Florida sabotea el derecho de los exconvictos a votar

En noviembre, los votantes floridanos, por amplia mayoría, corregimos el histórico agravio mediante el cual se ha privado del derecho al voto a millones de exconvictos en nuestro estado. La prohibición data de los tiempos de las leyes racistas de Jim Crow. Era una de muchas que Florida adoptó para privar del voto a los negros, quienes se hallan desproporcionadamente representados en la población carcelaria, lo mismo que los hispanos. Lamentablemente, la Legislatura estatal controlada por los republicanos aprobó nuevas restricciones cuyo objetivo es mantener el statu quoen flagrante violación de la voluntad democrática de los electores estatales.

En una decisión puramente partidista, el parlamento floridano, matusalénica institución donde las hay, decidió condicionar el voto de los expresidiarios a que estos paguen cualesquiera multas y costos judiciales pendientes en sus procesos. Esta decisión impedirá empadronarse a cientos de miles del millón 400,000 floridanos que han pasado por las prisiones estatales, la mayor cantidad de exconvictos que tiene un estado. Y constituye una violación del espíritu y la letra de la Enmienda 4 a la constitución estatal que aprobamos casi siete de cada 10 electores el año pasado. Se supone que esta enmienda restablezca el derecho al voto de los expresidiarios “después que éstos completen todos los períodos de su sentencia incluyendo el de libertad condicional o bajo palabra”, a excepción de aquellos “convictos de asesinato o de un delito sexual criminal”.

¿Por qué los republicanos quieren continuar privando del voto a los exconvictos? Porque temen que la mayoría vote por sus adversarios demócratas y contribuya a cambiar el equilibrio de fuerzas políticas que se ha mantenido en el estado durante más de dos décadas. Al igual que en otros estados conservadores, los republicanos han mantenido el poder político en Florida, en parte, mediante el rediseño oportunista de los distritos electorales y las leyes de supresión de votantes, como la que ahora han adoptado contra los exconvictos, contraviniendo la voluntad popular.

Estas tretas a la vez se derivan del temor de los republicanos a que sus actuales ideas de gobierno no sean lo suficientemente convincentes o atractivas como para conquistar las amplias coaliciones que se han hecho necesarias para ganar elecciones en nuestra cada vez más diversa y contenciosa democracia. Son una tácita confesión de debilidad ideológica. Pero ni en Florida ni en ningún otro estado el Partido Republicano puede continuar dependiendo de la política del miedo en general y de la supresión de votantes en particular sin diezmar seriamente nuestra democracia.

Los republicanos de Florida saben que la inmensa mayoría de los exconvictos son personas de escasos recursos económicos que difícilmente pueden pagar multas u honorarios de la corte mientras se afanan en iniciar nuevas vidas como personas libres. La restricción, por consiguiente, está fríamente calculada. Se aviene a la decisión en 2011 del entonces gobernador republicano y hoy senador, Rick Scott, y su gabinete de imponer un periodo mínimo de espera de cinco años antes de que los exreclusos pudieran solicitar su derecho al voto. Este proceso se ha hecho tan complicado burocráticamente que apenas 3,000 exconvictos se habían empadronado a fines del año pasado.

Lo que suceda en nuestro estado con estas restricciones abusivas y antidemocráticas debería despertar la atención nacional. Otra docena de estados conservadores, la mayoría sureños, también privan del derecho al voto a los exconvictos de manera indefinida o mucho tiempo después de que éstos han cumplido sus condenas. Se estima que seis millones de antiguos presidiarios carecen del derecho al sufragio a nivel nacional. Y otras legislaturas conservadoras consideran medidas similares a las que ha adoptado Florida.

Es debatible si es justo que los reclusos tengan derecho al voto mientras cumplen condenas por haber realizado acciones ilegales, como sucede en Maine y Vermont. Pero no lo es que recuperen ése y otros derechos una vez que han expiado sus condenas, como sucede en otros catorce estados. El restablecer el derecho al voto de los exconvictos es consecuente con el sistema reformativo de justicia que se supone hemos adoptado en este país. La retribución o venganza, en cambio, no es justicia sino más bien su negación. Y apelar a la retribución con fines políticos es una forma particularmente deleznable de injusticia.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es). Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.