El fiscal general Jeff Sessions cumplió a medias este martes una iniciativa del presidente Donald Trump para enfatizar los crímenes cometidos por inmigrantes en Estados Unidos, entregando un reporte incompleto sobre el estatus migratorio de todas las personas detenidas o encarceladas en el país.
Con datos incompletos, Sessions publica su primer reporte con el estatus migratorio de los encarcelados en EEUU
El fiscal general publicó este martes un reporte requerido por una orden ejecutiva del presidente Trump, que debe incluir el estatus de personas encarceladas o detenidas en el país.

Bajo una orden ejecutiva firmada en enero, Trump había pedido publicar un informe trimestral sobre el estatus migratorio de todos los individuos detenidos en Estados Unidos, divididos en tres categorías: aquellos en prisiones; aquellos detenidos mientras esperan su juicio; y aquellos en prisiones estatales y centros locales de detención.
Pero el informe entregado por el Departamento de Justicia este martes solo incluye al primer grupo, reconociendo que no existen suficientes datos para informar sobre el segundo y el tercero.
Es la segunda vez que falla un intento de Trump para reportar al público sobre las faltas penales de los inmigrantes del país: el mes pasado, la administración canceló indefinidamente un reporte semanal sobre los crímenes cometidos por los extranjeros al reconocer que no contaba con cifras confiables para continuar su publicación.
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El Departamento de Justicia aseguró en el informe del martes que buscará la manera de entregar un reporte más completo en el futuro.
Para los datos sobre los indocumentados en detención mientras esperan su juicio, el departamento afirmó que el Cuerpo de Alguaciles, que se encarga de estos individuos, ya ha comenzado a conseguir y compartir datos sobre sus estatus migratorios.
El informe reconoce que obtener información para el tercer grupo —el de inmigrantes detenidos en centros de detención y prisiones estatales— será más difícil, porque requiere la cooperación de agencias estatales y locales. Aunque estas agencias legalmente deben compartir la información con el gobierno federal, no existe una iniciativa federal para obtenerla.
Para este propósito, el Departamento de Justicia "está en el proceso de establecer un programa de esa índole", dice el informe.





