Una PROMESA para Puerto Rico

El camino para salir de la crisis de la isla pasa directamente por el Congreso de los Estados Unidos.

Imagen Getty Images

Por Thomas Perez* y Cecilia Muñoz**

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Cuando los huevos se ponen a peseta, hay que meter mano.

Los 3.5 millones de estadounidenses que viven en Puerto Rico enfrentan un momento difícil. La crisis de deuda en la isla ha llegado al punto de ruptura, causando penurias inimaginables. Algunas de las cosas que nunca deberían suceder en los Estados Unidos, están sucediendo ahora: las escuelas están cerrando; existe la amenaza de que se corte la electricidad a los residentes, pueblos y hospitales; servicios esenciales están siendo interrumpidos, y el acceso a ciertos medicamentos en los hospitales comienza a ser insuficiente.

En tales circunstancias no es de extrañar que, ante el empeoramiento de la crisis, miles de familias puertorriqueñas están dejando atrás sus hogares y viajando a los Estados Unidos continentales. La sensación de desesperanza con respecto al futuro es tal, que la Representante en el Congreso por el Estado de Nueva York, Nydia Velázquez, describió en forma emotiva una situación donde, en la actualidad, lo más difícil de encontrar en una tienda en Puerto Rico es una maleta. Durante la última década, más de 300,000 puertorriqueños han abandonado la isla, la mayor emigración desde la década de 1950.

Pero, todo esto es innecesario. Cuando otras comunidades, como ocurriera antes con Detroit, atravesaron una crisis similar, fueron capaces de reestructurar su deuda y recuperarse. En cambio, Puerto Rico no tiene esa opción. Para poder realizar una reestructuración de la deuda, se necesita una legislación federal. De lo contrario, el gobierno local se verá en la posición de hacer una elección imposible: su gente o sus acreedores. Actualmente, más de un tercio del presupuesto de Puerto Rico se destina al pago de la deuda. Eso es una fracción mucho más elevada que en cualquier otro lugar de Estados Unidos –y es dinero que no se puede utilizar para invertir en un mejor futuro o en los servicios cotidianos de los que dependen los residentes–. Esta situación no es sostenible.

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El camino para salir de esta crisis pasa directamente por el Congreso de los Estados Unidos. Se debe reconocer que los líderes de ambos partidos se han unido al gobierno del Presidente en la elaboración de una legislación para hacer frente en forma inmediata a la crisis que enfrenta Puerto Rico. PROMESA Act es un proyecto de ley destinado a apagar el fuego y ofrecerle a Puerto Rico la oportunidad de comenzar la reestructuración.

Ninguno de los partidos representados en el Congreso dirá que este es el tipo de proyecto de ley que habrían presentado si hubieran tenido la posibilidad de hacerlo solos. Es parte de una negociación, y así es como funcionan las negociaciones. Por ejemplo, la legislación crea una junta de supervisión para gestionar la reestructuración de la deuda de Puerto Rico y modifica las protecciones sobre el salario mínimo y el pago de horas extras en la isla, lo que ha causado una preocupación comprensible en relación a Puerto Rico y el bienestar de sus trabajadores. Y, por supuesto, el proyecto de ley no aborda temas como la asistencia de salud pública o el crecimiento económico, tal como lo había propuesto el Poder Ejecutivo. Si estuviéramos a cargo solo nosotros, las disposiciones sobre el salario mínimo y el pago de horas extras no hubieran sido incluidas, y nos hubiera gustado hacer algunos otros cambios.

El proyecto de ley está lejos de ser perfecto, pero hay un incendio y las llamas están devorando todo. En este mismo momento.

El 1º de julio, Puerto Rico enfrentará otra ronda devastadora de decisiones que pueden empeorar aún más la situación de los 3.5 millones de estadounidenses que viven en la isla, a menos que el Congreso actúe respecto al Proyecto de Ley propuesto. Sin una legislación, los grupos de acreedores se podrán presentar ante la Corte para demandar a Puerto Rico, con la finalidad de obtener ganancias y recuperar sus activos. Esas demandas aumentarán el riesgo sobre la prestación de servicios públicos esenciales, que, lamentablemente, ya reciben una financiación insuficiente. Y mientras PROMESA requeriría que las pensiones sigan siendo financiadas, sin una legislación, las pensiones de Puerto Rico pasarán al último lugar de la fila, poniendo en peligro la seguridad de las jubilaciones de cientos de miles de personas en Puerto Rico.

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Si bien hay cosas que todas las partes involucradas cambiarían en la legislación propuesta, si pudieran hacerlo, está muy claro que si este Proyecto de Ley no es aprobado, no hay otro proyecto de ley para reemplazarlo. Aquellos que se oponen a algunos aspectos de la legislación pueden tener razones que sostengan sus objeciones, pero lo que no tienen es una estrategia para ofrecer alivio a la situación en la isla si este proyecto no es aprobado.

Es hora de que el Congreso actúe, y de que los Partido en la isla y en Estados Unidos hagan lo que es mejor para apagar el fuego, para hacer frente en forma inmediata a la crisis con los recursos disponibles, y dar a Puerto Rico el espacio que necesita para comenzar con la reestructuración y restaurar la esperanza.

*Secretario de Trabajo de Estados Unidos

**Asesora de Política Nacional de la Casa Blanca

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.