Dan marcha atrás con la propuesta de permitir a Marco Rubio revocar pasaportes estadounidenses

El proyecto de ley buscaba dotar a Marco Rubio del poder de revocar pasaportes sin juicio ni pruebas claras, con apelación solo ante el secretario de Estado.

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El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes propuso este martes eliminar un polémico proyecto republicano que habría otorgado al secretario de Estado amplios poderes para revocar pasaportes a ciudadanos estadounidenses.

El representante Brian Mast, republicano de Florida, presentó una enmienda para eliminar la medida de su ley de disposiciones políticas del Departamento de Estado, un proyecto de ley destinado a reformar el Departamento de Estado a imagen de la administración Trump.

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El proyecto busca dar poder a Marco Rubio, actual secretario de Estado, para retirar pasaportes sin juicio previo, solo con base en sospechas de apoyo a supuestas organizaciones terroristas.

Esto generó preocupación por posibles abusos y violaciones a la libertad de expresión, dados recientes casos en que personas han visto sus visas revocadas por apoyar protestas propalestinas.


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¿Qué es lo que planteaba el proyecto para quitarle el pasaporte a los ciudadanos?

El proyecto HR 5300, que fue presentado por el republicano por Florida Brian Mast y respaldado por Rubio, formaba parte de una ley más amplia destinada a reformar el control ejecutivo sobre el Departamento de Estado.

La medida otorgaba al secretario poder para revocar pasaportes cuando se determine que una persona ha apoyado una organización terrorista, incluso si esa persona no ha sido condenada en un tribunal.

El plan fue criticado porque el lenguaje empleado no exige pruebas judiciales sólidas, lo que podría llevar a revocar pasaportes a ciudadanos simplemente por simpatía política o expresiones protegidas por la Primera Enmienda.

El proyecto de ley de Mast incluía una cláusula que permitiría a las personas afectadas apelar la decisión de negar o revocar su pasaporte al secretario de Estado, en un plazo máximo de 60 días tras recibir la notificación. Sin embargo, la apelación se haría ante la misma autoridad que tomó la decisión inicial.

El proyecto surgió en un contexto político polémico, en el que el gobierno republicano ha utilizado ya su autoridad para cancelar visas y permisos de residencia a personas por apoyar públicamente causas propalestinas y participar en protestas en universidades de Estados Unidos, como los casos de Rumeysa Öztürk y Mahmoud Khalil.

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Estos casos han encendido alarmas por la falta de debido proceso y la percepción de persecución política disfrazada de lucha contra el terrorismo.


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