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El fin del TPS para los salvadoreños es legalmente defendible, pero tiene consecuencias preocupantes

“Desde una perspectiva estrictamente legal, un programa temporal no debería durar 17 años. Las consecuencias de empujar a las sombras a un cuarto de millón de personas que se han integrado profundamente a las comunidades estadounidenses son preocupantes”.
Opinión
Presidente del Migration Policy Institute (MPI) en Washington, DC.
2018-01-09T15:42:15-05:00
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El TPS protege de la deportación a cerca de 500,000 inmigramtes indocumentados originarios de una decena de países. Crédito: Bryan R. Smith/AFP/Getty Images

La decisión del gobierno del presidente Donald Trump de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para alrededor de 262,000 salvadoreños tiene sentido desde una perspectiva legal, pero abre preguntas preocupantes para la política pública. Es uno de esos raros casos donde la lógica y el sentido común no parecen alinearse de una manera fácil.

El TPS fue creado originalmente como un estado temporal para proteger a los inmigrantes vulnerables cuyos países sufrían de desastres naturales o caos político, pero al igual que muchos programas gubernamentales temporales ha durado mucho más de lo que se había previsto. El programa TPS salvadoreño se implementó por primera vez después de un terremoto en 2001. Desde una perspectiva estrictamente legal, un programa temporal no debería durar 17 años, y la Administración redactó cuidadosamente su declaración para dejar en claro que estaba terminando el programa porque las condiciones posteriores el terremoto, que había llevado al TPS, habían mejorado desde hace mucho tiempo.

Pero la realidad es que aquellos cubiertos por el programa TPS salvadoreño se han convertido en miembros profundamente integrados de la sociedad estadounidense, personas que son casi en su totalidad trabajadores productivos, miembros activos de sus comunidades y, en muchos casos, padres de niños nacidos en Estados Unidos que han sido criados en este país. Las consecuencias de empujar a un cuarto de millón de personas que se han integrado profundamente a las comunidades estadounidenses a las sombras al eliminar su estatus legal son preocupantes, y esta decisión abre una serie de preguntas que deberán responderse en los próximos meses y años.

La primera es si los salvadoreños que han perdido su condición de TPS decidirán regresar a su país de origen. La especulación es que muy pocos lo harán. La mayoría ha pasado la mayor parte de su vida adulta en los Estados Unidos, y han desarrollado vidas estadounidenses las que no estarán dispuestos a renunciar. Y para aquellos con niños estadounidenses, que parece ser un gran porcentaje de los afectados, es aún menos probable que lleven a sus familias a un país que no les es familiar y donde las tasas de homicidios se han disparado en los últimos años.

Para aquellos que deciden regresar voluntariamente, quedan preguntas sobre las capacidades de absorción de El Salvador para recibir una afluencia tal de migrantes que regresan. El gobierno ha hecho planes para recibir a quienes deciden regresar, y las agencias gubernamentales están preparadas para ayudar a los salvadoreños que regresan a obtener documentos, buscar empleo y establecer negocios. Pero en un país que enfrenta importantes desafíos de seguridad económica y pública, queda por ver qué tan efectivas serán estas medidas. Sin duda, algunos de los que elijan regresar volverán a prosperar, especialmente aquellos que han ahorrado dinero para comenzar un pequeño negocio o aquellos que están listos para retirarse, pero para otros un viaje de regreso después de tantos años podría resultar difícil y conmovedor.

Varios miembros del Congreso de Estados Unidos han promovido la idea de aprobar una legislación que permita a los inmigrantes salvadoreños que han sido cubiertos por el TPS permanecer en el país. Dada la naturaleza polémica de la política de inmigración en Estados Unidos hoy, una solución legislativa parece extremadamente improbable. Hay una pequeña oportunidad en torno a las negociaciones actuales sobre una solución legislativa para DACA –la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, cuyos beneficiarios a menudo se conocen como dreamers– cuando el Congreso debata una forma de garantizar una solución legislativa para ellos. Pero es muy poco probable que los destinatarios de TPS se agreguen a esta solución legislativa ya que la negociación sobre DACA es lo suficientemente complicada en sí misma. No es imposible, pero las posibilidades son muy limitadas.

La Administración proporcionó un período de transición de 18 meses antes de finalizar el TPS para salvadoreños, lo que permitirá a los afectados tomar una serie de decisiones sobre su futuro. Muchos utilizarán este período para ordenar sus documentos y cuentas bancarias, en caso de que decidan regresar a El Salvador o sean detenidos y deportados después de que termine el TPS. Algunos indudablemente harán planes para regresar, pero la mayoría buscará maneras de permanecer en el país, incluso si eso significa cambiar de trabajo y aceptar salarios más bajos en la economía subterránea. Muchos, que gozaban de vidas seguras en Estados Unidos, se encontrarán viviendo en una situación cada vez más vulnerable. Sería muy poco probable que las autoridades de Estados Unidos. realmente se ensañen con las personas que han tenido el TPS, pero estarán sujetas a la deportación, como millones de personas que carecen de estatus legal.

La política puede cambiar con el tiempo. La decisión de la administración Trump sobre TPS parece ser definitiva, y es muy poco probable en el clima actual que la administración la extienda o la legislación la revierta. Sin embargo, puede haber un momento en el futuro en que el Congreso de Estados Unidos aborde la situación de los trabajadores inmigrantes esforzados que han estado en el país durante décadas sin estatus legal como parte de una reforma migratoria más amplia. Este debate parece estar muy lejos en este momento, pero ha sido parte de la discusión sobre la reforma migratoria durante más de una década y es casi seguro que regresará en algún momento.

Al final, la decisión de poner fin al TPS para los salvadoreños, aunque lógica en un sentido, parece mucho menos sensata en otro. Si bien esta Administración ha dicho que quiere reducir la población no autorizada, la decisión de revocar el TPS en realidad parece destinada a aumentar el número de personas que viven en este país sin ningún tipo de estatus legal.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.

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