El desmantelamiento de la ley Dodd-Frank podría causar graves daños a la economía nacional

“La eliminación de los requisitos sobre la recolección y reporte de datos no solo incrementa la dificultad para identificar la discriminación, sino que también bloquea el acceso al crédito por las comunidades que más lo necesitan, especialmente los latinos y afroamericanos”.
Opinión
Directora de asuntos latinos del Center for Responsible Lending.
2018-03-13T12:18:10-04:00

El 6 y el 12 de marzo los Senadores de Virginia Tim Kaine y Mark Warner se olvidaron de los daños sufridos durante la burbuja hipotecaria y la gran recesión que le siguió y votaron a favor de hacer avanzar la propuesta de ley mal llamada Acta de Crecimiento Económico, Desgravación Regulatoria, y Protección del Consumidor (S.2155, por su número en el Senado), que podría ser sometida a votación final esta semana.

La propuesta realiza cambios a la Ley de Reforma de la Bolsa de Valores y Protección del Consumidor Dodd-Frank de 2010, que estableció los reglamentos de operación de la bolsa de valores y la banca y creó la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, en respuesta a la crisis financiera que casi quebró a la nación y a la economía global.

Para abril de 2012, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró que la recesión causada por crisis financiera fue la peor después de la Gran Depresión, ocasionando pérdidas de 8.8 millones de empleos y 19.2 billones de dólares en riqueza doméstica.

De acuerdo con los estudios del Pew Hispanic Center, las comunidades latinas y afroamericanas de Estados Unidos fueron las más impactadas por la crisis; los latinos perdieron el 66% de su riqueza y los afroamericanos perdieron el 53%, como consecuencia de la disminución en la plusvalía de la vivienda y el nivel desproporcionado de ejecuciones hipotecarias en ambas comunidades.

Pero estos hechos pasaron inadvertidos para los senadores Kaine y Warner. Con la propuesta S.2155 quieren regresar a las prácticas bancarias de alto riesgo.

El voto de Warner era esperado, ya que él no solamente es copatrocinador de la propuesta, sino que se jacta de ser amigo de la banca más que de sus constituyentes. Kaine también se declaró copatrocinador de la propuesta, pero sus constituyentes –incluyéndome a mi–, líderes de derechos civiles y de derechos del consumidor, esperábamos que recapacitara y retirara su apoyo basados en su historial profesional como defensor de derechos civiles en el campo de la vivienda justa.

Nuestros cálculos fueron en vano; las peticiones de los constituyentes y de los líderes nacionales cayeron en oídos sordos. Ambos senadores votaron en dos ocasiones a favor de la S.2155, que provee tanta desgravación regulatoria bancaria que la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) declaró en su estimado de costo, publicado el 5 de marzo, que si es aprobada como ley incrementará el déficit federal en 671 millones de dólares entre los años 2018 y 2027, e incrementará la probabilidad de una nueva crisis financiera.

Pero eso no es todo. Un análisis del Centro Para Préstamos Responsables (CRL, por sus siglas en inglés) demuestra que la propuesta abre la puerta a nuevos abusos hipotecarios, desmantelando el estándar comúnmente conocido como “Capacidad de Repago” y eliminando requisitos sobre la recolección y reporte de datos en los préstamos hipotecarios otorgados por instituciones financieras de cierto tamaño que ayudan a identificar la discriminación racial y étnica.

El estándar “Capacidad de Repago” requiere que los prestamistas verifiquen los ingresos y bienes de los prestatarios antes de aprobar los préstamos. La S.2155 abre la puerta a las armas de destrucción financiera que contribuyeron a que el sueño americano se convirtiera en pesadilla para millones de familias que perdieron sus viviendas durante la crisis.

La eliminación de los requisitos sobre la recolección y reporte de datos no solo incrementa la dificultad para identificar la discriminación, sino que también bloquea el acceso al crédito por las comunidades que más lo necesitan, especialmente los latinos y afroamericanos.

Por estas y muchas otras razones la propuesta S.2155 no debe ser aprobada. A no ser que los senadores Kaine y Warner hayan sufrido amnesia irreversible, causada por el cabildeo de los banqueros usureros, ellos deben votar NO y optar por proteger a sus constituyentes y a la nación. Esta semana se anticipa el voto que determinará si el Senado trabaja para proteger a los ciudadanos o a los bancos. Esperemos que los senadores encuentren la medicina que en este momento bloquea su memoria.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.