La reforma del sistema de justicia penal ahorra dinero y salva vidas

Durante el debate que precedió a la aprobación del Affordable Care Act, había mucho entusiasmo entre políticos y expertos acerca de cómo la reforma revertería el costo desmedido del cuidado de salud. La teoría era que el cambio en la ley resultaría en una reducción de costos o, al menos, en una reducción en su tasa de crecimiento.

Las evidencias señalan con mucha claridad que la reducción en el costo nunca llegó - principalmente por proponer reformas incorrectas que nunca lograrían el objetivo –y ahora la sobrecarga de elevados precios ha empeorado para todos–. Sin embrago, existe un tema de política pública donde cambios reales no solo pueden reducir la curva de costos, sino también crear un sistema más justo y razonable: la justicia penal.

Hasta hoy, estas propuestas legislativas han sido impulsadas principalmente por los estados.

La más reciente historia de éxito es en el estado de Luisiana, donde los legisladores aprobaron un conjunto de leyes este año que permitirán al estado un significativo ahorro de 250 millones de dólares durante los próximos diez a ños. Estos fondos, que antes eran asignados o distribuidos a las prisiones, ahora se dedicaran en mantener exprisioneros fuera de la cárcel y en asistir a las víctimas de crímenes.

Esta sí que es una mejor forma de administrar el dinero, en lugar de seguir aumentando los presupuestos de las prisiones todos los años como fue previsto por muchos expertos hace casi una década.

Sin embargo, un grupo de gobernadores, legisladores, y expertos en política pública acordaron seguir una dirección más efectiva y, trabajando por encima de las divisiones ideológicas y de partido político, lanzaron un movimiento que comenzó a expandir el uso de cortes de drogas, a racionalizar las penas por ofensas no violentas y a reducir la posibilidad de reincidir el encarcelamiento.

Pero también de paso, este esfuerzo ha producido ganancias que exceden los ahorros para los contribuyentes de impuestos y el crecimiento de la economía. También ayuda a fortalecer a las familias y las comunidades, permitiéndoles otra oportunidad a los que han cometido un error. Este esfuerzo ayuda a remendar hogares disfuncionales, ofreciéndole a aquellas personas otra oportunidad de lograr su Sueño Americano, en vez de desperdiciar años de sus vidas. Es de considerable importancia que estos cambios mejoren a nuestra nación.

No es casualidad que la tasa de criminalidad ha disminuido durante casi tres décadas en contradicción con las alarmistas noticias de quienes quisieran que creamos sus relatos. Hoy en día los estadounidenses están más seguros de lo que hemos estado en décadas.

Aunque en casos en donde se han implementado reformas en relación al sistema de justicia penal la población carcelaria ha disminuido al igual que las tasas de crimen, debería preocupar que esos logros no son uniformes en todos los sectores de la sociedad estadounidense. Este es un tema que repercute en los latinos, quienes tienen más probabilidad de enfrentarse con el sistema de justicia penal.

Según el Tomás Rivera Policy Institute de la Universidad del Sur de California (USC), los latinos con menos de treinta años de edad son tres veces más propensos a ser víctimas de un homicidio, en comparación con los hombres de raza blanca del mismo grupo de edad.

Mientras los estados han estado a la vanguardia de las reformas del sistema de justicia penal, también existen oportunidades concretas para que el Congreso mejore el sistema federal.

Los Senadores Mike Lee (R-Utah) y Sheldon Whitehouse (D-RI) están tan separados ideológica y geográficamente como cualquier otro par de senadores podrían estarlo, sin embargo, ambos exigen cambios al sistema de justicia penal que beneficiarían a los hispanos y a todos los estadounidenses.

Entre los cambios necesarios a nivel federal la reforma de sentencias es la mayor prioridad. En muchas ocasiones dentro de las cortes federales la condena no concuerda al crimen. El Congreso necesita revocar las condenas mínimas obligatorias que producen castigos desproporcionados y darles más flexibilidad a los jueces. En vez de atar las manos de las cortes, el Congreso debería permitir que las penas sean decididas a nivel local.

Para los que están egresando de prisión después de cumplir su condena, necesitamos mejores programas y políticas de rehabilitación, incluyendo protecciones para personas encarceladas con una fianza sin la capacidad de poder pagarla. Es muy común tener personas inocentes en prisión simplemente porque no pudieron pagar la alta fianza. El camino recorrido nos enseña que un significativo número de estas personas pierden sus trabajos y sus familias sufren, innecesariamente. Las secuelas del arresto, detención, y encarcelamiento son numerosas, y disminuirlas es el mayor reto de los legisladores. En definitiva, la prisión es para los criminales, no para los pobres.

La verdad es que necesitamos menos leyes. El exceso de mecanismos legales ha criminalizado demasiadas actividades que no perjudican a nadie. Existen tantas ilegalidades que, de hecho, muchas personas son arrestadas por crímenes que ellos no sabían que estaban cometiendo.

Asombrosamente, nadie está seguro de cuantas leyes criminales existen, incluso menos saben cuántas regulaciones federales existen que conllevan penas criminales. Esto crea un sistema de justicia selectiva que es contrario al ideal estadounidense de igualdad de justicia bajo la ley.

Como hemos visto en estado tras estado, la reforma del sistema de justicia penal ahorra dinero, pero también salva vidas. El Congreso y los estados que todavía no se han movido hacia adelante necesitan activarse.

Nota: L a presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.