Indocumentados tendrán más problemas para usar los bancos: Gobierno de Trump pide endurecer las condiciones

La administración de Trump está tomando medidas enérgicas contra los bancos que otorgan préstamos a inmigrantes indocumentados en EEUU. El lunes, los reguladores financieros tenían previsto publicar una guía que aconseja a las instituciones financieras que gestionen los riesgos mediante prácticas sólidas de evaluación de riesgos crediticios.

Video ¿Gobierno Trump busca endurecer acceso a préstamos a inmigrantes indocumentados?

La administración de Trump está elevando las restricciones que impiden que las personas que residen sin documentos en EEUU utilicen el sistema bancario del país, tomando medidas enérgicas contra las instituciones financieras que les otorgan préstamos.

Este lunes, un grupo de reguladores financieros tiene previsto publicar una guía destinada a recordar a los bancos y otras instituciones financieras sus obligaciones de "conocer al cliente" en lo que respecta a la gestión del riesgo crediticio, especialmente en lo que se refiere a los prestatarios que no están autorizados a trabajar en EEUU.

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Esta nueva advertencia es una de varias medidas que la administración de Trump ha adoptado para disuadir a las personas que se encuentran en EEUU indocumentadas de interactuar con el sistema financiero general del país. Las medidas, implementadas durante los últimos nueve meses, están diseñadas para alentar enérgicamente a los bancos a que dejen de atenderlos como clientes, sin llegar a exigirles expresamente que lo hagan.

El anuncio conjunto lo realizarán tres de los organismos reguladores bancarios del país: la Oficina del Contralor de la Moneda, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y la Asociación Nacional de Cooperativas de Crédito. Las agencias señalaron que los bancos deben tener en cuenta que las personas indocumentadas en el país podrían no poder pagar un préstamo debido a una posible deportación. En resumen, afirman que las personas que trabajan en EEUU sin permiso representan un riesgo general para el sistema financiero.

Existen datos limitados sobre cuántas personas que se encuentran en EEUU de manera irregular tienen cuentas bancarias y han obtenido préstamos a través de los bancos.

Restricciones dictadas desde hace meses

Esto forma parte de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump firmada en mayo, que exige a los bancos y otras instituciones financieras examinar más detenidamente la ciudadanía de sus clientes. Esa orden dio inicio a la ola más reciente de cambios en la regulación bancaria, ordenando a los reguladores bancarios y a los departamentos gubernamentales que busquen indicios de que personas sin estatus legal estén abriendo cuentas u obteniendo préstamos o tarjetas de crédito.

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Entre otras cosas, la guía que se publicó este lunes aconseja a las instituciones financieras a "identificar, medir, monitorear y controlar estos riesgos mediante prácticas de otorgamiento de crédito seguras y sólidas que evalúen la disposición y la capacidad del prestatario para pagar de acuerdo con los términos de la obligación crediticia", según un comunicado de prensa.

En mayo, la unidad de delitos financieros del Tesoro —también conocida como FinCEN— emitió un aviso a los bancos en el que les indicaba que estuvieran atentos al robo de identidad, el fraude en los impuestos sobre la nómina y las esquemas de lavado de dinero vinculados a la contratación de personas que no están autorizadas a trabajar en EEUU.

El aviso insta a las instituciones financieras a estar alertas ante más de una docena de señales de alerta que indican que una persona se encuentra en EEUU sin estatus legal.

La Casa Blanca también ha tomado otras medidasal respecto. El pasado noviembre, el departamento del Tesoro anunció que reclasificaría ciertos créditos fiscales reembolsables como "beneficios públicos federales", lo que impide que algunos contribuyentes inmigrantes los reciban, incluso si presentan su declaración y pagan impuestos y, de otra manera, cumplirían con los requisitos.

Los expertos en impuestos señalaron que los inmigrantes traídos ilegalmente a EEUU por sus padres cuando eran niños —conocidos como beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA)— y los inmigrantes con Estatus de Protección Temporal se verían afectados por el cambio previsto.