Las estafas en Estados Unidos han llegado a un nivel histórico: ¿cuál es la respuesta de las autoridades?

Cuando la esposa de Simon durante 43 años falleció, él sintió como si una parte suya también hubiera muerto.

En medio de su abrumador duelo, Simon buscó compañía en internet, al igual que tantos otros viudos y viudas solitarios. Casi de inmediato conoció a Emily. Sin embargo, en los meses siguientes, Emily —quien, según Simon descubrió demasiado tarde, era un perfil falso— le robó 800,000 dólares.

Y eso fue solo el comienzo.

Simon quedó atrapado, teniendo que devolver 185,000 dólares que había pedido prestados, además de decenas de miles de dólares en impuestos adicionales sobre el dinero que había retirado y perdido. Declaró que intentó denunciar el delito ante la policía local y el FBI, pero no obtuvo ningún resultado. En su lugar, fue contactado por otro estafador más, quien le ofreció ponerlo en contacto con el Servicio Secreto para recuperar sus pérdidas a cambio de aún más dinero.

Al igual que Simon, prácticamente todos los estadounidenses han sido blanco de estafadores de alguna manera, según revelan nuevos y exclusivos datos de encuestas. Las estafas en Estados Unidos han alcanzado un máximo histórico, provocando pérdidas multimillonarias a los ciudadanos.

Sin embargo, Estados Unidos sigue rezagado respecto a otros países en abordar el problema, exigir responsabilidades a las entidades financieras y a las plataformas de redes sociales, y regular las criptomonedas de las que dependen los defraudadores, según reveló una investigación de The Associated Press y FRONTLINE. Y aunque tanto la administración Trump como el Congreso están buscando nuevas alternativas, las víctimas siguen contando con escasos recursos legales y, en ocasiones, terminan perdiendo aún más.

En entrevistas con casi sesenta víctimas, AP y FRONTLINE descubrieron que muchas sufrieron burlas y estigmatización por parte de amigos y familiares, una presión creciente de bancos y prestamistas, impuestos adicionales, desdén de las fuerzas de seguridad y el abandono de un gobierno que creían que las protegería.

«Lo que ocurre después de la estafa puede llegar a ser peor que la estafa en sí», afirmó Erin West, exfiscal y fundadora de la organización sin fines de lucro Operation Shamrock, que brinda apoyo a víctimas de fraudes en línea. «Es una auténtica aberración».

Aunque las víctimas afirman que rara vez reciben respuestas de las autoridades, AP/FRONTLINE descubrió que estos delitos pueden ser rastreables. Con la ayuda de documentos filtrados y direcciones de billeteras de criptomonedas, AP/FRONTLINE rastreó los fondos robados de Simon y la pista de «Emily» hasta un conocido complejo de estafas al otro lado del mundo, en Myanmar, con miles de víctimas.

Simon quedó atónito al ver el perfil falso de Emily y cientos de páginas de conversaciones que creía encriptadas.

«Qué tonto fui», lamentó.

Hoy en día, gran parte del complejo de Myanmar donde se originó su estafa yace en ruinas, demolido por las autoridades locales. No obstante, muchas de las operaciones ilícitas simplemente se trasladaron, abrieron nuevos centros de inmediato y Simon no está ni un paso más cerca de recuperar su dinero.

Pidió no ser identificado con su nombre completo porque siente demasiada vergüenza para contarle el delito a la mayor parte de su familia. La policía local y el FBI declinaron hacer comentarios sobre el caso.

«(La policía) me dijo enseguida: “Bueno, dé por perdido ese dinero”», relató conteniendo las lágrimas. «Ya había pasado por una experiencia terrible y, por si fuera poco, ahora tengo que pagar las consecuencias y ver cómo mi dinero se evapora otra vez. Se pierde por partida doble».

A medida que las estafas se disparan, las comisiones y los impuestos se acumulan

La magnitud de la industria mundial del fraude es sobrecogedora.

Los estadounidenses reportaron el año pasado una cifra récord de 15,900 millones de dólares en pérdidas a la Comisión Federal de Comercio (FTC), un aumento del 25% respecto a 2024. Y es muy probable que tales estimaciones representen un subregistro masivo, ya que la mayoría de las víctimas sienten demasiada vergüenza para denunciar los delitos.

La FTC estima que las pérdidas reales en 2024 rondaron los 200,000 millones de dólares; es decir, 550 millones de dólares diarios únicamente en Estados Unidos.

El desorbitado incremento de los costes se ve impulsado por los enormes avances en inteligencia artificial y criptomonedas. La IA permite a los estafadores operar a una escala y con un nivel de sofisticación antes inimaginables, y las criptomonedas —utilizadas habitualmente en estafas de inversión— son una forma de dinero digital difícil de rastrear hasta sus verdaderos propietarios.

