El Departamento de Seguridad Económica de ese estado asegura que 27,000 solicitudes de beneficios por desempleo durante la pandemia, que fueron aprobadas en su momento, no debieron ser avaladas y menciona que pudo tratarse de un fraude o fallas en el sistema, por lo que deberá hacerse la devolución de los recursos. “Provocan dificultad mental, estrés y estos individuos no están recibiendo el debido proceso. Criminalizan a personas trabajadoras”, criticó la senadora Theresa Hatathlie.
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