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A un año del asesinato de la periodista Miroslava Breach en México: otro caso que sigue impune

“En el caso de Breach lo que está en juego no es solamente esclarecer el asesinato de una persona, sino la capacidad del estado mexicano de ejercer una justicia eficaz y expedita, y de salvaguardar con ello la libertad de expresión”.
Opinión
Profesor-investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
2018-03-28T10:33:56-04:00
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En esta imagen del 16 de mayo de 2017, una mujer coloca una veladora frente a las fotografías de los periodistas asesinados Miroslava Breach, a la izquierda, y Javier Valdéz, durante una manifestación en contra del asesinato de periodistas a las afueras de la secretaría de Gobernación en la Ciudad de México. (AP Foto/Rebecca Blackwell, Archivo) Crédito: The Associated Press

El pasado 23 de marzo se cumplió un año del asesinato de la periodista del estado fronterizo de Chihuahua Miroslava Breach –nombre que mencionamos a propósito del asesinato de otro periodista, Javier Valdés–. La periodista venía estudiando la relación del crimen organizado con la designación o postulación de candidatos en ayuntamientos y municipios en la sierra de la provincia de Chihuahua, lo que provocó la respuesta violenta de una de las organizaciones, “los Salazar”, que operan en la zona de la sierra y cuyo líder, Adán Salazar, controla su grupo desde la prisión. Al parecer, el asesinato de Breach habría sido un “regalo de cumpleaños” de parte de gatilleros del cartel de Sinaloa, ante los hechos denunciados por la periodista.

Los Salazar consideraron inaceptable que una periodista sacara a la luz pública la manera como querían imponer candidatos en un municipio de la sierra de Chihuahua, hecho que ha sido constante en otras regiones del país. No en vano la expresión narcopolítica es una realidad extendida, no tanto en los centros urbanos del país como en pequeñas poblaciones donde es difícil que llegue la acción efectiva de la justicia, y donde prácticamente toda la policía local se encuentra coludida o vinculada, cuando no atemorizada por la acción violenta de los grupos delincuenciales que operan con casi total impunidad. No olvidemos que se considera que el sistema de justicia penal mexicano solamente alcanza a atender uno de cada 10 casos.

Unas de las nuevas informaciones que han emergido en estos días tiene que ver con la filtración que el centro-derechista Partido Acción Nacional, PAN –actualmente en el poder en la provincia de Chihuahua–, habría hecho de una grabación confiscada en la que las periodistas Miroslava Breach y Patricia Mayorga (quien actualmente se encuentra exiliada ya que teme por su vida) eran entrevistadas por funcionarios de ese partido que solicitaban a las comunicadoras revelar sus fuentes de información.

Al parecer, la idea de la “entrevista” habría sido deslindar al presidente municipal de Chinipas de quienes dieron la información a las periodistas. Con ello, dichos funcionarios querrían exculparse ante la ira de los grupos criminales. De ahí ha quedado en el centro del debate si el Partido Acción Nacional, que gobierna desde hace pocos meses, habría dado algún tipo de protección al expresidente local del PAN, Mario Vázquez; al exvocero local Alfredo Piñera y, sobre todo, a Hugo Ahmed Schultz, exalcalde de Chínipas, a quien Breach señaló de pactado con el narcotráfico cuando nombró como jefe de la policía a Martín Ramírez, sobrino de Crispín Salazar, jefe del Cártel de Sinaloa señalado como autor intelectual del homicidio de Breach, situación que no se ha podido vincular.

En entrevista reciente con Aristegui Noticias el fiscal estatal Cesar Augusto Peniche, quien ha llevado el caso hasta el momento, dijo que la investigación no está cerrada; y denunció que el gobierno federal no ha realizado una operación que se llama “atraer la investigación”. Al estar investigando crímenes vinculados a narco política la Procuraduría General de la República tendría que “atraer el caso”.

La gran pregunta es si el gobierno de Javier Corral –quien ha emprendido una lucha contra la corrupción hacendaria y la transferencia de recursos de la federación a los estados, además de ser uno de los gobernadores más críticos respecto al actual gobierno de Peña Nieto– habría dado algún tipo de protección a los funcionarios locales (de su mismo partido político) para deslindarlos de cualquier relación con la información adquirida por Breach, que a fin de cuentas le costó la vida.

Un año ha pasado sin que los autores intelectuales estén en la cárcel, lo que nos lleva nuevamente a identificar la extrema inoperancia del aparato de justicia como uno de los problemas más graves de la situación política mexicana. No solo es lento sino extremadamente politizado, lo que hace muy difícil que en este y en muchos otros casos la justicia pueda estar a la altura de las necesidades sociales.

En el caso de Breach lo que está en juego no es solamente esclarecer el asesinato de una persona, sino la capacidad del estado mexicano de ejercer una justicia eficaz y expedita, y de salvaguardar con ello la libertad de expresión. Los crímenes contra los trabajadores de la información en lo que va de este periodo presidencial siguen, en la mayoría de los casos, impunes. En este aniversario luctuoso vale la pena poner nuevamente el dedo sobre la llaga y recalcar las difíciles condiciones para ejercer el periodismo que hay en México.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.

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