Cataluña y el otoño español

En un mes donde los huracanes, terremotos y tormentas tropicales han azotado el continente americano de norte a sur y de este a oeste, es difícil sostener desde los Estados Unidos la importancia de la demanda catalana, una región bienestante del sur de Europa, por su derecho a autodeterminación. Frente a las catástrofes, muertes y tragedias ligadas a las inclemencias naturales, la discusión sobre el derecho o no a un referéndum suena a lujo y a no-conflicto.

Sin embargo, el conflicto político actual catalán trasciende de España y Cataluña, y ejemplifica el reto creciente que cualquier democracia diversa en ideologías, naciones y etnias debe afrontar: la dificultad de encajar las minorías en el marco de la democracia, donde el peso de la mayoría se ha convertido en dogma.

Es difícil poner fecha exacta al nacimiento del conflicto. Los catalanes más puristas se remontan al siglo XV (1469) con la unión de Castilla a Cataluña y Aragón a través del matrimonio de los Reyes Católicos, Fernando II e Isabel I. Otros citan la derrota catalana del 11 de septiembre de 1714 frente al gobierno de Felipe V de España en la Guerra de Sucesión como el inicio de una larga historia donde la persecución de la lengua e instituciones catalanas se repetiría a lo largo de los tres siglos siguientes.

Pero la mayoría coincide en que el último punto de inflexión en la tortuosa relación entre España y Cataluña sucedió mucho más recientemente, en el 2010, con la sentencia del tribunal constitucional español sobre la reforma del Estatuto catalán –la norma institucional que rige la región y regula su autonomía frente al gobierno central– que declaró la reforma como inconstitucional; una reforma que según los líderes catalanes había seguido el protocolo estipulado y pactado con el gobierno central, incluyendo su aprobación en el parlamento catalán y un referéndum donde 74% de los participantes (49% de la población) votaron a su favor.

El tribunal declaró inconstitucionales 14 artículos del estatuto que dotaban a Cataluña de mayor autonomía en los ámbitos financieros, judiciales y políticos. También estableció que la lengua catalana no podía calificarse como «lengua propia y preferente» en Cataluña, y dictaminó que las referencias a «Cataluña como nación» y a «la realidad nacional de Cataluña» carecían de «eficacia jurídica interpretativa».

Los catalanes no tardaron en reaccionar. El 10 de julio del 2010 la manifestación ‘Somos una nación. Nosotros decidimos’ fue convocada con el apoyo de la mayoría de los partidos políticos representados en el Parlamento de Cataluña y aglutinó entre 1,1 y 1,5 millones de personas.

Desde entonces, el movimiento separatista ha ido cobrando fuerza entre los votantes catalanes, a la vez que los partidos políticos regionales se organizaban alrededor de un programa cada vez más enfocado en llevar a término la independencia.

La declaración de inconstitucionalidad y la manifestación del 10 de julio resumen el monólogo a dos bandas entre el gobierno central español y Cataluña desde entonces: la invocación de la Ley, con mayúscula, por el lado del gobierno español, y la apelación al derecho universal (según el tribunal de la Haya) a la autogestión y autodeterminación por el lado de una región cada vez más unida y organizada a favor de la causa independentista.

Los oponentes más moderados al referéndum lo califican de ilegal, y recuerdan que el derecho a la autodeterminación se creó en un contexto colonial. Alegan que, si la intención es cambiar la Constitución, ésta establece un proceso exacto para hacerlo y que intentar saltarse los pasos es no solo ilegal sino iluso. Para los contrarios al referéndum más extremistas, la constitución estipula claramente que “España es indivisible” y que “cada pedazo de España es de todos y cada uno de los españoles”, así que un referéndum que no consulte a todos los españoles y que no esté dirigido por el gobierno central carece de validez alguna.

Los que están a favor del referéndum argumentan que se ha hecho todo lo posible por enmarcar los valores de la región en el sistema legal español, y que ahora ya no les queda más opción que definir y regirse según las leyes de su propio parlamento catalán. Los más extremistas ven cualquier iniciativa del gobierno central como un intento de boicot del “estado-nación” catalán, y alegan que el referéndum es sólo la punta de un iceberg que lleva siglos formándose.

