Informe sobre fosas clandestinas en Tetelcingo destapa irregularidades en el manejo de cadáveres en México

De los 117 cuerpos exhumados en las fosas clandestinas halladas en Tetelcingo, en el céntrico estado de Morelos, 84 pertenecen a personas que tuvieron muertes violentas, cuatro de ellas fueron asesinadas con el llamado tiro de gracia y 5 por ciento de las personas con heridas de bala fueron inhumadas sin haber abierto una carpeta de investigación penal, según reveló el informe presentado por el Programa de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), titulado Fosas clandestinas de Tetelcingo: interpretaciones preliminares.

El hallazgo de dos fosas clandestinas sucedió en mayo pasado gracias a que María Hernández, la madre de Oliver Wenceslao Navarrete, un joven secuestrado y asesinado en 2013. Tras la muerte del joven, la Fiscalía del estado de Morelos lo desapareció en una fosa ilegal en Tetelcingo, a pesar de estar plenamente identificado por una prueba genética.

El 9 de diciembre de 2014 se llevó a cabo una diligencia para exhumar los restos humanos del joven, durante la cual se detectó la presencia de otros cadáveres. Ese mismo día el cuerpo de Oliver fue recuperado, pero otros 117 más fueron enterrados nuevamente en las fosas.

Los cadáveres, entre ellos un recién nacido y dos menores de entre 6 y 9 años, fueron enterrados allí el 28 de marzo de 2014 sin los protocolos que aseguran el respeto a la dignidad de la persona y otorguen la oportunidad de un posible reconocimiento futuro.

Los hallazgos del informe

Entre las irregularidades que enlista el informe, se encontró que antes de la inhumación de los cadáveres, las autoridades omitieron la localización a los familiares con datos de identificación y un número considerables de cuerpos fueron depositados en la fosa de forma vertical, corriendo el riesgo de desarticulación y posible pérdida de elementos óseos.

Roberto Villanueva, integrante del Programa de Atención a Víctimas de la UAEM, detalló que la forma en la que fueron sepultados los cuerpos corresponde con la misma forma de operar que el cártel de Los Zetas.

Además de los 117 cadáveres, los peritos encontraron nueve bolsas con 12 restos de otros cuerpos, de los que no existía ningún registro por parte de la autoridad. Se registró que 34 del total de cuerpos, no tenían ninguna carpeta de investigación abierta, por lo que las autoridades procedieron a enterrarlos sin realizar ninguna indagatoria.

“Durante los trabajos se omitió registrar todas las medidas de los huesos extraídos antes de su destrucción para las pruebas genéticas, con el propósito de determinar el sexo a través de funciones discriminantes”, detalla el informe.

El documento refiere también que durante las labores no se utilizó el instrumental apropiado para obtener la longitud de los huesos largos, que se utiliza para estimar la estatura. Asimismo se omitió revisar los protocolos de necropsia realizados a los cadáveres antes de su inhumación para cotejar esta información con la obtenida de las fosas.

Alrededor de 84 cuerpos tenían signos evidentes de violencia física y tortura, por lo que los autores del estudio detallaron que este hallazgo es una evidencia del “posible encubrimiento de delitos”.

Los resultados del informe detallaron que las autoridades no realizaron trabajo etnográfico para entrevistarse con las familias de personas desaparecidas principalmente de la localidad, entre los años 2010 al 2013, con el fin de obtener datos sobre los rasgos particulares y elementos de confronta como fotografías, radiografías y expedientes clínicos. Tampoco resguardaron las ropas y elementos asociados en el cuarto de evidencias de las procuradurías de justicia, en tanto dura el proceso de identificación, ya que éstos son elementos de identificación presuntiva.

La información completa vertida en una base de datos contribuye con el proceso de identificación. Se omitió utilizar los materiales apropiados para la rotulación de etiquetas, tal como el uso de tintas resistentes al agua, o bien emplear placas metálicas con el número de carpeta de investigación las cuales se colocan dentro de pequeños frascos de cristal sellados herméticamente con tapas metálicas inoxidables.

En declaraciones a una emisora local, el gobernador Graco Ramírez calificó de "indignante" lo ocurrido en esas fosas y responsabilizó al anterior fiscal de Morales, Rodrigo Dorantes, quien renunció a ese cargo en julio de 2015.

Tras la presentación del informe, el grupo entregó a las autoridades federales 135 perfiles genéticos de familiares de desaparecidos en Morelos y los 117 de los cadáveres exhumados, a fin de que sean ingresados a la base de datos de personas desaparecidas.

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