El vicepresidente
JD Vance justificó el uso de un fondo público de 1.8 mil millones de dólares al afirmar que
la administración destinará el dinero a indemnizar a ciudadanos procesados con penas excesivas por el gobierno anterior. Vance rechazó que los recursos beneficien a la familia Trump y aclaró que
cualquier persona, incluidos demócratas,
puede solicitar el apoyo mediante un proceso de revisión que
evaluará el maltrato legal o la desproporción en sus condenas.