Nadie es inmune, concluyó la investigación de AP/FRONTLINE. El 98% de los estadounidenses sospecha haber sido objetivo de estafadores, muchos de ellos a diario, según una encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Tres de cada diez afirmaron haber perdido personalmente dinero o información debido a fraudes.

AP/FRONTLINE entrevistó a 58 personas en Estados Unidos que perdieron dinero a causa de ciberestafas, con edades comprendidas entre los 32 y los 90 años, pertenecientes a todos los grupos raciales y niveles de ingresos. Manifestaron haber perdido desde varios miles de dólares hasta 4 millones cada una, e incluían médicos, profesionales de TI, académicos con títulos avanzados y personas que simplemente intentaban llegar a fin de mes.

Todas afirmaron haberse sentido solas y confundidas tras los hechos. Cuando acudieron a denunciar los delitos ante la policía, muchas se sintieron abandonadas por la falta de apoyo. Varias víctimas declararon haber contemplado el suicidio. Dos de ellas lo intentaron.

La única que logró recuperar algo de dinero obtuvo un acuerdo extraordinario con su banco, no del estafador.

Por el contrario, en ocasiones las víctimas de estafas acaban debiendo sumas adicionales a causa de comisiones bancarias y facturas fiscales. Con frecuencia, el IRS exige a los jubilados, incluidas las víctimas de fraude, que paguen impuestos sobre cualquier fondo retirado de cuentas de impuestos diferidos, como los ahorros para la jubilación.

Antes de 2018, las víctimas de robo o fraude a veces podían deducir de sus ingresos imponibles las pérdidas sufridas. Sin embargo, bajo una disposición de la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de la administración Trump, convertida en permanente en 2025, las pérdidas personales derivadas de muchas de las estafas comunes no son elegibles para desgravaciones fiscales. Esto significa que las víctimas pueden terminar debiendo impuestos por el dinero que les fue robado.

La enfermera jubilada Susan Bivins relató que fue engañada para vaciar sus cuentas de retiro y transferir más de 200,000 dólares a un estafador que se hacía pasar por un agente federal. Ni el FBI ni la policía local brindaron ayuda, afirmó.

Luego le llegó la factura fiscal: debía al Servicio de Impuestos Internos 80.000 dólares.

«Tenía ganas de lanzarme por un precipicio», confesó. «No sabía cómo iba a sobrevivir».

Bivins vendió su casa y se mudó a un pequeño departamento de una habitación. Todavía sigue pagando su deuda tributaria vendiendo colchas hechas a mano.

El FBI señaló en un comunicado que se toma muy en serio las estafas y el fraude, pero que no puede comentar sobre casos individuales con el fin de proteger la privacidad. La policía local no respondió a las reiteradas solicitudes de comentarios.

Un proyecto de ley en el Congreso, la Ley de Alivio Fiscal para Víctimas de Fraude, restablecería el beneficio para que las víctimas deduzcan sus pérdidas. Kathy Stokes, líder de prevención de fraudes de la AARP, instó al Congreso a principios de este año a ayudar a las víctimas de estafas que se encuentran «atrapadas con una deuda que no merecen y que no tienen manera de pagar».

«Básicamente, están siendo revictimizadas por el gobierno de Estados Unidos», declaró Stokes.

Asimismo, los bancos a veces culpan a las personas estafadas en lugar de considerarlas víctimas de un delito, o incluso las acusan de complicidad. Las víctimas describieron la congelación o cancelación abrupta de sus cuentas, además de exigencias de pago de préstamos y honorarios legales.

Debra Fox, en Colorado, perdió 58,000 dólares en una estafa romántica, relató. Durante una reunión en su sucursal bancaria, explicó que un representante le advirtió que ella sería considerada responsable de cualquier actividad fraudulenta vinculada a sus cuentas y que se vería obligada a cubrir los gastos legales.

Estuvo en estado de shock durante 48 horas, aterrorizada de que lo poco que le quedaba se esfumara.

«Pensé: “No tengo ningún control sobre este proceso”», afirmó. «El delito ya fue lo bastante espantoso… pero lo que vino después me resultó verdaderamente inverosímil».

Su sucursal bancaria local no quiso hacer comentarios sobre el caso.

A principios de este año, Kenneth Kelly, presidente de la Asociación de Banqueros Estadounidenses, señaló que los bancos invierten «tiempo, dinero y recursos considerables» en intentar frenar el fraude, término que por lo general se refiere a transacciones no autorizadas. No obstante, conforme a la legislación estadounidense actual, las instituciones financieras rara vez son responsables de transacciones que sus clientes autorizan voluntariamente.

Existen excepciones poco frecuentes. Por ejemplo, en virtud de nuevas protecciones legales, el robo a una persona de la tercera edad en California podría encuadrarse en la definición de abuso financiero a personas mayores.

