El New York Times solicita en un tribunal que se anulen las citaciones judiciales emitidas contra periodistas por su cobertura del Air Force One

The New York Times presentó este miércoles una moción para anular las citaciones que el departamento de Justicia entregó a los periodistas que informaron sobre preocupaciones de seguridad relacionadas con el nuevo Air Force One, un regalo de Catar, lo que da inicio a una importante batalla judicial sobre la libertad de prensa y la capacidad del gobierno para obligar a los reporteros a revelar sus fuentes.

"Como lo expusimos en nuestra moción, estas citaciones se emiten de mala fe para castigar a The Times por su cobertura. Violan los derechos constitucionales de The Times y de sus periodistas. Acudiremos a los tribunales para defender el derecho de nuestros periodistas a informar libremente sobre la administración y a ofrecer al público las noticias que importan", declaró David McCraw, vicepresidente senior y consejero general adjunto del periódico, en un comunicado.

La moción se presentó bajo sello en el Distrito Sur de Nueva York, donde los periodistas fueron citados mediante citaciones entregadas el viernes pasado para testificar ante un gran jurado federal.

Las citaciones, algunas de las cuales fueron entregadas a los reporteros en sus hogares, marcaron una escalada dramática en la represión de la administración de Trump contra las filtraciones a los medios, lo que los defensores de la prensa libre condenaron rápidamente como un intento del gobierno de intimidar a las organizaciones de noticias. Esto se produjo tras un registro del FBI a principios de este año en el hogar de una reportera del Washington Post y la incautación de sus dispositivos electrónicos.

Las citaciones tenían como objetivo obligar a los periodistas a testificar ante un gran jurado federal en Manhattan esta semana, después de que informaran sobre preocupaciones de seguridad relacionadas con el nuevo Air Force One.

El nuevo avión en cuestión, un regalo de Catar en cuya remodelación y modernización la administración de Trump gastó 400 millones de dólares, entró recientemente en servicio. Sin embargo, el presidente republicano utilizó un modelo más antiguo del Air Force One para salir de una cumbre de la OTAN en Turquía la semana pasada.

El Times, citando fuentes anónimas, informó que el cambio se había producido a instancias del Servicio Secreto y que el avión más nuevo carecía de algunas de las características de seguridad avanzadas de la aeronave más antigua, incluidas las capacidades antimisiles. En las redes sociales, Trump negó que hubiera preocupaciones de seguridad.

La administración Trump dice que "los periodistas no son el objetivo"

El departamento de Justicia ha justificado las citaciones diciendo que "para que quede claro, los periodistas no son el objetivo, sino quienes filtran información clasificada".

"Valoramos y apreciamos el importante papel que desempeña la prensa en este país", declaró el departamento después de que el Times informara que había recibido las citaciones. "Pero el departamento de Justicia también desempeña un papel importante para garantizar que las personas a quienes se les han confiado los secretos de nuestra nación hagan lo que se supone que deben hacer con esa información, lo que significa no compartir información clasificada".

Al ser preguntado sobre el tema en su audiencia de confirmación en el Senado el miércoles, el fiscal general interino Todd Blanche dijo: "El Departamento de Justicia exige que yo lo autorice, lo cual hice. Y esos periodistas… no estamos apuntando a los periodistas. Son testigos clave".

Cuando el senador Peter Welch, un demócrata de Vermont, le señaló a Blanche que el departamento quiere preguntarles a los periodistas quiénes eran sus fuentes, Blanche respondió: "No, la pregunta que queremos hacerles es quién les proporcionó información clasificada de seguridad nacional, que todos en este organismo deberían querer proteger".

A lo largo de los años, el departamento de Justicia ha desarrollado y revisado políticas internas que rigen la forma en que responderá a las filtraciones a los medios de comunicación.

Aunque el departamento, a lo largo de distintas administraciones presidenciales, ha incautado periódicamente los registros telefónicos de periodistas individuales con la esperanza de identificar fuentes para reportajes sobre seguridad nacional, es extremadamente raro que el gobierno intente obligar a un reportero a revelar sus fuentes ante un gran jurado.

En abril de 2025, la entonces fiscal general Pam Bondi derogó una política de la administración demócrata del presidente Joe Biden que protegía a los periodistas de que sus registros telefónicos fueran incautados en secreto durante las investigaciones de filtraciones —una práctica denunciada desde hace tiempo por las organizaciones de noticias y los grupos defensores de la libertad de prensa.

Estas medidas volvieron a otorgar a los fiscales la autoridad para utilizar citaciones, órdenes judiciales y órdenes de registro con el fin de localizar a funcionarios del gobierno que realicen "divulgaciones no autorizadas" a periodistas.

Un memorándum emitido por Bondi indicaba que los miembros de la prensa tienen "el derecho presuntivo a recibir notificación previa de tales actividades de investigación", y que las citaciones deben estar "redactadas de manera restrictiva". Las órdenes de registro también deben incluir "protocolos diseñados para limitar el alcance de la intrusión en materiales potencialmente protegidos o en actividades de recopilación de noticias", señalaba el memorándum.

En enero, agentes del FBI registraron el domicilio de la reportera del Washington Post Hannah Natanson, quien ha estado cubriendo la transformación del gobierno federal por parte de Trump, como parte de una investigación sobre una filtración relacionada con un contratista del Pentágono acusado de llevarse a su casa información clasificada.