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Indiana y Kansas votarán para proteger la caza y la pesca como derecho constitucional

En ambos estados las asociaciones proarmas aseguran que los cazadores y pescadores deportivos de esas localidades han sido objeto de persecución por grupos ambientalistas.
3 Nov 2016 – 4:38 PM EDT

Nuevamente dos iniciativas sobre pesca y cacería llegan a las urnas electorales de la mano de unas elecciones presidenciales.

Este martes, en los estados de Kansas e Indiana, donde ambas actividades ya son permitidas y reguladas por la ley, se proponen enmiendas para que ambas sean formalizadas y convertidas en un derecho constitucional.

En Kansas la iniciativa se llama la Enmienda 1 y en Indiana, la Consulta Pública 1.

Los expertos políticos explican que un voto a favor de cualquiera de ellas no cambia nada, pues en ambos estados se deben mantener las leyes estatales existentes y las reglas y normativas que regulan actualmente la caza, la pesca y la captura de vida silvestre. Por ello, instituciones ambientalistas como la Fundación Sierra Club y hasta el mismo Departamento de Vida Silvestre, Parques y Turismo de Kansas siguen el proceso con desinterés.


“Realmente no tenemos ninguna preocupación. Ya sea aprobada o no la enmienda, no prevemos cambios en las leyes y reglamentos como resultado directo de la elección, ni en cómo manejamos la vida silvestre o en nuestros diversos programas”, explica a Univision Ron Kaufman, portavoz del Departamento de Vida Silvestre, Parques y Turismo de Kansas.

Sin embargo, quienes buscan promover esta iniciativa insisten en que su valor es poder proteger para siempre las tradiciones de Kansas e Indiana, así como la herencia del deporte de cientos de locales, limitando la posibilidad de que en el futuro se reduzcan o se regulen estas actividades por la razón que fuese.

“Hacer que la pesca y la caza sean derechos constitucionales es realmente la mejor manera de continuar nuestros esfuerzos de conservación”, asegura Moriah Day, presidente de la Asociación de Rifles del Estado de Kansas.



En Indiana, donde hay 450 lagos naturales y 21,000 millas de arroyos, la organización National Rifle Association Institute for Legislative Action asegura que la caza y la pesca son parte integral de la cultura y que estas actividades generan ingresos de $923 millones y 14,058 empleos.

Por otra parte, los detractores de ambas enmiendas son generalmente organizaciones ambientalistas que opinan que cazar o pescar no debe ser un derecho sino un privilegio sujeto a condiciones ambientales, humanas y sociales. Y que cada caso debe evaluarse según el contexto, más aún en tiempos de cambio climático y extinción de especies.

Midge Grinstead, directora de la Humane Society y Joel Kerr, director ejecutivo de Indiana Animal Right Alliance de Indianápolis, coinciden en recalcar que cazar y pescar son actividades que ya son legales de modo que no le ven interés a la votación.

Ambos defienden que la constitución debe velar por los intereses comunes de todas las personas del estado y no para favorecer a un grupo determinado de personas como serían los cazadores o pescadores.

A Kerr le preocupa, además, que esto signifique colocar a la caza por delante de otras formas no letales de manejo de la vida silvestre como lo son la reubicación, cercado o anticoncepción.


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