Alice Lin, de 83 años, fue la única víctima entrevistada por AP/FRONTLINE que recuperó parte del dinero tras demandar a su banco invocando esta ley.

A lo largo de sus vidas, Lin y su esposo habían reunido un fondo de ahorro de unos 720,000 dólares. Tras el fallecimiento de él, ella entabló lo que creía que era una amistad en línea con un hombre que también había perdido a su cónyuge.

Su nuevo amigo Justin la convenció de retirar dinero de su banco e invertirlo en plataformas de criptomonedas.

Al principio, sus balances financieros reflejaban cuantiosas ganancias. Sin embargo, cuando Justin la animó a pedirle un préstamo a su hija para invertir más, su familia se percató de que se trataba de una estafa.

Lin demandó a JPMorgan Chase por no proteger a una ciudadana de la tercera edad y por no emitir alertas ante transferencias extraordinariamente cuantiosas e inusuales. A principios de este año llegaron a un acuerdo por una suma no revelada, según sus abogados.

JPMorgan Chase declaró que cuenta con múltiples filtros de protección contra estafas, desde empleados bancarios que interrogaron a Lin sobre sus transacciones hasta advertencias por escrito. Resolver la demanda «fue una decisión comercial evaluada frente al coste que implicaba litigar este asunto», afirmó el banco en un comunicado por escrito.

Lin había sido blanco de una sofisticada red criminal que operaba docenas de estafas diferentes y recaudó al menos 800 millones de dólares entre enero de 2022 y septiembre de 2024, según demostró el análisis de blockchain que la firma TRM Labs realizó para AP/FRONTLINE. Esta industrialización del fraude dificulta todavía más que las víctimas recuperen su dinero, apuntó Ari Redford, jefe global de políticas de TRM Labs.

«En muchos aspectos, en Estados Unidos no hemos desarrollado sistemas no solo para alertar a las víctimas, sino para restituir los fondos de manera efectiva», declaró.

Lin confesó que el dolor y la vergüenza la llevaron a pensar en quitarse la vida. Sin embargo, se enfureció ante una pregunta que su estafador le envió mucho después de que ella hubiera dejado de responder.

«¿Sigues viva?», decía el mensaje. Lin se estremeció al leerlo de nuevo.

«Me dije a mí misma: “Estoy viva y voy a dar pelea”».

Los modelos internacionales ofrecen posibles respuestas

Estados Unidos está tomando medidas para mejorar la cooperación con el sector privado en la lucha contra las estafas, pero —a diferencia de un número creciente de países— no ha llegado al punto de exigir a las empresas que hagan más para proteger a los consumidores bajo amenaza de sanciones económicas.

Ocho de cada diez estadounidenses, sin importar su afiliación política, consideran que el gobierno no está haciendo lo suficiente para protegerlos frente a los fraudes, según un reciente sondeo de Gallup. Además, más de la mitad opinó que las instituciones financieras, las empresas tecnológicas y de redes sociales, y el gobierno federal deberían compartir la responsabilidad, revelan nuevos datos de AP-NORC.

Desde finales de 2024, las entidades de servicios financieros en el Reino Unido están obligadas, por norma general, a reembolsar a los clientes engañados para enviar dinero a estafadores, lo que les incentiva a invertir en medidas de prevención. La contrapartida han sido transferencias bancarias más lentas, la necesidad de más personal y, en ocasiones, entrevistas para justificar por qué un cliente desea transferir dinero.

La Unión Europea también está implementando normativas que responsabilizan potencialmente a las instituciones financieras por los fondos defraudados si no aplican las medidas adecuadas de protección antifraude. Asimismo, la Ley de Servicios Digitales de la UE, aprobada en 2022, exige a las plataformas actuar con rapidez ante contenidos fraudulentos denunciados y adoptar medidas más amplias para reducir el fraude en línea.

En el Reino Unido, a veces se envían trabajadores sociales capacitados a los hogares de las víctimas de estafas para atender el impacto emocional.

«A una víctima nunca se le diría: “¿Por qué caíste en un atraco? ¿Por qué permitiste que robaran en tu casa?”», explicó Louise Baxter, integrante del Grupo Conjunto de Trabajo contra el Fraude del Ministerio del Interior británico. «Es una revictimización secundaria, tanto desde la perspectiva de las fuerzas del orden como de la sociedad».

Las nuevas normativas en Australia también distribuyen la responsabilidad de prevenir estafas. Las instituciones financieras, empresas de telecomunicaciones y plataformas digitales en Australia pueden ser multadas u obligadas a indemnizar a las víctimas si no actúan con la debida diligencia para prevenir y responder a las actividades fraudulentas.

