El 15 de junio de 2012 el Departamento de Seguridad Interna (DHS) anunció que ciertas personas que llegaron sin documentos a Estados Unidos cuando eran niños y que cumplían con una serie de criterios podían acogerse por dos años (prorrogables a su vencimiento) al programa de acción diferida, conocido como DACA. A estas personas también se les otorgaría el derecho a conseguir un permiso de trabajo. Cuatro años y medio después, el programa ha favorecido a cientos de miles de jóvenes que cumplían con todos los requisitos.
Dreamers han pagado más de 700 millones de dólares en tarifas de solicitud para el programa DACA
“Han sido aceptadas 861,192 solicitudes de primera instancia y 667,287 renovaciones, lo que le ha permitido al gobierno recaudar 710,742,735 dólares por concepto de tarifas”.

La acción diferida (DACA) hacía uso de la discreción procesal para diferir la acción de remoción contra un individuo por un determinado período de tiempo, pero no proporcionaba un estatus legal. Por lo tanto, y para evitar contra tiempos, USCIS exhortaba a los solicitantes a presentar la petición de renovación entre 150 y 120 días antes de la fecha de caducidad. Tanto la aplicación inicial como la renovación tenían un costo de 465 dólares (suma del costo de la toma de las huellas dactilares y del permiso de trabajo).
Una encuesta a nivel nacional realizada en 2014 por el Profesor Tom Wong de la Universidad de California, en San Diego, mostró que 51% de los jóvenes con DACA pensaban que la tarifa de 465 dólares causaría dificultades financieras significativas para ellos y sus familias y que 40% conocían a alguien que no había solicitado su ingreso al programa porque no podían pagar la cuota, lo que explicaría, en parte, la gran diferencia entre el número potencial de jóvenes que podrían beneficiarse con el programa y número real de inscritos en él.
Greisa Martínez, directora de Defensa de United We Dream, dijo en su momento en un comunicado: “Los beneficiarios de DACA y sus familias han pagado cientos de millones de dólares en honorarios a USCIS para ejecutar el programa y, sin embargo, algunos de nosotros estamos enfrentando retrasos en los tiempos de aplicación que nos están costando nuestros trabajos y medios de vida. Esperamos e insistimos en un mejor servicio por nuestro dinero”.
Según los datos más recientes de USCIS, a septiembre 30 de 2016 la agencia había aceptado un total de 1,528,479 solicitudes iniciales y de renovación de DACA para su revisión. Tomando en cuenta la tarifa por aplicación hasta el día 23 de diciembre era de 465 dólares (cuando el permiso de trabajo tuvo un ligero aumento), el total recaudado por el gobierno por ese concepto llegaba a 710,742,735 dólares. (La cifra es proximada, porque la agencia ofrece exenciones limitadas y no se han hecho públicos los datos sobre esas exenciones).
El gobierno federal manifiesta que el dinero recaudado a partir de las tarifas por solicitud del programa es utilizado para el debido funcionamiento y los gastos emergentes que puedan tener el programa DACA y USCIS.
En conclusión, DACA es un programa que se autofinancia (y posiblemente le deje algunos réditos al gobierno). O sea, al Estado no le cuesta el mantener activo el procesamiento de solicitudes del programa, ni su ejecución. Desde el punto de vista económico no hay ninguna excusa para terminar un programa que ha demostrado no solo beneficiar a los dreamers y a sus familias sino tener un impacto global positivo para todo el país. (Al respecto, pueden ver mi columna anterior: Encuesta señala cómo DACA ha mejorado significativamente la vida de sus beneficiarios, la de sus familias y la de EEUU en general).
Al costo humanitario de una posible suspensión de la medida ejecutiva de Obama se suma la advertencia de que la economía del país se puede ver afectada seriamente. Un estudio indica que si Trump da por terminado este programa, en 10 años la nación dejaría de recibir 19,900 millones de dólares.
Frente a las órdenes ejecutivas firmadas por Trump, en el sentido de construir un muro en la frontera con México y acelerar la deportación de migrantes, nuestro mensaje debe ser claro: las soluciones para los problemas sociales del país requieren innovación, estrategia, cooperación, valor y una voz fuerte y determinada. Un movimiento retrógrado de esta magnitud requiere resistencia, una misión enfocada, y una visión bien definida. Luchar con la estructura social ya establecida y además con la visión anti-progresista de Trump es como luchar con un cocodrilo: resbaladizo y peligroso.
Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.








