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Un llamado a la acción en Nicaragua

El régimen de Ortega apuesta a que la temporada vacacional y las prioridades nacionales evitarán que el mundo se dé cuenta de cuán barbárica ha sido la supresión de la disidencia pacífica. Audaces investigadores de derechos humanos acaban de publicar un informe para garantizar que eso no suceda.
17 Dic 2018 – 2:38 PM EST

El miércoles por la noche, el gobierno de Daniel Ortega mostró sus verdaderos colores una vez más al expulsar unilateralmente dos entidades de derechos humanos vinculadas a la Organización de Estados Americanos. Este último intento por parte del gobierno de silenciar las investigaciones independientes y los informes sobre la violencia y la inestabilidad que ha afectado al país desde abril es una prueba más de que Nicaragua se está hundiendo cada vez más en una maraña de serias violaciones a los derechos humanos y un régimen autoritario.

Su autoproclamado gobierno "revolucionario" sigue traicionando los legítimos deseos democráticos de los nicaragüenses, cuya disidencia pacífica es reprimida con balas y torturas. La comunidad internacional está comenzando a darse cuenta como lo demuestra la aprobación en el Congreso de Estados Unidos la semana pasada de la Ley Magnitsky Nica. Pero se requiere más atención y respuesta por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas y los gobiernos del hemisferio.

Afortunadamente, cuatro valientes líderes de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo de la OEA, reportaron sus hallazgos este viernes, después de seis meses de investigación. Lo que describen es horroroso y brinda evidencia adicional de que el presidente sandinista Daniel Ortega y su vicepresidenta (y esposa) Rosario Murillo, se han puesto abiertamente en contra de su propio pueblo en un intento desesperado por mantenerse en el poder.


Tras recibir inesperadamente permiso del gobierno de Nicaragua para viajar al país, los expertos investigaron los disturbios y la violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018. Durante este proscrito período de seis semanas ocurrió la peor parte de los disturbios civiles en el país, cuando Nicaragua, pobre, pero estable hasta ese momento, descendió al caos rápidamente después de que dos protestas públicas relativamente pequeñas fueron reprimidas con una fuerza desproporcionada y abrumadora por parte de la policía y las unidades paramilitares nicaragüense.

La represión desencadenó continuas protestas a nivel nacional de casi todos los sectores de la sociedad, incluyendo estudiantes, ecologistas, pequeños agricultores y feministas —muchos de los cuales apoyaron en su momento a los Ortega— así como muchos en la Iglesia Católica y el sector privado que habían logrado varios acuerdos con los Ortega en estos años.

Con el mandato para investigar casos de presuntas violaciones a los derechos humanos, los expertos también escucharon los alegatos del gobierno de que todo el episodio había sido culpa de extremistas ideológicos conservadores, respaldados por Washington e "imperialistas capitalistas" no especificados, que intentaron debilitar la revolución sandinista y forzar un cambio de régimen.

Aunque el gobierno de Nicaragua toleró la presencia de los investigadores, no cooperó con su misión. La información que los abogados de derechos humanos solicitaron se les negó o se les prometió, pero nunca se les proporcionó. Al grupo de expertos no se le permitió el acceso a ninguna autoridad gubernamental.

Sin embargo, sí hablaron con las víctimas. Sus testimonios son tanto perturbadores como demoledores en sus acusaciones al régimen de Ortega. En resumen, describen una situación de abuso deliberado de autoridad por parte del estado.

Los sobrevivientes de la represión hablaron sobre sus experiencias y el duro trato recibido por parte del gobierno, mientras buscaban la verdad sobre sus seres queridos desaparecidos y justicia para su país. Comentaron sobre las condiciones de encarcelamiento y maltrato por parte de los carceleros. Contaron cómo el temor a las represalias les impidió enterrar a sus seres queridos muertos.

El informe del grupo examina más de cien casos de asesinatos, desplazamientos, encarcelamientos y torturas llevados a cabo por el gobierno durante el período de abril a mayo. Describe el contexto en el que el régimen de Ortega ha debilitado intencionalmente las instituciones nominalmente democráticas — policía, fiscales, tribunales, lo cual ha dado pie a la impunidad generalizada de los agentes estatales responsables de las violaciones. De todos los casos examinados, solo nueve han ido a juicio. No es de extrañarse que varios de ellos involucren al gobierno que procesa a los disidentes y manifestantes que califica de "terroristas".

Tras esta brutal represión, el gobierno de Ortega ha debilitado aún más el movimiento de protesta democrático y pacífico al criminalizar sus intentos de expresar cualquier crítica de forma pública. Ortega y su congreso títere se apresuraron a aprobar leyes que ahora definen como terrorismo casi cualquier protesta contra el gobierno, una supresión total de los derechos a la libertad de expresión y reunión que se expresan en la constitución nicaragüense. La semana pasada, a una serie de importantes organizaciones de la sociedad civil, incluyendo grupos de derechos humanos, periodistas independientes y grupos de expertos, les revocaron su estatus legal y saquearon sus oficinas.

Los expertos de la OEA examinaron 14 casos relacionados con la criminalización de la protesta y descubrieron que los fiscales nicaragüenses y el poder judicial violaron las garantías del debido proceso en todos los casos.


Finalmente, el informe de los expertos hace una serie de recomendaciones que sirven como una hoja de ruta para que Nicaragua y la comunidad internacional restauren en el país una apariencia de orden civil transparente y democrático. La más importante de estas recomendaciones es la formación de una procuraduría especial compuesta por investigadores y fiscales nacionales e internacionales para garantizar una rendición de cuentas fructífera.

Entre las razones por las que este informe debe tomarse muy en serio está la credibilidad de sus autores. Claudia Paz y Paz es la ex Fiscal General de Guatemala que enjuició al ex caudillo de ese país — Efraín Ríos Montt — por genocidio en su país. Amérigo Incalcaterra tiene una amplia experiencia trabajando en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y se desempeñó como Comisionado Adjunto de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Sofía Mache es una defensora peruana de los derechos humanos que ha servido en la Comisión de la Verdad de su país y Pablo Parenti es un fiscal federal argentino con dos décadas de experiencia en la lucha contra crímenes de lesa humanidad.

Su trabajo en Nicaragua es un ejemplo para todos los que creen que los derechos humanos trascienden las divisiones ideológicas y políticas, y que todos los gobiernos, incluso las dictaduras militares revolucionarias progresistas o conservadoras, deben cumplir los estándares universales de tratamiento de sus ciudadanos. Ahora es el momento para que la comunidad internacional siga el ejemplo de la Comisión Interamericana y el liderazgo del Secretario General de la OEA y se una a las víctimas de la represión en Nicaragua para exigir justicia y respeto por sus derechos humanos básicos.

Eric L. Olson es un experto en seguridad y derechos humanos de América Latina y Director de la Plataforma Centroamérica - DC de la Fundación Internacional de Seattle. John Feeley fue Embajador de los Estados Unidos en Panamá y es consultor de Univision.

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