Crímenes de lesa humanidad en México

“Decir que la inmensa mayoría de las muertes de estos últimos 10 años son resultado de conflictos entre integrantes del crimen organizado es aberrante”.
Opinión
Político, intelectual y comentarista, ex Secretario de Relaciones Exteriores de México
2016-06-10T11:07:17-04:00


El martes se presentó en la Ciudad de México el informe “Atrocidades innegables: crímenes de lesa humanidad en México” elaborado durante los últimos tres años por la Iniciativa de Justicia de la Open Society, el grupo de fundaciones financiado por John Soros.

Se trata de la crítica más demoledora sobre la guerra del narco de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. La lógica del informe es muy sencilla. Sostiene que las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y el uso generalizado de la tortura por las fuerzas de seguridad mexicana y por los Zetas de estos últimos 10 años constituyen crímenes de lesa humanidad que deben ser juzgados por la Corte Penal Internacional en La Haya.

Como los redactores del informe y seguramente la Fundación Soros decidieron no hacer esa recomendación directamente, encontraron una postura intermedia de que se haga la investigación en México, pero no solo por mexicanos sino por una especie de Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es decir, mexicanos con el apoyo internacional.

El informe recurre a una gran cantidad de casos, la mayor parte ya conocidos, pero los ubica en un marco contextual jurídicamente mucho más sólido que otros informes o que otras peticiones de abrir una investigación preliminar por la fiscal de la Corte Penal Internacional.

El informe considera que el uso de los términos generalizado y sistémico sí es adecuado, y recurre constantemente a ejemplos de encubrimiento, de no castigo, de impunidad, para mostrar cómo no solo se trata de crímenes de lesa humanidad, sino impunes. Huelga decir que este informe no tendrá la más mínima repercusión en la postura del gobierno.

Ya la respuesta oficial ayer fue entre ridícula y calderonista. Decir que la inmensa mayoría de las muertes de estos últimos 10 años son resultado de conflictos entre integrantes del crimen organizado es aberrante: ¿cómo lo sabe el gobierno si solo se han abierto un número mínimo de averiguaciones previas? ¿Cómo lo sabe a propósito de las decenas de miles de desapariciones? ¿Cómo lo sabe si no se han recuperado los cadáveres en muchos casos?

Sin embargo, al acumularse este tipo de informes por parte de instituciones que gozan de gran prestigio en el mundo (solo los castristas antisemitas no quieren a Soros), va generando una presión cada vez mayor para que en efecto lleguemos poco a poco a medidas más radicales.

Quienes nos hemos preocupado por los derechos humanos desde hace más de 25 años, quienes fuimos a Guatemala a ver de cerca el funcionamiento de la CICIG y a hablar con sus integrantes desde hace más de un año; quienes sugerimos desde entonces que probablemente era conveniente un mecanismo análogo en México, no podemos más que congratularnos del contenido de este informe y de sus recomendaciones.

Asimismo, quienes pensamos desde el 2012 que las más de 20,000 firmas que fueron enviadas a La Haya pidiendo la apertura de una investigación preliminar del gobierno de Calderón estaba mal armada y no iba a ser aprobada (ya fue rechazada), podemos pensar que este informe puede servirles a quienes quieran volver a presentar esas solicitudes en La Haya, pero ya en un marco jurídico e investigativo más sólido.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.

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