El respeto a la propiedad ajena es la paz

Más de 60 años después de que el régimen de la familia Castro comenzara a saquear propiedades empresariales e individuales en Cuba, finalmente se ha hecho posible demandar a compañías extranjeras que con desfachatez se benefician del espolio. El gobierno del presidente Trump activó el Título III de la Ley Helms-Burton de 1996, que ningún gobierno anterior había tenido los bemoles de aplicar. Autoriza a demandar en cortes de Estados unidos a entidades estadounidenses o de otros países que usufructúan propiedades robadas a ciudadanos estadounidenses por nacimiento o naturalización.

Hay dudas razonables de que la decisión permita hacer justicia en la práctica. El asunto presupone sutilezas legales que se dirimirán en las cortes durante meses o años. Ni siquiera hay garantía de que los demandantes cobrarán un solo centavo. Pero la decisión en sí equivale a justicia poética, si recordamos que esta modalidad de justicia es la que simbólicamente premia la virtud y la decencia y castiga la desvergüenza y la maldad.

Por perversidad y fanatismo ideológico los Castro y sus cómplices despojaron literalmente a millones de personas de las propiedades que la inmensa mayoría había obtenido como fruto de su trabajo, previsión e inventiva. Por irresponsabilidad y descaro cientos de empresas y gobiernos extranjeros utilizan muchas propiedades robadas para hacer dinero u obtener otros beneficios, generalmente mediante sociedades comerciales con la dictadura cubana de las cuales ésta recibe ganancias que invierte en su infinito aparato represivo en Cuba y de subversión en otros países, especialmente de América Latina.

La primera demanda la presentaron en una corte de Miami Javier García Bengochea y Mickael Behn, dos cubanoamericanos a cuyas familias los Castro les expropiaron un puerto en Santiago de Cuba y un puerto en La Habana. La primera empresa demandada fue Carnival, con sede en Miami, la cual desoyó siempre las advertencias de que, si enviaba barcos cruceros a esos puertos, estaría utilizando propiedades mal habidas por el régimen castrista. Luego la petrolera Exxon Mobil demandó a CIMEX y CUPET, alegando que estos dos monopolios de militares y policías castristas operan en Cuba cientos de gasolineras y la refinería Ñico López, las cuales le pertenecían y por las cuales nunca recibió compensación.

La mayoría de las empresas vulnerables a demandas son europeas, canadienses y mexicanas. A nombre de ellas la Unión Europea llora lágrimas de cocodrilo, denunciando en un comunicado “la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas” y amenazando con una contrademanda ante la Organización Mundial de Comercio. Es una pena que estos procedimientos judiciales no se transmitan al público en vivo y en directo. El espectáculo de entidades internacionales, por lo demás prestigiosas, como la UE, defendiendo los despojos y pillajes perpetrados por una dictadura totalitaria y sus socios comerciales sería un auténtico thriller. Estoy seguro de que un espectáculo así convencería a las personas razonables y decentes de que, parafraseando al gran Benito Juárez, el respeto a la propiedad ajena es la paz.

Porque una condición necesaria para vivir de manera civilizada es respetar la propiedad individual como si fuera sagrada. Lo es en las relaciones entre personas y también entre naciones. Cuba tendrá que reconocerlo si aspira a regresar al seno de los países civilizados en los que prevalece el estado de derecho. Otros países recién descomunizados, como Polonia, la República Checa, Alemania y la antigua Yugoslavia, lo han reconocido y actuado en consecuencia. Sus gobiernos democráticos han adoptado o bien el Modelo de Restitución o bien el Modelo de Compensación para afrontar el reto de las propiedades robadas por las dictaduras comunistas que padecieron. El primer modelo consiste en devolver las propiedades a sus dueños legítimos o sus descendientes. El segundo restituye una pequeña cantidad de propiedades saqueadas y crea un elaborado programa de compensación mediante moneda corriente y bonos del estado.

La aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, con las consabidas demandas que esta estimulará, podría enseñarnos a todos un poco sobre la importancia fundamental de la propiedad privada para la democracia y la libertad. Recordará, además, la esencial ilegitimidad de la dictadura que padece Cuba y el desparpajo con que empresas y gobiernos extranjeros se han asociado con ella para obtener beneficios espurios. Ahora todos en principio podrían enterarse mejor de los riesgos de ser cómplices de la piñata castrista. Y a aquellos cubanos y extranjeros que aun no se enteran, la medida les recordará que una sociedad civilizada no puede erigirse sobre el pillaje, el espolio y la depredación.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es). Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.