La desconexión es marcada, y en su raíz tiene el desacuerdo sobre el sistema de valores a compartir. El gobierno español prioriza la ley como fin, y es pues normal que la rotura de la ley sea vista como un agravio inaceptable: el uso de fondos regionales para financiar una iniciativa ilegal es al fin y al cabo un delito. Delito que aun así no justifica las reprimendas aplicadas: detenciones de altos cargos del gobierno catalán, y requisas en hogares e imprentas son medidas desmesuradas ante los posibles delitos de incumplimiento que peligrosamente presentan, para las generaciones más jóvenes, grandes similitudes con medidas antiterroristas en el marco de un movimiento pacifista. Para las generaciones más ancianas, son además reminiscencias de la represión franquista contra la lengua y cultura de Cataluña que vivieron en su propia piel.

Las reacciones contrarias no se han sentido únicamente en Cataluña. Ciudades alrededor de España, incluyendo Madrid, se han sumado a las manifestaciones catalanas por el derecho a decidir de la región; un hecho sin precedentes en la historia del catalanismo, que no hace más que añadir complejidad y tristeza a una posible ruptura entre las dos regiones.

Mientras tanto, la población catalana exige el derecho a poder decidir la legalidad que mejor responda y proteja su sistema de valores, pues ha quedado claro que la actual Ley (la constitución española) no consigue acomodar las necesidades de una región con una historia, lengua e instituciones políticas compartidas que se remontan a más de 500 años. Pero no todo es romanticismo nacionalista. Una parte importante de la agenda independentista se enfoca en acabar con la discriminación fiscal a la que, según los separatistas, se somete a Cataluña frente al resto del estado. Datos del 2012 por ejemplo muestran que Cataluña recaudó 118.6% de la media nacional en impuestos por cápita, mientras que sólo recibió 99.5%. En el extremo opuesto, Extremadura recaudó 76.6% de la media nacional en impuestos, pero recibió 111.8%. Aunque cierto, el argumento económico es, en el menor de los casos, controvertido. Según varios economistas, por ejemplo, el desbalance es conmensurado con el hecho de que Cataluña es, al fin y al cabo, una región más rica.

El argumento económico ha ayudado a aglutinar independentistas en los últimos años, pero según muchos catalanes es el síntoma de un mal mayor. El conflicto es «un conflicto político que requiere una solución política, no una solución jurídica», argumenta Laia Balcells, profesora titular del Departamento de Gobierno del Georgetown University, desde Washington DC. “La historia nos recuerda una y otra vez que la legalidad cambia con los tiempos –y que así debe ser; por ejemplo, los matrimonios interraciales en Estados Unidos eran ilegales hasta el 1967, y hoy en día nadie cuestionaría su legalidad–. Desafortunadamente la legalidad en España es muy impermeable al cambio”. La Constitución Española fue escrita en el 1978, después de casi 40 años de dictadura franquista, con unas instituciones políticas muy jóvenes, “con cierta prisa y bajo la tutela militar” explica la politóloga. De eso hace 40 años, y es normal que ciertas regiones y sectores de la sociedad española pidan una revisión. En un estado plurinacional, nos recuerda Balcells, la minoría catalana necesita la ayuda de la mayoría para conseguir el cambio.

Y volvemos pues a la cuestión de cómo y qué tanto se pueden proteger a las minorías frente a las mayorías en un sistema democrático y diverso. Un tema que, sin ir más lejos, se plantea a diario en nuestro país con la administración de Trump y su postura frente a minorías ya sean raciales, culturales, de orientación sexual o de género.

La solución es ciertamente compleja, pero cualquier aprendiz de historia sabe que la represión, si funciona, es únicamente un arma de corto plazo. En los círculos de whatsapp de los activistas catalanes circulaba hoy la frase “Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas”. Mientras tanto, el gobierno central avanza con cierta cautela pero firme a una posición que, según su propia dialéctica, es inquebrantable: la ilegalidad es inaceptable. A muchos, dentro y fuera de Cataluña, les gustaría que el gobierno central aplicara la misma rectitud hacia sus propios casos de corrupción. Pero esa es otra historia.

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