La hora de los soplones

No es coincidencia que uno o más ' whistleblowers', soplones o informantes se hayan convertido de pronto en protagonistas de los esfuerzos por restablecer el equilibrio de poderes y el estado de derecho en Estados Unidos. El ' whistleblowing' tiene una larga, ilustre y noble tradición en el país, habiendo comenzado por lo menos en 1773, cuando un informante filtró cartas del gobernador real Thomas Hutchinson que provocaron un despido, un duelo y la potencialmente decisiva incorporación a la causa independentista de Benjamín Franklin.

Desde 1778, ya en plena república, se han adoptado literalmente decenas de leyes y estatutos federales y estatales que protegen e incluso estimulan a los soplones que denuncian corrupción y abuso de poder en cualquier gobierno o industria privada. Y cada 30 de julio el país celebra el “Día Nacional de la Apreciación del Informante”.

La tradición por lo general constructiva del 'whistleblowing' no debe confundirse con la del “chivato” en las dictaduras de las que muchos de nosotros escapamos algún día. El chivato es un cobarde y oportunista redomado que escala posiciones u obtiene prebendas a expensas de la persecución y el sufrimiento de opositores y disidentes políticos.

En la democracia estadounidense, se define al informante como una persona que tiene motivos para creer que su empleador ha violado alguna ley o regla, iniciado un proceso legal para exponerlo con protección de las autoridades o que se ha negado a violar la ley.

Los abogados de Washington Andrew Bakaj y Mark Zaid representan por lo menos a dos funcionarios de la inteligencia de Estados Unidos que han denunciado que el presidente Trump instó a su homólogo de Ucrania a investigar a su rival demócrata, Joe Biden, y al hijo de éste, Hunter Biden, a cambio de ciertos favores políticos, incluyendo el recibirle en la Casa Blanca y el continuar enviándole ayuda militar para defenderse de la voracidad imperialista de Vladimir Putin.

Abrumado por las evidencias, Trump se ha visto obligado a admitir que hizo el planteamiento, aunque niega que haya sido un quid pro quo o “una cosa por la otra”, algo que la ley prohíbe de forma explícita.

Tres comisiones de la Cámara de Representantes investigan las confidencias del primer informante y pudieran hacer lo mismo con las del segundo. Mientras no concluyan sus investigaciones, sería imprudente calificar la veracidad y trascendencia de las denuncias.

Pero podemos afirmar que informantes como esos funcionarios tienen importantes derechos y responsabilidades. Entre sus derechos están el de ser escuchados y el de recibir protección de su identidad y contra cualquier tentativa de represalia.

Entre sus responsabilidades se halla la de formular sus denuncias mediante los mecanismos que estipula la ley, no para perseguir intereses personales, sino para promover el interés y el bienestar públicos.

Así como Estados Unidos tiene una antigua tradición de ' whistleblowing' o denuncia pública, también la tiene de represión contra los informantes. Una de las más notorias fue la creación de un “manual contra soplones” durante el gobierno forajido del presidente Richard Nixon en los años 70.

El manual estipulaba represalias típicas de las dictaduras, tales como el reasignar a los soplones a lugares remotos, degradarles, quitarles responsabilidades laborales y someterles a pruebas psiquiátricas. Huelga decir que el gobierno federal, a través de las oficinas de inspectores generales, tiene la obligación esencial de proteger de estos y otros abusos de poder a los informantes que están denunciando al presidente Trump. Como también la tienen la Cámara de Representantes y el Senado.

Gracias a las oportunas denuncias de informantes, los estadounidenses nos hemos enterado y defendido de extraordinarios abusos de poder y felonías. Un informante denunció cómo las compañías tabacaleras usaban altos niveles de nicotina en los cigarrillos para convertir en adictos a millones de fumadores, ignorando las consecuencias potencialmente letales para su salud.

Otro informante ayudó a derrocar al presidente Nixon, denunciando las acciones ilegales de su gobierno. Un tercero filtró los ' Pentagon Papers', los cuales demostraban las malas decisiones políticas y militares y el encubrimiento que prolongaron la guerra de Vietnam.

Una cuarta persona denunció los amoríos en la Casa Blanca del presidente Clinton con la pasante Monica Lewinsky y el uso ilegítimo del Servicio Secreto para encubrirlo. Otro soplón reveló la profunda y arraigada corrupción en el Departamento de Policía de Nueva York y su hazaña se contó en el clásico del cine Serpico.

Recientemente, Edward Snowden denunció el descomunal fisgoneo de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, a ciudadanos del mundo entero, incluyendo a los estadounidenses, una flagrante violación de nuestras leyes de privacidad. La lista es interminable.

Se me dirá que funcionarios federales como los que están denunciando a Trump prometieron discreción y secreto cuando ocuparon sus cargos. Eso es muy cierto. Pero también lo es que tales compromisos no justifican el que se queden callados o hagan la vista gorda cuando creen haber presenciado delitos graves.

Tras las denuncias de los informantes, Trump ha reconocido que pide ayuda a gobiernos extranjeros contra su rival Biden. Las investigaciones en la Cámara determinarán si, efecto, su conducta equivale a la grave transgresión que inspiró las denuncias de los informantes.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es). Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.