El escándalo por los comentarios racistas de algunos concejales de Los Ángeles da un giro inesperado. La policía inició una investigación penal sobre una acusación de ilegalidad en la escucha clandestina de esta reunión, ya que grabar conversaciones sin el consentimiento de una persona es prohibido en California. Las autoridades investigarán a quienes estaban presentes en el encuentro para determinar quién realizó la famosa grabación que ha provocado un terremoto político.
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