Un juez federal frenó
la revocación automática del estatus legal de casi 900,000 personas al determinar que el gobierno violó el debido proceso. El fallo califica como ilegal la eliminación abrupta del
programa CBP One y
prohíbe las expulsiones basadas en correos electrónicos masivos sin evaluaciones individuales. Esta decisión obliga a las autoridades a revisar cada caso de asilo de manera formal antes de retirar cualquier beneficio migratorio o permiso de estancia.
