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Asaltos y Robos

Walmart suspende un programa que permitía a los ladrones evitar un antecedente criminal a cambio de $400

El gigante de los supermercados vuelve a las clásicas llamadas a la policía, tras las críticas que recibió su programa de castigo alternativo.
24 Dic 2017 – 12:37 PM EST

En unas 2,000 tiendas Walmart de todo el país, cuando detectaban a un usuario robando y lo llevaban a una sala trasera, le daban la opción de elegir. Si era su primera vez, podía aceptar que llamaran a la policía o bien anotarse a un programa que, a cambio de un mínimo de 400 dólares, le salvaría de los antecedentes criminales y del proceso en corte.

Pero Walmart suspendió en los últimos días este controversial programa, según explica el diario The Wall Street Journal. Eso enfrenta de nuevo a los ladrones a una llamada policial, una mancha en su récord criminal y una potencial multa de las autoridades.

La alternativa que ofrecía hasta ahora Walmart en unas 2,000 de las 4,600 tiendas sufrió este año un duro revés judicial y arrastraba críticas por crear un sistema de justicia paralela y generar un negocio que favorecía a las compañías que gestionan el programa.

Tras detectar al ladrón con las manos en la masa, los empleados de Walmart mostraban al infractor un video en el que se destacaba las terribles consecuencias de tener antecedentes criminales en Estados Unidos. Después, se le ofrecía la posibilidad de confesar su crímen, sumarse al programa alternativo y participar en una terapia online de seis horas, según contó The Marshall Project.

El costo para el ladrón, sin embargo, era de 400 dólares (o 500 dólares si se pagaba más tarde). Algunos incluso sí acababan en corte, pero por el impago de esos 500 dólares.

Los defensores de la iniciativa, incluido el propio Walmart, argumentaban que no solo dejaban al infractor sin rastro del robo en su expendiente criminal. También, explican, fue efectiva para reducir un costoso problema para los grandes comercios estadounidenses –los robos en las tiendas– y para descongestionar a los cuerpos de policía locales –algunos de los cuales no daban abasto para atender las llamadas desde Walmart–.

Los detractores ponían en duda la legalidad del programa y un juez de California les dio la razón en agosto. Además, acusaban a las empresas que proveen el material, mayormente las firmas Corrective Education y Turning Point Justice, de enriquecerse a través de una fórmula de justicia paralela.


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