No necesitamos ciudades santuario, necesitamos reforma migratoria

“El tema de las ciudades santuario es una discusión importante, pero cada segundo gastado en ella es un segundo no invertido en soluciones permanentes que llevarían nuestra política de inmigración al siglo XXI”.

Oficina del Servicio de Naturalización e Inmigración.
Oficina del Servicio de Naturalización e Inmigración.
Imagen Getty Images

Uno de los temas que causa más debate en nuestros días –y que sin duda se pondrá aún más caliente en las semanas y meses por venir– es el tema de las ciudades santuario.

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¿Será que las ciudades santuario son un desafío existencial a la institución del gobierno federal y el Estado de Derecho o será que representan una forma definitiva de desobediencia civil?

No hay una definición universalmente establecida para describir legalmente lo que es una ciudad santuario. Usualmente, el concepto de ciudad santuario se aplica a cualquier municipio que prohíbe a sus agencias y fuerzas policiales cooperar con los funcionarios federales de inmigración, específicamente de ICE, e informar cuando arrestan o detienen a personas indocumentadas.

La semana pasada el Fiscal General Jeff Sessions elevó el tono del debate cuando amenazó con retirar fondos federales a las ciudades, condados, e incluso algunos estados, que se nieguen a cumplir con las solicitudes federales de detención y deportación de inmigrantes. Otras medidas punitivas están siendo exploradas.

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Quienes apoyan a las ciudades santuario citan un aumento en los niveles de confianza y cooperación entre las comunidades indocumentadas y la policía y otras fuerzas de seguridad locales, lo que permite tener comunidades más seguras. También señalan, con razón, que las ciudades santuario protegen a los inmigrantes indocumentados de un trauma excesivo por temor a la deportación y a las incursiones de ICE –algo que yo he presenciado de primera mano una y otra vez–.

Por el otro lado, quienes se oponen hablan de una lista de criminales violentos devueltos a las calles, y que debían haber sido deportados. Está también la cuestión de la anarquía. Si un inmigrante indocumentado viola la ley, es lógico que se le aplique la ley; que se haga a esa persona responsable de todas las leyes que él o ella rompió, no sólo de algunas.

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Después que la revista Time publicó a principios de marzo un artículo sobre mi iglesia, New Seasons Christian Worship Center en Sacramento, California, diciendo que estábamos ofreciendo “safe haven” ("refugio seguro") para cualquier persona que está experimentando ansiedad o temor extremo –incluyendo a aquellos que carecen de documentación apropiada– nuestra comunidad se ha visto en el centro de este debate.

Excepto que nosotros somos una iglesia, no una ciudad, y las iglesias se han ganado el derecho de estar en el medio entre la política del gobierno y la aplicación de la ley en situaciones como estas. Se trata, en la práctica, de la separación de la iglesia y el estado. Es un asunto completamente distinto cuando las ciudades eligen qué leyes aplicar y qué leyes no aplicar.

Pero hay un problema más grande. En lugar de resolver nuestros problemas de inmigración, el debate de las ciudades santuario ha creado una distracción que impide a los partidarios de la reforma migratoria integral presentar un frente unificado. Es un mal uso del capital político y, al final, si no abordamos la guerra, estas batallas persistirán.

El tema de las ciudades santuario es una discusión importante, pero cada segundo gastado en ella es un segundo no invertido en soluciones permanentes que llevarían nuestra política de inmigración al siglo XXI.

Si logramos una reforma migratoria comprensiva a nivel federal, podríamos eliminar por completo el incentivo político a las ciudades santuario. Esta no solo es nuestra primera prioridad. Debería de ser nuestra única prioridad a nivel federal.

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En este debate debemos siempre mantener en equilibrio dos de los grandes ideales estadounidenses: la santidad de la vida y el Estado de Derecho. Debemos recordar que muchos inmigrantes indocumentados huyeron de países donde el imperio de la ley se ha roto, dejándolos vulnerables e inseguros. Por lo tanto, les debemos a nuestros ciudadanos y a nuestros inmigrantes, el mantener la seguridad en nuestras calles. Eso comienza con la aplicación de todas nuestras leyes. Y si nuestras leyes no funcionan, depende de nuestros funcionarios electos cambiarlas. ¡Y depende de nosotros asegurarnos de que no duerman hasta que lo hagan!

Permítanme decirlo de nuevo: Congreso, les exhorto de la manera más fuerte posible a que pasen una reforma migratoria integral.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.