En la lucha contra la impunidad es importante el proceso

“Independientemente de su culpabilidad o su inocencia, la extradición del expresidente panameño Ricardo Martinelli es una muy buena noticia para la cooperación judicial entre estados soberanos y la lucha contra la corrupción y la impunidad en el hemisferio.”
Opinión
John D. Feeley es un ex diplomático de carrera y piloto de helicópteros del U.S. Marine Corps.
2018-06-11T08:02:27-04:00

El ex presidente panameño Ricardo Martinelli fue extraditado hoy de Estados Unidos y puesto bajo custodia del sistema de justicia panameño. Está acusado de adquirir de forma ilegal sofisticados equipos de pirateo informático y de espiar a ciudadanos privados y rivales políticos mientras ocupaba el cargo de presidente.

Independientemente de su culpabilidad o su inocencia, la extradición de hoy es una muy buena noticia para la cooperación judicial entre estados soberanos y la lucha contra la corrupción y la impunidad en el hemisferio.

¿Por qué? Porque el proceso funcionó. Y al hacer que este proceso legal funcionara, panameños y estadounidenses han fortalecido el estado de derecho democrático en ambos países.

Panamá y Estados Unidos han demostrado que no importa qué tan rico o poderoso haya sido un presunto delincuente — y eso incluye a un ex presidente — nadie está por encima de la ley. Martinelli será juzgado en Panamá, donde se perpetraron sus presuntos crímenes. Además, los panameños ahora aprecian el hecho de que Estados Unidos no permitió el abuso cínico de sus leyes migratorias por parte de su expresidente en su intento por evitar rendir cuentas.

Martinelli afirma que es víctima de persecución política por parte de su ex vicepresidente y actual presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, quien ha intentado exponer gran parte de la corrupción y los sobornos de la era de Martinelli (de 2009 a 2014). Se han abierto literalmente decenas de investigaciones contra ex ministros y asociados de Martinelli en Panamá. Desde principios de 2015, Martinelli ha vivido cómodamente en Miami, atacando a su sucesor desde una cuenta de Twitter con un estilo noticioso hiperactivo y falso, y empleando una legión de abogados y expertos en relaciones públicas para defenderse en la corte de la opinión pública panameña.

Lo que tenía miedo de hacer todo este tiempo era regresar a Panamá y enfrentar la justicia.

Durante dos años, al gobierno de Estados Unidos se le prohibió comentar sobre su estado migratorio en Miami, mientras que los indignados panameños se preguntaban con razón por qué se le permitía estar en el extranjero, aparentemente fuera del alcance de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, la cual lo estaba investigando no solo por espionaje, sino también por una serie de cargos de cleptocracia a gran escala.

Durante un tiempo, la maquinaria de medios sociales de Martinelli hizo correr el rumor de que estaba siendo "protegido" por el Tío Sam por haber sido tan buen aliado político durante su mandato.

Nada se aleja más de la realidad.

Finalmente, sus propios asesores revelaron que había solicitado asilo político, lo cual de hecho le dio algunos años de presencia legal en Estados Unidos mientras el sistema procesaba su solicitud de asilo.

Cuando la Corte Suprema y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá presentaron a Estados Unidos la solicitud de extradición de Martinelli en septiembre de 2016, se inició un proceso transparente y legal para validar la solicitud en virtud del tratado de extradición bilateral de 1904.

Nueve meses después, en junio del año pasado, el Sr. Martinelli fue arrestado de conformidad con la solicitud de detención preventiva panameña. En agosto de 2017, un juez de distrito de Estados Unidos lo declaró extraditable, una decisión que apeló de inmediato, como era su derecho. Su equipo de defensa intentó llevar el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, una táctica risible que, como era de esperar, fracasó.

En medio de todo esto, continuó el meticuloso trabajo de los funcionarios judiciales y diplomáticos tanto en Panamá como en Estados Unidos, todo en estricta conformidad con el procedimiento establecido y en cumplimiento del tratado. A pesar de los ataques verbales casi diarios del Sr. Martinelli contra el gobierno de Varela y la embajada estadounidense en Panamá, e incluso un triste último esfuerzo para demostrar su lealtad a la CIA mediante una carta abierta en la que explicaba cómo había cumplido las órdenes de la agencia de espionaje mientras era presidente de una nación soberana, los dos gobiernos se mantuvieron colaborando. Las autoridades estadounidenses sopesaron si existía alguna amenaza para la integridad física de Martinelli o si podría ser torturado si regresara a Panamá. Determinaron que no existía tal amenaza. Al final, el equipo de defensa de Martinelli sencillamente no logró persuadir a las cortes estadounidenses de que los cargos que Panamá le imputaba carecían de fundamento. Finalmente, después de casi un año en la cárcel, Martinelli decidió abandonar sus apelaciones, y el vicesecretario de Estado aprobó su extradición la semana pasada.

Así que ahora se va a casa; esposado y en detención preventiva.

La multitud de abogados, jueces, diplomáticos y personal del sistema judicial estadounidenses involucrados en el caso nunca pronunció ni sugirió un veredicto. Eso lo debe decidir solo el pueblo panameño, en este caso representado por la Corte Suprema panameña.

Es importante destacar que Estados Unidos estipuló que se aplicará la regla de especialidad. Esto significa que la Corte Suprema panameña solo puede juzgar a Martinelli por los cargos de espionaje que figuran en la solicitud de extradición del gobierno. Más adelante, Panamá puede optar por solicitar una exención de esa norma y solicitar el permiso del estado que concedió la extradición (Estados Unidos) para permitirle presentar cargos nuevos o diferentes contra Martinelli. Esto está permitido en virtud del tratado y Estados Unidos lo consideraría debidamente en caso de que se materialice una solicitud.

Por ahora, esa especulación legal no es una prioridad.

Lo que sí es de gran importancia inmediata es que un hombre que alguna vez fue poderoso y todavía es rico será acusado en la corte suprema de Panamá. Ya no se esconderá de la justicia en Estados Unidos. Se le brindará el asesoramiento legal adecuado y las protecciones procesales de conformidad con la ley panameña. Incluso podría alojarse en la misma celda donde se encontraba encarcelado el ahora fallecido dictador panameño Manuel Antonio Noriega. Independientemente de esa ironía de la historia, estoy convencido de que el pueblo panameño y su democracia saldrán fortalecidos como resultado de todo esto.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.