Gran jurado imputa a John Bolton, el tercer 'enemigo' de Trump en enfrentar cargos

John Bolton, antiguo asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump en su primer gobierno, fue acusado este jueves de mal manejo de información clasificada por un gran jurado a pedido del Departamento de Justicia.

La acusación presentó 18 cargos contra el alto exfuncionario, y se le señala de compartir más de mil páginas de información sobre actividades gubernamentales con familiares.

Bolton fue el principal consejero en materia de seguridad de Trump entre abril de 2018 y septiembre de 2019. Tuvo varios desacuerdos con el presidente en temas como Irán, Afganistán y Corea del Norte, antes de ser destituido y desde entonces entró a formar parte de la lista de enemigos del presidente.

Luego se convirtió en un crítico de Trump por su manejo de la política exterior y el gobierno, y publicó un libro en 2020 llamado The Room Where it Happened (La habitación donde ocurrió), que describía al presidente como mal informado en materia de política exterior, dentro de una "caótica" Casa Blanca con "torpes" manejos del mandatario.

La investigación contra el antiguo aliado de Trump salió a la luz pública en agosto, cuando el FBI registró su casa en Maryland y sus oficinas en Washington, en búsqueda de material clasificado o evidencias que Bolton hubiera podido mantener bajo su poder tras su alto cargo en el gobierno. En esa ocasión se incautaron de varios documentos etiquetados como "clasificados", "confidenciales" y "secretos".

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Algunos de los documentos incautados parecían estar relacionados con armas de destrucción masiva, la "comunicación estratégica" nacional y la misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, según se indica en los documentos presentados.

La administración Trump considera que el manuscrito de Bolton incluía información clasificada que podría perjudicar la seguridad nacional si se divulgara. Los abogados de Bolton han dicho que él siguió adelante con el libro después de que un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, con quien Bolton había trabajado durante meses, dijera que el manuscrito ya no contenía información clasificada.

El abogado de Bolton niega actividades ilegales

Este jueves, el abogado de Bolton, Abbe Lowell, reaccionó a la acusación señalando que "los hechos subyacentes en este caso se investigaron y resolvieron hace años".

"Estos cargos se derivan de partes de los diarios personales del embajador Bolton a lo largo de sus 45 años de carrera, registros que no son clasificados, que solo se compartieron con su familia inmediata y que el FBI conocía desde 2021", en una declaración publicada por CNN.

El defensor añade que "al igual que muchos funcionarios públicos a lo largo de la historia, el embajador Bolton llevaba diarios, lo cual no es un delito. Esperamos poder demostrar una vez más que el embajador Bolton no compartió ni almacenó ilegalmente ninguna información".

Sin embargo, el director del FBI, Kash Patel, dijo que Bolton "supuestamente transmitió información de alto secreto utilizando cuentas personales en línea y conservó dichos documentos en su casa, lo que constituye una violación directa de la ley federal".

Y defendió la labor del FBI, explicando que "el caso se basó en el meticuloso trabajo de profesionales dedicados del FBI que siguieron los hechos sin temor ni favoritismos".

La defensa de Bolton había dicho con anterioridad que muchos de los documentos incautados en agosto habían sido aprobados como parte de una revisión previa a la publicación del libro de Bolton. Se afirmó que muchos tenían décadas de antigüedad, procedentes de la larga carrera de Bolton en el Departamento de Estado, como fiscal general adjunto y como embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas.

Bolton, décadas de servicio y una ruptura con Trump

La acusación es un momento dramático en la larga carrera de Bolton en el gobierno. Trabajó en el Departamento de Justicia durante la administración del presidente Ronald Reagan y fue el hombre clave del Departamento de Estado en materia de control de armas durante la presidencia de George W. Bush.

Bolton fue nominado por Bush para ocupar el cargo de embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, pero este firme partidario de la guerra de Irak no logró obtener la confirmación del Senado y dimitió tras 17 meses en el cargo, al que había accedido gracias a un nombramiento provisional de Bush.

