Un juez anuló los requisitos del Departamento de Agricultura (USDA) para la elegibilidad del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) anunciados a partir de la aprobación de la Ley "Gran y Hermoso Proyecto de Ley (H.R.1), del 4 de julio de 2025. La sentencia emitida por el juez Mustafa Kasubhai, del Tribunal de Distrito para el Distrito de Oregón, ratifica la medida cautelar otorgada en diciembre de 2025.
Juez federal anula directrices del USDA sobre el SNAP y protege la elegibilidad de inmigrantes
Una reciente decisión judicial cuestiona los nuevos requisitos de elegibilidad para SNAP derivados de la ley H.R. 1. El fallo, emitido en Oregón, respalda a los estados demandantes y determina que ciertas medidas del USDA podrían ser ilegales y arbitrarias. El caso podría afectar la aplicación de estas políticas a nivel nacional.
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La sentencia representa un revés para las políticas migratorias de la administración Trump y un triunfo para los 22 estados y D.C. que presentaron la demanda.
La resolución de 33 páginas determina que el período de exclusión regulatoria establecido por el USDA en sus documentos de orientación es contrario a la ley, así como “arbitrario” y “caprichoso” conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo.
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Una sentencia que beneficia a migrantes
La sentencia anula el período de exclusión, impidiendo que el USDA sancione a los estados con pérdidas millonarias por errores de cálculo durante la fase de transición. Además, concede un periodo de gracia de 120 días a los demandantes, a partir de que USDA emita cualquier guía oficial para adecuarse. Durante este tiempo, los estados están protegidos y el gobierno no puede sancionarlos ni cobrarles multas por fallos técnicos.
"Ahora, los demandados pretenden penalizar la incapacidad de los demandantes para superar esa imposibilidad, estableciendo retroactivamente un período de exclusión que podría dar lugar a sanciones económicas potencialmente ruinosas. Los demandados no pueden encubrir su conducta mediante inferencias indirectas derivadas de la fecha de entrada en vigor de la H.R. 1. El período de exclusión infringe la APA", menciona el fallo.
Uno de los puntos más importantes es que la sentencia ratifica que los migrantes que son residentes permanentes legales sí son elegibles para recibir SNAP, frenando los bloqueos que el gobierno intentó habilitar.
“El fallo del Tribunal reflejará que los residentes permanentes legales (LPR) son elegibles para SNAP independientemente de su estatus anterior, y que el período de espera de cinco años de PWRORA no se aplica a los LPR que son o fueron miembros de un Grupo de Inmigrantes Humanitarios”, menciona la sentencia.
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El origen del caso
A finales de 2025, distintos estados presentaron una demanda contra el gobierno por la aplicación de normas para la elegibilidad del programa SNAP, afectando a miles de residentes legales en el país. Además, el gobierno impuso multas por no haber respetado un período de gracia que había expirado antes de que los funcionarios federales emitieran directrices sobre los cambios.
La ley promulgada en julio elevó la cantidad de requisitos para acceder a la ayuda del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, clave para cerca de 41 millones de personas en el país. La legislación sacó de este programa a algunos inmigrantes con presencia legal en Estados Unidos, como por ejemplo a los refugiados y asilados.
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Los cambios que perjudicaban a jóvenes y adultos
Los adultos entre 18 y 64 años, física y mentalmente capaces de trabajar y sin dependientes, tienen que trabajar, hacer trabajo voluntario o tomar un entrenamiento laboral por al menos 80 horas al mes para acceder a los "cupones de alimentos". El requisito aplicaba antes a los adultos hasta los 54 años.
Tampoco quedan exentos del cumplimiento laboral las personas sin hogar, los veteranos y los adultos jóvenes que hayan salido recientemente de un hogar de acogida (foster care).
Las personas que incumplan con estos requisitos de trabajo solo podrán recibir los beneficios de SNAP durante tres meses en un lapso de tres años.
Con la ley de Trump quedaron por fuera, por ejemplo, los inmigrantes con estatus de refugiados y con asilo.
La sentencia no es definitiva; puede ser apelada por el gobierno, por lo que el caso puede prolongarse por más tiempo.