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El republicano Larry Metz representa al distrito 32 en la Cámara de Representantes de Florida.

Avanza en Florida una propuesta que castigaría a las ciudades santuario

Avanza en Florida una propuesta que castigaría a las ciudades santuario

La Cámara de Representantes en Tallahassee aprobó este viernes la medida HB9, que busca obligar a funcionarios locales a cooperar con agentes de inmigración. La propuesta aún no ha sido evaluada en el Senado, donde en ocasiones anteriores han sido rechazados proyectos similares.

El republicano Larry Metz representa al distrito 32 en la Cámara de Repr...
El republicano Larry Metz representa al distrito 32 en la Cámara de Representantes de Florida.

La Cámara de Representantes de Florida aprobó este viernes una medida que busca eliminar las ciudades santuario en el estado, obligando a las agencias locales de seguridad a cooperar con el cumplimiento de la ley federal sobre inmigración. La medida ahora pasa al Senado, que tendrá hasta marzo para aprobarla antes de que pueda convertirse en ley.

La medida, conocida como HB9, requiere que los agentes de orden en Florida verifiquen el estatus migratorio de cualquier persona que sea arrestada y no pueda probar que está legalmente en Estados Unidos. De encontrar que la persona es indocumentada, el agente local deberá reportar el arresto a la agencia federal de inmigración y al juez a cargo de imponer la fianza de la persona arrestada.

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La HB9 también haría obligatorio el cumplimiento de los llamados 'detainers' de inmigración, con los que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) pide a las cárceles que mantengan arrestadas a personas que podrían ser indocumentadas, luego de que estos detenidos ya cumplieron su sentencia o pagaron su fianza. Actualmente las cárceles pueden rechazar estas solicitudes de detención de ICE, que son de naturaleza voluntaria y no son aprobadas por un juez.

Es la tercera vez que la Cámara de Representantes aprueba este tipo de medida. Versiones similares de la ley fueron aprobadas en 2016 y 2017; sin embargo, en ambas ocasiones la medida no pasó a un voto final en el pleno del Senado.

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La HB9 define las "políticas santuario" como cualquier medida que prohíba a los funcionarios indagar sobre el estatus migratorio de una persona; que limite el acceso de ICE a las cárceles; y que impida enviarle datos a inmigración sobre la fecha de liberación de algún detenido, entre otras cosas.

La medida estatal propone nuevos castigos para cualquier ciudad, condado o agencia que limite su cooperación con ICE: cada jurisdicción se expone a una multa diaria de entre 1,000 y 5,000 dólares si decide mantener sus políticas santuario.

Además autorizaría a los condados de Florida a adoptar medidas que obliguen a quienes son detenidos por orden de un 'detainer' de ICE "a repagarle al condado cualquier gasto que se ha incurrido al detener a la persona", a menos que el 'detainer' haya sido presentado por error.

La legalidad de los 'detainers' ha sido cuestionada por varias cortes a nivel nacional en años recientes, a través de demandas que cuestionan la constitucionalidad de mantener a una persona detenida sin una orden explícita de un juez.

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En mayo del año pasado, por ejemplo, una cárcel mantuvo detenida en California a Guadalupe Plascencia, una ciudadana estadounidense basándose en un 'detainer' de ICE, que fue presentado por error contra la mujer de origen mexicano.

Plasencia luego demandó al gobierno federal y al alguacil que le entregó a ICE por arresto y encarcelamiento falsos, violaciones a sus derechos constitucionales y discriminación en base a su origen étnico.

Aun así la idea de obligar a las cárceles a cumplir estos pedidos ha tomado auge bajo la administración de Trump. El presidente su fiscal general, Jeff Sessions, han acusado repetidamente a las jurisdicciones santuario de violar la ley por negarse a mantener detenidos a inmigrantes por pedido de agentes federales de inmigración.

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En mayo del año pasado, la legislatura republicana de Texas aprobó la ley estatal SB4, una medida similar a la de Florida que fue firmada por el gobernador Greg Abbott. Tras su aprobación, una decena de ciudades y condados de Texas demandaron al gobernador para intentar detenerla, aunque entró en efecto parcialmente a principios de septiembre.

La SB4 creó en Texas nuevos requisitos de cooperación con las deportaciones, estableció nuevas multas para quienes le nieguen acceso a ICE a las cárceles y universidades públicas de Texas y amenaza con tiempo de cárcel a los alguaciles, jefes de policía y alcaldes que no cumplan la medida al pie de la letra.

En Florida, el autor de la HB9, el representante estatal republicano Larry Metz, aseguró que decidió proponer la medida tras el asesinato en San Francisco de la estadounidense Kate Steinle en 2015. En ese caso, el indocumentado José Inés García Zárate fue acusado de matar a la joven tras ser liberado de una cárcel que se negó a cumplir un 'detainer' de ICE en su contra.

El pasado noviembre, García Zárate fue declarado no culpable del asesinato de Steinle.

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