Esto le permitió ocupar el puesto de forma temporal sin la confirmación del Senado.

Tras la ruptura con el exfuncionario con Trump, el presidente lo criticó, calificándolo de "tipo acabado" y belicista "loco" que habría llevado al país a la "Sexta Guerra Mundial". Trump también dijo en ese momento que el libro contenía "información altamente clasificada" y que Bolton "no tenía autorización» para publicarlo.

Este jueves, tras conocerse la acusación, Trump opinó en la Casa Blanca ante periodistas que "creo que es una mala persona, es un tipo malo". Y añadió "así son las cosas, ¿no?".

Adversarios políticos en la mira de la justicia

Aunque la investigación que dio lugar a la acusación se llevó a cabo durante la administración Biden y comenzó mucho antes del segundo mandato de Trump, el caso se desarrollará en un contexto de preocupación generalizada sobre si el Departamento de Justicia es usado como arma para perseguir a sus adversarios políticos.

Esta acusación contra Bolton lo convierte en el tercer 'enemigo' de Trump en enfrentar cargos judiciales tras las presiones del presidente, como ocurrió con el exdirector del FBI, James Comey, y la Fiscal General de Nueva York, Letitia James.

A Comey se le acusa de mentir y obstruir una investigación del Congreso, y a James de fraude tributario por la compra de una propiedad para un familiar. Ambos rechazan haber quebrantado la ley y Comey ya se declaró no culpable ante un juez.

La acusación contra James fue presentada ante un gran jurado por la fiscal federal del Distrito Este de Virginia, Lindsey Halligan, quien fue nombrada para el cargo hace pocas semanas por Trump en reemplazo del veterano fiscal Erik Siebert, que se resistió a presentar los cargos.

Halligan, que fue abogada personal de Trump, y ocupaba un cargo como asesora especial en la Casa Blanca, no tenía experiencia como fiscal.

James reaccionó a la acusación señalando que es "una continuación del desesperado uso del sistema judicial como arma por parte del presidente". Y subrayó que Trump "está obligando a las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley a cumplir sus órdenes, todo porque hice mi trabajo como fiscal general del estado de Nueva York".

La abogada neoyorquina se refiere a la acusación civil por fraude que presentó contra Trump en 2022, y que llevó a que el presidente —entonces fuera de la Casa Blanca— fuese condenado y se le impusiera una multa que alcanzó los 500 millones de dólares, que luego fue anulada en una apelación.

En el caso de Comey —quien fue el director del FBI desde septiembre de 2013, con el gobierno de Barack Obama, hasta mayo de 2017, cuando fue despedido del cargo por Donald Trump— fue acusado en septiembre de mentir ante el Congreso y obstrucción, respecto a su declaración ante el Comité Judicial del Senado de septiembre de 2020.

Su caso fue presentado también por la fiscal Halligan de Virginia, quien dijo que "los cargos que se alegan representan un abuso de confianza pública de un nivel extraordinario".

El proceso judicial contra Comey es el más reciente episodio de una turbulenta relación marcada por la escandalosa decisión de Trump de despedirlo en su primer mandato, en medio de una investigación cada vez más intensa del FBI, abierta por Comey, sobre su campaña presidencial de 2016.

Pocos días antes de esto, Halligan fue defendida por Trump en sus redes sociales, mientras exigía a la Fiscal General, Pam Bondi, que actuara "sin demora" contra sus adversarios como "Comey, Schiff, Letitia", que "me enjuiciaron dos veces y acusaron 5 veces", para que "se haga justicia de inmediato".

Otros nombres que son investigados por el gobierno de Trump son la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, por supuestamente "hacer falsas declaraciones" en un fraude hipotecario, del que no se han aportado pruebas; o el senador demócrata Adam Schiff, quien encabezó los esfuerzos para el primer enjuiciamiento político contra Trump en 2019.

Schiff está siendo examinado por el Departamento de Justicia (DOJ) por un supuesto fraude de seguros por una propiedad en Maryland, algo que el senador ha negado.

Con información de AP

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