Capturan a dos policías que presentaron pruebas falsas en el crimen contra la ambientalista Berta Cáceres

Autoridades hondureñas anunciaron la captura de dos agentes de policía a quienes atribuyen el delito de presentar pruebas falsas para entorpecer la identificación de los asesinos de la ambientalista Berta Cáceres, atacada por pistoleros en marzo de 2016.

Según informó la fiscalía este lunes, se trata de Juan Carlos Cruz (policía activo) y Miguel Arcángel Rosales (expolicía), a quienes "se les acusa por el delito de adulterar medios de prueba y presentar pruebas falsas para desviar la investigación".

Yuri Mora, portavoz de la fiscalía de Honduras explicó que los dos policías " alteraron informes y grabaciones para salvar a los responsables de la muerte de Cáceres e intentaron presentarlo como un caso de robo o un problema pasional".

Cáceres, de 44 años, fue asesinada en marzo de 2016. Antes de la medianoche dos hombres patearon la puerta de su casa en la comunidad La Esperanza. Tras pasar por la cocina, uno de ellos abrió la puerta de su habitación y le disparó seis veces. La ambientalista murió unos momentos después.

Cáceres era internacionalmente reconocida y galardonada por liderar a su comunidad indígena Lenca contra una represa eléctrica, prevista para ser construida en su tierra. Su muerte, además de engrosar la enorme lista de ambientalistas asesinados en este país centroamericano, catapultó su asesinato como un crimen emblemático que mantiene la atención de diversos grupos internacionales de derechos humanos, entre ellos Global Witness y CEJIL.

En total ocho personas han sido detenidas por el crimen contra Cáceres, incluyendo al gerente de la compañía Desarrollos Energéticos (DESA), a la cual la ambientalista se oponía.

Las ocho detenciones fueron documentadas "con prueba científica al realizar los análisis y pericias respectivas al arma con la cual se supone que le quitaron la vida a la líder ambientalista", agregó la fiscalía.

Sin embargo, la familia de Cáceres y la organización Copinh denuncian que la justicia se niega a investigar a los autores intelectuales por tratarse de personas con poder económico.