Un primer paso en la reforma carcelaria

Para la comunidad latina reflexionar sobre las tierras de nuestros padres y abuelos puede ser doloroso. Aquellos de nosotros que podemos precisar nuestra ascendencia en América Latina contamos nuestras bendiciones todos los días al poder llamar a Estado Unidos nuestro hogar. Si bien es evidente que muchos de nuestros países de origen están plagados de delincuencia y corrupción, también es cierto que, en muchos de los casos, sus gobiernos y sus sistemas judiciales también son corruptos. Los poderosos violan la ley con impunidad, mientras que los inocentes son castigados injustamente. Comprendemos de primera mano la importancia de un sistema ecuánime de justicia, donde la ley permita a nuestra sociedad ser más segura y más próspera.

En Estados Unidos nos enorgullecemos a menudo de tener un sistema que garantiza la justicia. Sin embargo, hemos visto también las consecuencias involuntarias de un sistema de justicia ineficaz que no ha reconocido sus fallas en la tarea de rehabilitar adecuadamente a aquellos reclusos que pueden convertirse en miembros productivos de la sociedad cuando sean liberados.

Si creemos en una sociedad libre y abierta, donde el gobierno es efectivo, pero limitado, es esencial que nos dediquemos a reformar nuestro sistema de justicia penal con más inteligencia y deliberación. Por muchas razones, incluido el costo exorbitante del sistema actual, no solo económico sino, lo que es peor, en vidas y en daño a las comunidades. El tiempo que las personas pasan encarceladas no las prepara adecuadamente para regresar y reintegrarse a sus comunidades como miembros productivos de la sociedad. Según un estudio federal, en los primeros cinco años después de su liberación, casi el 75% de los presos estatales fueron nuevamente arrestados. Más de un tercio de esos arrestos ocurrieron dentro de los primeros seis meses, y más de la mitad ocurrieron dentro del primer año. ¿Acaso no podemos hacer más para ayudar a las personas a construir una vida mejor, legalmente, después de su liberación?

Si bien nuestro país representa menos del 5% de la población mundial, tiene casi el 25% de todos los presos que hay en el mundo. La población carcelaria de Estados Unidos es la más alta del mundo, con más de 2,1 millones de personas. Y también tenemos la tasa más alta de encarcelamiento, con 724 personas por cada 100,000. El país más cercano es Rusia con una tasa de encarcelamiento casi 20% más baja. En total, gastamos 80,000 millones de dólares en el sistema carcelario, incluyendo los costos estatales y locales. Y por supuesto, las comunidades hispanas y afroamericanas son las más afectadas. Los hombres hispanos y afroamericanos tienen, respectivamente, 2,5 veces y 6 veces más probabilidades de ser encarcelados que los hombres blancos.

Cuando los reclusos no están preparados para regresar a la sociedad, es muy probable el fracaso, con graves costos para sus comunidades y para ellos mismos. En pocas palabras, todos merecen una segunda oportunidad, o incluso dos. Preparar a alguien para el éxito en una segunda oportunidad no solo beneficiará a esa persona sino también a sus familias y a las comunidades que la recibirán. Reconocer que debemos tratar de mejorar la rehabilitación de los delincuentes es el primer paso para abordar el problema.

La Cámara de Representantes ha comenzado ese proceso al aprobar la Ley del Primer Paso. El proyecto de ley no cambia las penas o veredictos, pero comenzaría a centrarse en la rehabilitación de los reclusos, alentándolos a inscribirse en programas vocacionales y de rehabilitación mientras están en prisión –para que estén preparados para tener éxito cuando se reintegren a la sociedad, ya que el 95% de todos los encarcelados finalmente lo hará–. La Ley de Primer Paso también requiere que los reclusos sean encarcelados más cerca de los miembros de la familia, hecho que mejora las posibilidades de superación, ya que podrán contar con un sistema de apoyo al ser liberados.

El proyecto de ley es consistente con una legislación “inteligente” contra el crimen a nivel estatal, que ha ayudado a reducir las tasas de criminalidad y las tasas de encarcelamiento –lo que ha provocado menos delitos recurrentes y ahorra miles de millones de dólares a los contribuyentes–. Si se convierte en ley, más de 4,000 delincuentes federales de bajo nivel, que no representan una amenaza para la seguridad pública, podrían obtener una versión anterior. Otros que no son una amenaza para la seguridad pública podrían reunirse con sus familias en el futuro.

La realidad es que uno de cada tres adultos estadounidenses tiene algún tipo de antecedente penal, y hay más de dos millones de estadounidenses en cárceles estatales y federales. No todos aprovecharán la oportunidad de construir una vida mejor legalmente, pero la reforma de nuestro sistema penitenciario permitirá darles la oportunidad de pagar sus deudas a la sociedad y de reintegrarlos a nuestras comunidades como miembros productivos. Pero principalmente, quienes hayan tenido que pasar una parte de su vida encarcelados, no tendrán que renunciar a seguir viviendo vidas plenas. Una reforma en nuestra ley actual podrá mejorar la posibilidad de gozar de una vida mejor para muchos que pagaron las consecuencias de sus delitos.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.