Según las autoridades, esta legislación insta a la comunidad a notificar sobre alguna persona que tenga un arma de fuego y que pueda representar un peligro para otros o para sí mismo. “Se entrevistan a testigos y al sospechoso para determinar si realmente es un peligro y luego el policía va al juez y pide que se dé una Orden de Riesgo Substancial de Emergencia para poder retirar el artefacto”, explicó el abogado Pierre Priale.