiones sobre la política climática. No puedo pensar en muchas cosas más aterradoras. Respetuosamente, disiento”.
El caso fue presentado por el fiscal general de West Virginia, en nombre de las compañías de carbón, que argumentan que el gobierno federal no tiene la autoridad para regular las emisiones de gases de efecto invernadero.
En lo que se interpreta como un revés para los esfuerzos de la administración de Joe Biden para combatir el cambio climático, el máximo tribunal dijo que la EPA no tiene autoridad para cambiar la producción de energía del país de las centrales eléctricas que queman carbón a fuentes más limpias, incluidas la energía solar y eólica.
La decisión amenaza con alejar aún más a EEUU del objetivo del presidente Biden de que el país tenga una red eléctrica que opere con energía limpia para 2035, y hacer que toda la economía estadounidense sea neutral para 2050.
En un comunicado, el portavoz de la Casa Blanca, Abdullah Hasan, calificó el fallo como “otra decisión devastadora de la corte que pretende hacer retroceder a nuestro país” y aseguró que el presidente Biden “no cejará en el uso de la autoridad que tiene por ley para proteger la salud pública y abordar la crisis del cambio climático”.
“Nuestros abogados estudiarán el fallo cuidadosamente y encontraremos formas de avanzar bajo la ley federal”, dijo Hasan. “Al mismo tiempo, el Congreso también debe actuar para acelerar el camino de Estados Unidos hacia un futuro energético limpio, saludable y seguro”.
Especialistas legales y activistas del medio ambiente destacan que el tribunal estaba considerando los poderes otorgados por la Ley de Aire Limpio, que se redactó hace décadas, antes de que el cambio climático fuera ampliamente reconocido como una crisis mundial, por lo que consideran que la decisión no responde a necesidades del momento.
Un pulso heredado de tiempos de Barack Obama
La batalla legal comenzó durante el gobierno de Barack Obama, cuando la EPA emitió un plan para reducir la contaminación por dióxido de carbono de las centrales eléctricas al permitir que sus operadores obtuvieran crédito por generar más energía a partir de fuentes de menor emisión.
La demanda argumentaba que la Ley de Aire Limpio otorgaba autoridad al gobierno solo para restringir la contaminación de centrales eléctricas específicas, no para exigir a las compañías eléctricas que cambiaran a diferentes métodos de generación.
Con la decisión de la corte, las medidas futuras para abordar la contaminación por dióxido de carbono deben limitarse a las restricciones impuestas en plantas de carbón existentes, en lugar de presionar a las empresas de servicios públicos para que cambien del carbón a fuentes de energía renovable.
El caso determinará efectivamente si el gobierno federal tiene alguna autoridad para imponer regulaciones no solo en la EPA, sino potencialmente en otras agencias federales.
Grupos conservadores han estado atacando agencias gubernamentales como la EPA, durante décadas. Las consideran una extensión indebida del gobierno federal.
