Indocumentados

25 días con el mismo uniforme y comiendo mal: el maltrato a migrantes en una prisión federal de California

La prisión federal de Victorville, elegida por el gobierno Trump como una medida temporal ante la ola de centroamericanos solicitando asilo en la frontera, se encuentra en el ojo del huracán por una lluvia de quejas sobre abuso a los inmigrantes bajo custodia de ICE.

LOS ÁNGELES, California.– Algunos de los casi 1,000 migrantes que desde junio llegaron a una prisión federal en California debido a la política de 'tolerancia cero' del gobierno Trump han estado encerrados en sus celdas durante la mayor parte del día, no han podido siquiera bañarse ni cambiar sus uniformes durante varias semanas y les han negado atención médica, alimentos y hablar con sus abogados.

Se trata de quejas en contra del Victorville Federal Correctional Complex, ubicado a 84 millas al este de Los Ángeles, que han expresado al unísono legisladores federales, personal de esa prisión, así como organizaciones civiles, pidiendo un mejor trato para los migrantes bajo custodia, entre los cuales hay solicitantes de asilo y padres que fueron separados de sus hijos en la frontera.

"Visité la prisión federal de Victorville (…) Lo que vi fue inquietante e inhumano: algunas personas no habían podido cambiarse de uniforme o de ropa interior en semanas", denunció en un tuit el congresista demócrata Mark Takano, quien estuvo en dicha instalación el pasado 2 de julio.

En ese recorrido, Takano y su personal escucharon estas denuncias de ciertos migrantes: pasaban varias horas en sus celdas y apenas si los dejaban salir al patio, no comían bien, tenían los mismos uniformes con los que llegaron el 8 de junio (un total de 25 días), no les daban sábanas limpias y los padres cuyos hijos les fueron arrebatados en la frontera no pudieron hablar con estos sino hasta que llegaron al penal.

Desde que llegaron estos detenidos se han reportado unos 40 casos de sarna y 3 de varicela, una crisis sanitaria que anticiparon los trabajadores por la falta de personal, médicos y recursos.

"Una pesadilla"

Eric Young, presidente nacional del sindicato que representa a los trabajadores del penal (Federación Americana de Empleados de Gobierno, AFGE Local 3969), ha calificado la situación como "una pesadilla" y alertó que la situación puede ser peligrosa tanto para los empleados como para los detenidos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Young indicó en su cuenta de Facebook que la prisión reabrió nueve unidades, que había cerrado por falta de personal, sin contratar a nuevos trabajadores. El dirigente sindical reclamó que incluso a los maestros de la penitenciaría les han pedido supervisar a los que están bajo custodia de ICE.

Precisamente por la llegada de estos detenidos, decenas de empleados realizaron una protesta afuera de la prisión con carteles en los que advertían: "¡Los recortes presupuestarios resultarán en la muerte!".

Esta prisión del desierto del Mojave fue elegida por el gobierno Trump como una medida provisional por la ola de centroamericanos que solicitan asilo en la frontera ante su cercanía al centro de detención para migrantes de Adelanto, el más grande del estado.

Pero ahí la situación ya era complicada antes de esos traslados. Un ejemplo: sus 4,500 presos solo eran atendidos por dos médicos, la mitad de los cuatro que para tal población en un penal federal exige una política del Departamento de Justicia (DOJ). Dicha norma establece que por cada 1,000 reclusos debe haber un médico, tres enfermeros practicantes, un enfermero registrado o dos asistentes médicos.

La Federación Americana de Empleados de Gobierno (AFGE) también encendió las alertas exponiendo el suicidio de un recluso el 9 de junio, que a su parecer se habría prevenido con un monitoreo adecuado.

Precisamente la falta de personal médico en las prisiones federales ha sido citada como un problema en un reporte que publicó en 2016 la Oficina del Inspector General del DOJ.

El congresista republicano Paul Cook pidió el 22 de junio en una carta dirigida a ICE y a la Oficina de Prisiones Federales (BOP) la contratación de más personal para brindar un mejor trato a los migrantes. También sugirió entrenamientos y que se implementen procedimientos respondiendo a las necesidades.

"Quiero asegurar que la llegada de nuevos detenidos a la prisión de Victorville no genere más problemas de seguridad para los oficiales de correccionales, personal o detenidos en la instalación", señaló Cook.

Sin ver a sus abogados

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), por su parte, criticó a finales de junio que el gobierno Trump mantenía incomunicados a los migrantes en dicha cárcel.

"Durante la semana pasada, a los detenidos se les ha negado todo acceso a los abogados, incluidos los abogados pro bono que querían brindarles asesoría legal sobre el manejo de sus casos que podría ser una cuestión de vida o muerte", reclamó la organización en un comunicado.

A través de una demanda, ACLU logró que el juez Otis D. Wright II otorgara una orden de restricción temporal el 21 de junio que exigió a los directivos de la prisión que se permita la visita de los defensores legales y que se impartan talleres sobre derechos.

Ni ICE, ni el BOP respondieron a Univision Noticias sobre las quejas contra el supuesto maltrato en la prisión de Victorville. Aunque la segunda agencia declaró al diario Los Angeles Times que tenía camas disponibles en la cárcel debido a una disminución en la población reclusa en los últimos años.

También reconoció que no agregó nuevo personal, sino que tomó de otras unidades.

De los casi 1,000 migrantes transferidos inicialmente en junio, esa cifra se ha reducido a 656, los cuales se encuentran en una de las dos instalaciones de mediana seguridad, según ICE. El complejo también incluye un sitio de alta seguridad y un campamento de seguridad mínima.

Oficiales del BOP también dijeron que 25 trabajadores médicos fueron asignados temporalmente para ayudar con las evaluaciones de ingreso, los exámenes físicos y la atención general de los migrantes.

Sobre los casos de varicela y sarna reportados, los funcionarios federales afirmaron que han tomado las precauciones necesarias para proteger a sus empleados, presos y detenidos de ICE.

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