Las protecciones de Singapur se encuentran entre las más estrictas. Bajo el Marco de Responsabilidad Compartida del gobierno, los bancos y las compañías de telecomunicaciones pueden verse obligados a reembolsar a las víctimas de ciertas estafas de suplantación de identidad ( phishing) si no aplican las medidas de seguridad obligatorias. La Ley de Protección contra Estafas, aprobada el año pasado en ese país, faculta a la policía a restringir temporalmente las transferencias bancarias de quienes sospechen que están siendo víctimas. Además, el personal de los bancos y de las plataformas de comercio electrónico comparte espacio físico en la misma oficina que la policía en su centro nacional contra el fraude.

Estados Unidos realiza esfuerzos fragmentados para capacitar a los agentes del orden en la respuesta a las estafas, pero los requisitos varían de una agencia a otra. Asimismo, en el país las víctimas generalmente solo son reembolsadas si el dinero fue sustraído de sus cuentas sin su autorización, no si fueron engañadas para aprobar los retiros. La ley estadounidense también otorga a las empresas de redes sociales una amplia inmunidad frente a la responsabilidad por el contenido que albergan, incluso en casos de estafa.

Existen también discrepancias internacionales en lo que respecta a las criptomonedas.

China prohíbe las actividades comerciales vinculadas a las criptomonedas, mientras que la Unión Europea exige licencias, protección al consumidor y amplia transparencia informativa. Sin embargo, aunque la administración Trump ha respaldado cierta regulación del sector, también ha prometido poner fin a las «medidas coercitivas agresivas y al exceso regulatorio» para fomentar la innovación. Por su parte, la Ley GENIUS, promulgada por el presidente Donald Trump el año pasado para regular algunas criptomonedas, no exigió a las compañías devolver los fondos robados a las víctimas de fraude, un vacío normativo criticado por defensores del consumidor, fiscales y algunos legisladores.

Rastrear dinero o criptomonedas resulta muy complejo

Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley sostienen que rastrear, congelar o recuperar los fondos resulta más difícil porque las salvaguardas del sistema bancario institucional en gran medida no son aplicables a las criptomonedas.

A diferencia de los depósitos bancarios, los criptoactivos no cuentan con el respaldo de un seguro federal, de modo que si una plataforma de intercambio colapsa, el dinero puede perderse. Los bancos también exigen a los clientes identificación, número de seguridad social y datos de la cuenta al mover dinero, mientras que las transacciones con criptomonedas pueden ocultar la identidad de los implicados. Y lo que es más relevante: muchas plataformas de intercambio de criptomonedas operan a escala transfronteriza y a través de entidades en el extranjero donde las leyes estadounidenses pueden no tener validez.

Localizar criptomonedas robadas cuesta tiempo y dinero; recuperarlas es aún más complejo. Está surgiendo una industria artesanal de abogados especializados en rastrear criptoactivos, pero estos aún necesitan la colaboración de funcionarios desbordados de trabajo para conseguir órdenes judiciales.

Esto significa que, incluso si las personas logran localizar sus fondos robados, es poco probable que consigan recuperarlos.

Tras perder 575,000 dólares, Brian Glick llamó al FBI, a una línea de ayuda contra el abuso de ancianos, a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y al fiscal general del estado de Nueva York, según relató. Presentó denuncias en IC3.org y FightCyberCrime.org. Recopiló miles de capturas de pantalla como evidencia y las entregó a los investigadores federales. Incluso continuó hablando con su estafador para extraer más información.

Sin embargo, cuando el FBI acudió a la empresa de criptomonedas Tether para intentar congelar y recuperar los fondos vinculados a la inversión de Glick, Tether se negó. El agente del FBI pidió a Tether que reconsiderara su postura, según correos electrónicos compartidos con AP y FRONTLINE.

«Solicito respetuosamente que Tether revise nuevamente la información que figura a continuación con respecto a la congelación de fondos de actores malintencionados...», señalaba el correo.

El director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, declaró a AP/FRONTLINE que no estaba al tanto de la situación de Glick, pero que existen innumerables ejemplos de su colaboración con las fuerzas de seguridad.

«Creo que no hay ninguna empresa, ni siquiera en el sector bancario ni en la industria financiera tradicional, que sea tan colaboradora como nosotros», aseguró.

Tras recibir más detalles, incluidas las direcciones de las billeteras de Glick, Tether no hizo más comentarios.

Funcionarios del FBI y del Servicio Secreto señalaron que Tether colabora estrechamente con las fuerzas del orden para combatir los delitos vinculados a las criptomonedas. En una iniciativa conjunta, Tether, TRM Labs y la red de blockchain TRON afirman haber congelado más de 450 millones de dólares en fondos ilícitos a nivel global desde 2024.

Glick estaba indignado.

«Hay muchísimas víctimas de estos ciberdelitos», afirmó Glick. «Y no logramos recuperar nuestro dinero».