Trabajando juntos para modernizar nuestro sistema migratorio

Uno de nosotros es un congresista de los Estados Unidos; el otro, un inmigrante indocumentado. Ambos somos abogados. Uno de nosotros pasó muchos años como fiscal; el otro se dedica a defender a las familias de militares y de inmigrantes.

Pero la semana pasada hicimos algo que no se da mucho hoy en día: hablamos honesta y respetuosamente. Y al hablar de nuestras experiencias nos dimos cuenta de que tenemos más cosas en común de las que creíamos.

Ambos podemos rastrear nuestra presencia en esta gran nación hasta nuestros ancestros inmigrantes. El bisabuelo de Dan Donovan llegó a Estados Unidos de Irlanda sin documentos o aprobación formal. La madre de César Vargas lo trajo desde México sin autorización cuando él tenía cinco años.

Estamos de acuerdo en que las personas que quieren hacernos daño no tengan el privilegio ni el derecho de quedarse, y en que las autoridades federales deben perseguirlos. Pero también estamos de acuerdo en que muchos inmigrantes indocumentados no son delincuentes violentos, y no están aquí solamente para aprovecharse de todo lo que ofrece nuestro generoso sistema.

De hecho, los residentes indocumentados pagan 11,740 millones de dólares anuales en impuestos locales y estatales, una cantidad que se incrementaría significativamente si a estos inmigrantes se les concediera un camino a la ciudadanía, de acuerdo con un nuevo reporte del Instituto de Impuestos y Política Económica.

Muchos de ellos, como Vargas, tratan de sacar lo mejor de una situación involucrándose con organizaciones que contribuyen a la sociedad. No es un uso productivo de los limitados recursos federales ir indiscriminadamente en contra de todos los inmigrantes indocumentados para expulsarlos del país.

También estamos de acuerdo en que no podemos elegir cuáles leyes obedecer. Las leyes de inmigración que se aprobaron adecuadamente deben ser ejecutadas, y aquellos que no siguieron un procedimiento legal para entrar a Estados Unidos no pueden obtener la ciudadanía o alcanzar un estatus legal sin pagar algún tipo de multa.

Millones de personas que buscan entrar al país de manera legal continúan esperando en el limbo, y eso es prueba de un sistema migratorio fallido. Entendemos la necesidad de modernizar nuestras leyes para dar prioridad a la seguridad nacional a la vez que reconocemos el fuerte impacto humanitario que estas reformas podrían tener.

Cualquier solución debe incluir la seguridad de la frontera. No es inhumano que un país soberano sepa quién entra y quién sale.

Es verdad que la definición de quién entra legalmente ha cambiado con la evolución de las leyes migratorias para ponerse a tono con las preocupaciones de cada época. Hace décadas, por ejemplo, cuando miles de inmigrantes llegaron a Estados Unidos, no era un requisito tener acá una familia o tener una relación de empleo con alguien en el país, ni había el requerimiento de obtener una visa antes de llegar, como ahora.

La Isla Ellis está llena –obviamente– de historias de inmigrantes europeos que volteaban su chamarra al revés para que no se viera la marca que les habían puesto indicando que debían ser deportados.

Un sistema moderno debe considerar a los inmigrantes que vienen aquí a educarse y a crear empleos. Es ilógico dar residencia temporal a gente brillante del extranjero que estudia en nuestras universidades solo para enviarla de regreso sin darle una oportunidad de hacer uso práctico de esa educación aquí mismo.

Mientras el Congreso debate una forma inteligente de vigilar la seguridad de nuestras fronteras, podría crear de una vez un sistema rigoroso pero justo para que la población indocumentada pueda adquirir un estatus legal –o incluso la ciudadanía–, especialmente aquellos que como Vargas que entraron al país siendo niños y han establecido familias y desarrollado carreras productivas en el país.

Para nosotros, la inmigración no es solamente un asunto político que observemos desde lejos: es algo que está intrínseco en cada aspecto de nuestras vidas. Nuestras familias vinieron de Irlanda, Polonia y México, pero nuestro hogar es Estados Unidos.

Llegaron aquí con poco conocimiento del inglés y realizando empleos poco glamorosos con la esperanza de ver a su hijo y a su bisnieto graduarse algún día de la escuela de leyes y usar sus dones divinos para mejorar a la nación que aman.

Ya sea que hayan cruzado el Océano Atlántico o la frontera, nuestros seres queridos viajaron miles de millas para obtener una vida mejor. ¿Acaso no es ese el Sueño Americano?

Ambos llegamos a nuestra reunión con nociones preconcebidas de lo que el otro diría o creería. Después de todo, muchos debates políticos se limitan a obstruir en lugar buscar una cooperación constructiva. Pero teníamos que sentarnos y escuchar.

Todos fracasamos cuando ambos bandos en un debate de inmigración se retiran a sus esquinas y castigan a aquellos que piensan distinto que ellos. Unas fronteras abiertas no son seguras ni prácticas, pero criminalizar a la gente simplemente por su religión o su etnia es muy riesgoso.

Si continuamos gritándonos unos a otros, nuestros problemas jamás tendrán soluciones. Ambos venimos de diferentes antecedentes y aún diferimos en un montón de cosas, pero al menos estamos teniendo estas conversaciones.

Hagamos más de esto en todo el país.

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César Vargas es codirector de la Coalición de la Acción para el Sueño y es el primer abogado abiertamente indocumentado en practicar la ley en el Estado de Nueva York. Donovan, el único representante republicano de la Ciudad de Nueva York, colabora en el Comité para la Seguridad Nacional así como en el Comité de Asuntos Foráneos de la Cámara de Representantes.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.