Por qué Texas quiere eliminar votantes hispanos

Extremistas republicanos reanudaron su turbia campaña para suprimir a miembros de minorías, especialmente hispanos, de las listas de votantes en Texas. La campaña se ha frenado porque líderes y activistas hispanos detectaron la maniobra de inmediato, la denunciaron en los medios y presentaron una oportuna demanda judicial. Pero con toda certeza se reanudará si esos líderes y activistas se duermen en los laureles o pestañean.

La manipulación trascendió cuando el diario Texas Tribune informó que el secretario de estado, David Whitley, había descubierto que 95,000 personas se habían inscrito ilegalmente en la lista de votantes estatales y que 58,000 de ellas habían votado en las elecciones generales de 2016. El fiscal general texano, Ken Paxton, de inmediato se hizo eco de la farsa enviando un tuit de “Alerta sobre Fraude Electoral”, en el que repitió el infundio de Whitley y moralizó con hipocresía, afirmando que “cada caso de voto ilegal amenaza nuestra democracia”. Ni corto ni perezoso, el Presidente Trump se sumó a la bufonada, tuiteando a su vez: “58,000 no ciudadanos votaron en Texas, con 95,000 no ciudadanos inscritos para votar. Estos números son la punta del iceberg”.

Pero era una mentira grotesca. Consciente de que lo era, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, demandó al gobierno texano para que cesara de purgar votantes de las listas que tienen los condados. “No hay fraude electoral en Texas”, declaró el presidente de LULAC, Domingo García, al anunciar la demanda. “Es una mentira, repetida una y otra vez para suprimir votantes de minorías y la vamos a combatir”.

Como Texas –al igual que todos los estados sureños– tiene un largo historial de discriminación y exclusión de las minorías del poder político, no puede eliminar de manera directa a electores de las listas. Pero Whitley y Paxton encargaron la sucia tarea a los condados, los cuales sí están autorizados para hacerlo. La demanda de LULAC al parecer obligó a Whitley a llamar a los jefes condales de elecciones y pedirles que detuvieran la “revisión” de votantes. Algunos de esos jefes a su vez revelaron a periodistas que Whitley les había confesado que “exageró la cuenta” (overstated) de votantes ilegales que dio en un principio.

En realidad, Whitley no solo exageró sino que manipuló la verdad con fines políticos. No hay 95,000 electores ilegalmente inscritos en Texas, como aclaró García. Y el número de 58,000 que supuestamente votaron en 2016 se extrajo de una revisión de las listas de votantes durante más de 20 años, dato que los extremistas ocultaron a los medios y por consiguiente al público al que intentaban manipular. Lisa Wise, gerente de elecciones del condado de El Paso, examinó los 4,152 nombres de supuestos votantes ilegales que le envió Whitley. Enseguida comprendió que se hallaba frente a una burda manipulación. En la lista aparecía un miembro de su propio equipo de trabajo que se hizo ciudadano en 2017. Los mismos autores de la farsa ya restituyeron a 20,000 votantes de los que habían incluido en la lista negra.

Esa sí es la punta del iceberg de un fraude premeditado para purgar o intimidar a votantes que, según la mentalidad primaria de los extremistas republicanos, por su origen étnico o su condición de inmigrantes, se inclinarían a votar por candidatos demócratas en Texas. Se trata exactamente del mismo fraude que republicanos radicales habían perpetrado antes no solo allí sino también en Georgia, Florida y otros estados que controla el GOP. ¿Por qué osan hacerlo? Porque, a diferencia de los republicanos moderados, los extremistas creen que el partido ya no puede ganar elecciones de alcance nacional formando una coalición de votantes que incluya a grandes cantidades de hispanos, afroamericanos e inmigrantes recién naturalizados. Es una visión pesimista de la competencia por el poder. Pero le ahorra al partido el extraordinario esfuerzo de conciliar los intereses de xenófobos y racistas por un lado –lo que con eufemismo llama “su base”– y minorías e inmigrantes por otro.

En el caso concreto de Texas, la inesperadamente reñida contienda entre Ted Cruz y Beto O’rourke el año pasado ha puesto muy nervioso al establishment republicano. El senador Cruz le ganó a su retador demócrata, un virtual desconocido, apenas por 214,921 votos. Y el GOP se vio obligado a invertir grandes sumas de dinero para lograr su reelección. El nerviosismo republicano es aún mayor habida cuenta de que, en menos de tres años, la población hispana de Texas sobrepasará a la no hispana según las predicciones de la Oficina Nacional del Censo.

Lo más grave de la estrategia antidemocrática de suprimir votantes es que de todos modos funciona aunque eventualmente se descubra y se denuncie. Algunos medios reproducen las mentiras de los supresores sin hacer un esfuerzo genuino por verificarlas. Esto causa ansiedad e instiga temor entre los votantes que son blanco de la manipulación, la cual incluye la revisión minuciosa de sus documentos de identidad antes de que puedan votar de nuevo. La demanda que presentó LULAC ha frenado esa revisión. Pero solo un castigo ejemplar a los supresores, avalado por las cortes, les hará pensárselo dos veces antes de continuar su asalto vergonzoso y sistemático al derecho al voto de todos los estadounidenses elegibles para hacerlo, independientemente de su filiación política o de su origen étnico o nacional.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es). Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.