No por mérito sino por amiguismo, la Ley Jones sigue en vigencia y haciendo daño

Este año, el Congreso tiene la oportunidad de eliminar una barrera comercial costosa y dañina al revocar la Ley Jones. Esta es una ley que lleva más de un siglo en vigencia, que ha aumentado los costos de envío, reducido la competencia e inhibido las oportunidades económicas.

Promulgada como una forma de fortalecer la industria marítima de Estados Unidos a raíz de la Primera Guerra Mundial, la legislación exige que el transporte de carga entre los puertos de Estados Unidos sea realizado por vehículos de origen e índole estadounidense, y registrados con tripulaciones que sean mayormente estadounidenses. Estas reglas arcaicas han sobrevivido como resultado de cualquier justificación y perjudican a todos los estadounidenses, elevando los costos y enriqueciendo a un electorado políticamente influyente.

Aunque todos los estadounidenses se ven afectados, la ley golpea más severamente las áreas aisladas que dependen en gran medida del envío marítimo (en lugar de camiones u otro tipo de transporte), como los puertorriqueños, los hawaianos y los residentes en Alaska.

Los impactos negativos de la Ley Jones se observan claramente cuando los estadounidenses se ven obligados a responder a desastres naturales. Por ejemplo, cuando los huracanes Harvey e Irma causaron daños severos en Houston, Puerto Rico y otros lugares, las exenciones de la Ley Jones se otorgaron rápidamente porque la ley dificulta la entrega de bienes esenciales y aumenta el costo de la recuperación.

Esto plantea la pregunta: si reconocemos los problemas con la Ley Jones después de un desastre, ¿por qué seguir bajo el dictamen de esta ley ruinosa? La derogación de la ley sería particularmente ventajosa para los puertorriqueños, quienes aún se están recuperando de los efectos del huracán María, que devastó la isla caribeña hace menos de dos años.

La economía ya débil de Puerto Rico paga costos de importación dos veces más altos que las islas vecinas debido a la Ley Jones. Esto significa que el envío de un contenedor de 20 pies desde el territorio continental de Estados Unidos a Puerto Rico cuesta 3,063 dólares; el envío del mismo contenedor desde el mismo punto de partida pero destinado a la República Dominicana costaría 1,504 dólares, de acuerdo con un estimado de la Reserva Federal de 2012.

Pero no solo las posesiones estadounidenses remotas se beneficiarían de la revocación. Según el Instituto CATO, los contribuyentes podrían ahorrar decenas de miles de millones de dólares. La Ley Jones también puede contribuir a aumentar la congestión del tráfico al fomentar un mayor uso de camiones de remolque para el transporte de mercancías, incluso cuando el transporte por agua sería más rápido y más asequible.

El senador Mike Lee (R-Utah) introdujo recientemente una legislaciónque permitiría a todos los buques calificados transportar mercancías entre puertos de Estados Unidos, Independientemente de si el buque es de propiedad y operación de Estados Unidos o si la mayoría de la tripulación es estadounidense. Esta solución tan esperada significaría que otros buques podrían transportar mercancías a una tasa más baja y luego transferir esos ahorros en forma de precios más bajos para los consumidores.

La derogación beneficiaría a los consumidores y productores en todo el país. The Heritage Foundation observó en un informe de 2010 que algunos agricultores de Estados Unidos estaban eligiendo comprar cereales de lugares tan lejanos como Argentina en lugar de comprarlo a los productores de los Estados Unidos porque la Ley Jones hacía que el envío dentro de Estados Unidos fuera demasiado costoso.

Esta reliquia de una época pasada es un caso clásico de subsidios corporativos, en el que un grupo de interés bien conectado se beneficia de todos los demás, destruye la competencia, reduce las oportunidades económicasy contribuye a la percepción del público de que el sistema está preparado para beneficiar a unos pocos. Podemos constatar esto en la forma en que algunos territorios de Estados Unidos están exentos de algunas o todas las características de la Ley Jones, mientras que otros lugares aún deben cumplir con estos mandatos de mano dura.

Tristemente, cada vez que el Congreso ha tratado de eliminar permanentemente la Ley Jones, los legisladores se enfrentan a una dura oposición de un poderoso lobby decidido a proteger sus intereses.

Florida ha tenido durante mucho tiempo una relación cercana con la gente de Puerto Rico. Durante generaciones, los puertorriqueños han estado visitando a Florida para comerciar y gozar de actividades recreativas. Más recientemente, miles de puertorriqueños se han estado mudando al centro de Florida en busca de mayores oportunidades económicas y un refugio contra desastres naturales. Una estimación reciente concluyó que la población puertorriqueña de Orlando aumentó 30% entre 2010 y 2016.

La legislación del senador Lee no pondrá fin a los subsidios corporativos y no puede acelerar la recuperación de Puerto Rico. Pero después de casi 100 años de vigencia de la Ley Jones, seguramente ayudaría en ambos aspectos.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.